Unos días después, Podemos presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que, entre otras cosas, defiende que los directivos de los medios de comunicación y los conductores de los informativos presenten declaraciones de bienes y de intereses empresariales para que la ciudadanía pueda conocerlos. Su idea es que esta documentación se deposite en un registro, dentro del Ministerio de la Presidencia.

Unos días después de conocer esta noticia, se produjo una conversación entre los socios de AMI en la que se alertó de lo ‘excesivamente intervencionista’ que resulta esta propuesta y de los peligros que implica para el sector, según explican fuentes de esta asociación.

Una nueva Ley de Prensa. Ir contra los inversores publicitarios

La vía que defienden algunos de los grupos más cercanos ideológicamente al Gobierno es la que ha propuesto un reciente artículo, publicado por Nature y difundido hace unos días en El País. Su conclusión era tajante: la mejor vía para terminar con la desinformación es la de avisar a los inversores publicitarios del perjuicio para la democracia que provoca el destinar su dinero a los pseudo-medios.

El director de eldiario.es,Ignacio Escolar, publicaba hace unos días un artículo en el que argumentaba de una forma muy similar a la que ha defendido el Gobierno.  “Hace falta una regulación de la prensa, precisamente para proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Porque una parte de lo que aparenta ser periodismo, y no lo es, se ha convertido en una industria contaminante que está intoxicando a la sociedad”, expresó. En definitiva, censurar y cancelar aquellos medios y aquella información libre y crítica al gobierno de turno.

Mucho temor en la prensa

Editores de la Asociación de Medios de Información (AMI) -la patronal de la prensa- han planteado recientemente sus temores con respecto a las medidas claramente intervencionistas y represivas con el sector que se han sugerido que se van a implantar desde el Ejecutivo y apoyados desde el grupo parlamentario de los comunistas de Podemos. El debate está abierto entre los representantes de las empresas periodísticas: desde los que quieren, por miedo, plegarse a las amenazas del gobierno y tomar medidas para, según ellos, ‘frenar los bulos’; a quienes advierten de los peligros que implicaría el poner matices sobre la libertad de expresión. Sería el fin de la prensa libre.

Sea como sea, dentro de AMI existen reservas con respecto a las medidas que podría tomar el Ejecutivo para moldear el sector de los medios de comunicación. Entre otras cosas, con la reforma de los criterios para entregar la publicidad institucional que prepara Moncloa, que, sobre la mesa, se espera que penalice a los denominados pseudo-medios de comunicación.

Atentos a los próximos meses ya que habrá un ataque sin precedentes a la prensa libre. Y como señalan algunos expertos, algún medio será cancelado. La libertad de expresión está en juego en España.

Fuente: El Independiente