El Gobierno de Pedro Sánchez malgasta 250,2 millones de euros en un cine español que los ciudadanos rechazan en las salas. Mientras las familias españolas sufren la asfixia fiscal, el Ejecutivo despilfarra con dinero público a una casta de artistas militantes comunistas que priorizan su agenda ideológica sobre la calidad. Esta industria, mantenida artificialmente, sobrevive gracias a subvenciones directas y privilegios fiscales, alejándose cada vez más de la sociedad. El despilfarro del Gobierno en el cine demuestra un desprecio absoluto por el dinero de los contribuyentes.
El escándalo de las cifras: un cine que nadie ve
El desglose de las ayudas al sector audiovisual produce auténtica indignación. De los más de 250 millones destinados en 2022, el Gobierno otorgó 95,5 millones en subvenciones directas. A esto sumamos 70,6 millones mediante deducciones en el impuesto de sociedades. Por si fuera poco, el sistema impone un «impuesto encubierto» de 84,1 millones de euros, obligando a las televisiones privadas a financiar producciones nacionales por ley.
Taquillas vacías y películas fantasma
Los datos de taquilla confirman el fracaso rotundo de este modelo ideologizado. Durante el año 2024, el cine español apenas vendió 13,6 millones de entradas, y de las cuales, la inmensa mayoría fueron por las películas de Santiago Segura. Del resto, nada. La cuota de mercado languidece entre el 17 % y el 19 %, lo que evidencia que los españoles no conectan con las historias que esta casta mediocre pretende imponer.
El fracaso estrepitoso de 2025
El panorama actual resulta desolador para el contribuyente. El 87 % de las películas estrenadas en 2025 recaudó menos de 100.000 euros en total. Lo más sangrante es que más de un centenar de títulos ni siquiera superaron los 1.000 euros de ingresos. Solo 28 producciones lograron atraer a más de 100.000 espectadores, dejando claro que el resto son simples panfletos financiados con nuestro esfuerzo.
Artistas «rojos y militantes» al servicio del poder
No estamos ante una crisis de talento, sino ante una ocupación ideológica de la cultura. Gran parte de estos creadores actúan antes como militantes comunistas que como profesionales del séptimo arte. Utilizan el cine como herramienta de ingeniería social contra la familia y la unidad de España, asegurándose la subvención mediante la obediencia al discurso oficial del Gobierno.
Esta élite audiovisual vive en una burbuja blindada. No les importa que las salas estén vacías porque el dinero llega antes de rodar el primer plano. El sistema incentiva la cantidad sobre la calidad, generando una dispersión de títulos que nadie demanda. Es un modelo de negocio parasitario que sobrevive gracias al intervencionismo estatal de Pedro Sánchez.
Cuando el Estado decide qué cine se financia, la libertad de expresión se resiente. Se margina cualquier visión conservadora o que defienda los valores tradicionales, la vida o la historia de España con orgullo. El Gobierno prefiere financiar ficciones que atacan nuestra identidad nacional antes que permitir un mercado libre donde el público decida qué quiere ver.
¿Cultura o propaganda estatal?
España no puede permitirse financiar los caprichos de unos artistas que desprecian a media nación. Resulta urgente eliminar estas subvenciones ideológicas y devolver el dinero a las familias. Un cine que no se sostiene por su público no es cultura, es propaganda. Debemos exigir que los recursos públicos se destinen a no a mantener los privilegios de una casta roja y mediocre.
Resulta inmoral que el Gobierno regale millones a directores militantes mientras las familias españolas no llegan a fin de mes.
Es hora de denunciar este expolio y defender una cultura libre de ataduras estatales.
