Cualquier intento de promover el aborto a nivel de la UE viola sus límites constitucionales.
La Comisión Europea ha anunciado su apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea “Mi Voz, Mi Elección”, al tiempo que confirmó que no asignará recursos financieros adicionales de la UE para facilitar el aborto transfronterizo.
La decisión de la Comisión de no asignar nuevos mecanismos de financiación a esta iniciativa es un reconocimiento positivo de los límites de la competencia de la UE. Indica que se es consciente de que la política sobre el aborto queda fuera de la autoridad legislativa de la Unión y es competencia de los Estados miembros. Esta moderación es importante. Sin embargo, el apoyo que la Comisión expresó a esta iniciativa proaborto revela un activismo político sesgado. Cualquier intento de promover el aborto a nivel de la UE viola sus límites constitucionales.
Los intentos de promover un régimen de aborto a nivel de la UE quedan totalmente fuera de la competencia legislativa de la Unión. La UE solo puede actuar dentro de los límites de las competencias conferidas por los Estados miembros, y la liberalización del aborto no se encuentra entre ellas. El principio de subsidiariedad —la idea de que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de la ciudadanía, especialmente en ámbitos de profunda trascendencia moral y constitucional— no es un tecnicismo, sino un elemento fundamental del proyecto europeo.
Las leyes que protegen la vida no nacida están profundamente vinculadas al sentido de orden moral de una nación y al derecho al autogobierno democrático. Todo país tiene el derecho y el deber de defender la protección de los no nacidos. Sin el respeto a este principio fundamental de derechos humanos, el proyecto europeo se desmorona.
La iniciativa insta a la UE a apoyar el acceso al aborto en todos los Estados miembros, incluso utilizando los instrumentos y mecanismos de financiación existentes de la UE para facilitar el acceso transfronterizo cuando las leyes nacionales prevean protección para la vida no nacida.
Para ser claros, esta «Iniciativa Ciudadana» no crea en absoluto nuevas competencias para la UE. Simplemente exigía a la Comisión que considerara la propuesta y respondiera. El pasado diciembre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución no vinculante expresando su apoyo a la iniciativa. Pero, por supuesto, las resoluciones políticas no modifican el Derecho vinculante de los tratados. Lo que el Parlamento debería haber hecho es rechazar firmemente la propuesta en aquel momento.
Ahora bien, si bien la Comisión insiste, incluso durante su rueda de prensa y con reiteradas referencias a los tratados de la UE, en que no se extralimita en su mandato, su apoyo político a las medidas a nivel de la UE para impulsar los objetivos de «Mi Voz, Mi Elección» revela una realidad distinta. Enmarcar el acceso al aborto como un «derecho» a nivel de la UE, como hace la iniciativa, vulnera en la práctica la soberanía nacional de los Estados miembros. Incluso si la legislación sanitaria se mantiene formalmente bajo la jurisdicción nacional, la propuesta de la Comisión de utilizar instrumentos como el Fondo Social Europeo Plus + para apoyar medidas relacionadas con el aborto implicaría el despliegue de fondos de la UE en este ámbito.
Estos mecanismos de financiación socavarían claramente las leyes nacionales en ámbitos donde la UE no tiene autoridad. Las competencias de la UE simplemente no pueden ampliarse mediante el activismo institucional.
La incoherencia se hace evidente al analizar la Iniciativa Ciudadana Europea «Uno de Nosotros» de 2014, que reunió casi 1,9 millones de firmas. Esta fue una de las iniciativas con mayor apoyo en la historia de la UE y exigía a la Comisión que garantizara que los fondos europeos no se utilizaran para financiar actividades que implicaran la destrucción de embriones humanos. A pesar de este histórico respaldo popular, la Comisión se negó a proponer legislación.
El contraste es sorprendente. Cuando millones de europeos se movilizaron para defender la vida no nacida, su solicitud fue desestimada. Ahora, una iniciativa que busca ampliar el acceso al aborto recibe respaldo político. Esta divergencia plantea la legítima pregunta de si la Comisión está realizando una evaluación jurídica basada en principios o seleccionando cuidadosamente iniciativas que se alinean con una dirección ideológica preferida.
Toda vida humana tiene una dignidad inherente y debe recibir protección legal, antes y después del nacimiento. El derecho a la vida, claramente consagrado tanto en el derecho de la UE como en el derecho internacional, debe aplicarse lógicamente a los no nacidos sin excepción. La UE se fundó con la solemne promesa de defender la dignidad humana y el derecho a la vida como su núcleo innegociable. Es indiscutible que el aborto en sí mismo no es competencia de la UE. Sin embargo, esta misma limitación no crea un vacío de responsabilidad. La Carta de los Derechos Fundamentales, vinculante, comienza con la clarísima declaración de que «la dignidad humana es inviolable» y que «toda persona tiene derecho a la vida». Estos no son eslóganes aspiracionales, sino el ADN constitucional de todo el proyecto europeo. Afirmar que la UE puede permanecer neutral mientras cientos de miles de europeos no nacidos son abortados legalmente cada año no es neutralidad; es una profunda traición al propósito fundacional de la Unión.
Por lo tanto, la UE no solo debe rechazar cualquier intento de generalizar el acceso al aborto en sus miembros, sino que, de hecho, tiene la responsabilidad fundamental de hacer lo contrario y proteger la vida no nacida en todos los Estados. Además de carecer de competencia para imponer un régimen uniforme de aborto, la UE tiene la obligación inequívoca de proteger la vida allí donde sus competencias actuales afecten al tema.
Lejos de apoyar los males de las iniciativas activistas abortistas, Bruselas puede y debe implementar medidas específicas para defender el derecho a la vida, empezando por proteger los fondos de la UE de los proveedores de abortos, garantizar la objeción de conciencia y apoyar servicios de maternidad y embarazo que defiendan la dignidad de cada persona. Cualquier otra medida destruye la esencia misma del proyecto europeo.
El respaldo de la Comisión a esta nueva agenda sobre el aborto puede considerarse simbólico, pero el simbolismo influye en las políticas. Los Estados miembros podrían sentirse ahora más motivados a recurrir a los instrumentos existentes de la UE, como el Fondo Social Europeo, para financiar medidas relacionadas con el aborto.
El proyecto europeo no puede perdurar si sus principios fundacionales, en particular la protección de la dignidad humana y de todos los derechos humanos, se consideran opcionales.
Carmen C. López | asesora jurídica de ADF Internacional en Bruselas.
