Los titulares de la prensa internacional anunciaron el 6 de setiembre que se había despenalizado el aborto en todo México por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las notas complementaban ese anuncio afirmando que la sentencia obligaba a toda institución de salud a prestar el servicio de aborto y no se podía criminalizar a ningún médico que lo practicara. Y quién podría dudar que esto era una gran “victoria” del abortismo si lo afirmaban categórica y simultáneamente los más renombrados medios de comunicación del mundo como CNN, BBC, New York Times, El País (España) así como las principales agencias internacionales de noticias. Por supuesto, inmediatamente después, toda la legión del lobby abortista mundial se encargó de repetir el mensaje, incluso la ONU no dudó quitarse la máscara y mostrar su verdadero rostro abortista para aplaudir esta decisión.
Sin embargo, todo esto es una gran manipulación, una mentira global.
Este tipo de “titulares” son parte de una campaña del lobby abortista para dar por cerrado el asunto y terminar el proceso de legalización del aborto, a pesar de que la mayoría del pueblo mexicano se opone al aborto. Solo es un intento de que mucha gente piense que ya no hay nada que hacer para reducir o eliminar cualquier oposición en el futuro.
Pero veamos qué pasó realmente en México.
La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México es únicamente para conceder un recurso de amparo (es decir, una acción provisional mientras se estudia un caso). Este amparo fue solicitado por GIRE, la principal organización de advocacy, lobby y activismo judicial a favor del aborto legal. GIRE, supuestamente a nombre de las mujeres mexicanas, tiene presentada una demanda para que la Corte diga que es inconstitucional la parte del Código Penal Federal que sanciona la práctica del aborto provocado. Actualmente el Código Penal considera que el aborto viola “los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar» y por eso lo penaliza.
En esta sentencia de la Corte hay muchas cosas que están mal aplicadas.
Para empezar, un recurso de amparo siempre es personal: sirve para reclamar justicia por la afectación (limitación o anulación) de derechos propios, no por la afectación de derechos de terceros. En este caso, GIRE no puede presentar un recurso de amparo en representación de “las mujeres mexicanas”. De hecho, los jueces de primera instancia desestimaron el caso porque GIRE no es una persona real y, por tanto, no puede practicarse un aborto. Ni siquiera se dedica a practicar abortos, razón por la cual ninguna norma penal perjudica de manera clara y directa a GIRE. Es decir, no necesita un amparo. No obstante, la Corte Suprema violó la figura del amparo y procedió a analizar la constitucionalidad de los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal haciendo de cuentas que GIRE es una persona afectada por esos artículos.
¿Cuál fue la razón para violentar las leyes de esa manera?
Ya hemos señalado en algunas notas a través del Population Research Institute, que es notorio que la Corte Suprema de México ha tenido un giro de 180 grados desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Para confirmar esta influencia basta recordar que la vicepresidenta Kamala Harris fue a la toma de mando del presidente de México, Andrés López Obrador, en junio de 2021. Poco después, el 7 de setiembre de ese mismo año, la Corte Suprema de México anunció que anulaba los artículos 196 y 224, sección II, del Código Penal del Estado de Coahuila. Esos artículos penalizaban el aborto.
El 9 de setiembre del 2021 pasaron dos cosas. Primero, la Corte Suprema de México ordenó la eliminación del Art. 4(a) de la Constitución del Estado de Sinaloa, que decía: “Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente, hasta su muerte”. Segundo, la Casa Blanca anunció que el gobierno de Biden y López Obrador firmaron un acuerdo «para relanzar el Diálogo Económico de Alto Nivel (HLED)” entre los dos países.
Ante la clásica pregunta: “¿el dinero o la vida?”, lo normal es entregar el dinero para conservar la vida. En México sus gobernantes siguieron la lógica inversa: entregaron la vida (de los niños por nacer) para quedarse con el dinero.
El problema es que la Corte Suprema de México ya tenía sentencias sobre este tema desde el año 2007. En un litigio sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal (Ciudad de México) la Corte decididó que cada Estado debía determinar el inicio de la protección de la vida y la penalización del aborto. Fue una lógica similar a la usada en la sentencia Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos. Con esa sentencia en la mano, en los años siguientes, 23 de los 32 estados mexicanos establecieron que el derecho a la vida se protege desde la concepción. Fue una acción del movimiento pro vida para blindar la vida Estado por Estado.
Pero, como dijimos, la Corte Suprema de México cambió de orientación en 2019. Ya para el año 2021, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, y diversos líderes provida hicieron notar ese cambio radical de la Corte. Lo incomprensible es que los jueces siguen siendo los mismos, pero “no fueron congruentes y respetuosos de sus propias sentencias” y, por alguna razón, cambiaron radicalmente de idea. Antes de la nefasta influencia de la Administración Biden, la Corte Suprema de México había rechazado iniciativas similares, pero ahora las acoge y hasta promueve.
Es evidente que se trata de lawfare, activismo judicial en base a los intereses del gobierno de turno. Avanzan paso a paso. Quizás tomaron nota del fracaso de Roe v. Wade, y trabajan para que en el futuro sea más difícil revertir estas decisiones de la Corte Suprema de México.
Los abortistas de México cuentan con un inmenso apoyo económico. En el portal Infotecnia, se reportó que las 10 principales organizaciones pro aborto han recibido en los últimos años más de tres mil 700 millones de pesos (aprox. 185 millones de USD) y el 70% viene del extranjero. Entre las instituciones que más recursos recibieron están Mexfam (sucursal de la IPPF), Católicas por el Derecho a Decidir y Gire. Y estos recursos aumentan año a año, Gire recibió en el año 2008, casi 19 millones de pesos y en 2020 más de 50 millones de pesos. Y todo esto según cifras oficiales del gobierno mexicano.
Potente financiación, respaldo total de la política exterior de Biden y apoyo incondicional de la prensa internacional no han sido suficientes, hasta ahora, para legalizar el aborto en México. Ahora han llegado a violentar la ley y aún les queda camino por recorrer.
Aun concediéndole el amparo a GIRE, que ya dijimos que es ilegal, esta sentencia no se puede aplicar a otras personas. La figura del amparo solo se aplica a la persona que presenta el recurso. No tiene el menor poder de obligar a los hospitales a practicar abortos o de sancionar médicos que no quieran hacerlo.
Lamentablemente, para retorcer todavía más la ley, los abortistas toman nota de otro caso parecido, esta vez en Argentina. Antes de las batallas legislativas de 2018 y 2020, muchos jueces aplicaban indebidamente lo que se llamaba la “Sentencia FAL” de la Corte Suprema Argentina, que juzgaba un caso particular de un aborto en concreto, diciendo que no se le debía aplicar ningún castigo. El truco del abortismo fue decir por todo Argentina que la Corte autorizaba cualquier aborto en cualquier lugar del país, cuando el fallo FAL solo hablaba de una mujer en concreto en una provincia en concreto: Chubut. Tememos que la Corte Suprema de México esté tomando el mismo camino abusivo para dar la idea de que “el aborto ahora es legal” en todo México.
Ciertamente se trata de un paso en dirección hacia la despenalización del aborto en México, pero la verdad es que esto necesita que el Congreso apruebe una ley.
Y sin duda los provida mexicanos darán la batalla, ahora y después de una probable ley del aborto.
Carlos Polo y Carlos Beltramo son directores de Population Research Institute para Iberoamérica y para Europa respectivamente.
