Regularizar delincuentes no es integración, es rendición del Estado”
La regularización extranjeros promovida por Sánchez, y por ende, de delincuentes se han convertido en uno de los mayores riesgos silenciosos para la seguridad en España. La advertencia no procede de un tertuliano ni de un político, sino de un subinspector en activo de la Policía Nacional.
Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía, lo afirmó sin rodeos en el programa Tiempo de Hablar, dirigido por Alfonso Rojo: “Hay más de 31.000 delincuentes extranjeros en España que pueden ser regularizados”.
La cifra resulta demoledora. Significa que decenas de miles de personas con antecedentes penales podrían obtener papeles gracias a la política de regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez. No se trata de inmigrantes que llegan para trabajar y cumplir la ley. Se trata de personas que ya figuran en bases policiales por delitos cometidos en territorio español.
“La regularización masiva es una barbaridad”
Durante la entrevista, Alfredo Perdiguero explicó con claridad por qué considera un error grave la política actual. “La regularización masiva es una barbaridad: puede beneficiar a mucha gente que tiene antecedentes”, afirmó el subinspector.
El problema no radica en la inmigración legal y ordenada. El problema surge cuando el Estado renuncia a aplicar sus propias normas y premia la ilegalidad con papeles. Perdiguero puso un ejemplo estremecedor: un ciudadano marroquí con más de 100 detenciones que no ha sido expulsado pese a tener orden desde 2023. Cien detenciones. Ni una expulsión efectiva. Ni una consecuencia real. Eso no representa integración. Representa colapso institucional.
“Regularizar delincuentes no es integración, es rendición del Estado”.
Los delincuentes extranjeros regularizados entran en el sistema sin filtros reales. Obtienen acceso a servicios públicos, ayudas sociales y movilidad legal dentro del país.
Inmigración ilegal y delitos: un vínculo incómodo
Perdiguero no eludió una realidad que muchos prefieren ocultar. “Hay vinculación entre inmigración ilegal y delitos; muchos no tienen otra forma de vivir que no sea robar”, explicó. No habló desde el prejuicio. Habló desde la experiencia diaria en la calle. Desde los atestados. Desde las comisarías.
El bipartidismo PP-PSOE insiste en negar cualquier relación. Pero los datos policiales reflejan una sobrerrepresentación clara de extranjeros ilegales en ciertos delitos. El problema se agrava cuando el Estado renuncia a expulsar. Cuando convierte una infracción grave en un trámite administrativo sin consecuencias. La regularización sin control no protege a los inmigrantes honestos. Los expone. Y deja indefensos a los ciudadanos que cumplen la ley.
Aplicar la ley no es ser inhumano
Frente al buenismo, Perdiguero propuso una solución sencilla: “La solución pasa por no ser buenistas ni populistas; hay que ser garantistas y aplicar la ley”.
Garantismo no significa impunidad. Significa cumplir las normas con respeto a los derechos, pero también con exigencia de deberes. Un Estado que no expulsa a quien delinque pierde autoridad moral. Un Gobierno que regulariza sin filtros renuncia a su función básica: proteger a sus ciudadanos. La regularización indiscriminada no ayuda a la convivencia. La rompe.
Un modelo que premia la ilegalidad
Hoy, España lanza un mensaje peligroso: entrar ilegalmente no solo no trae consecuencias sino que, incluso trae beneficios; Papeles. Acceso a ayudas. Empadronamiento. Sanidad. Educación. Posible reagrupación familiar. Merece la pena entrar ilegalmente.
Mientras tanto, miles de españoles trabajan, cotizan y ven deteriorarse la seguridad de sus barrios.
Los delincuentes extranjeros regularizados representan el síntoma de un modelo político fallido que confunde compasión con irresponsabilidad. No se trata de criminalizar al extranjero. Se trata de proteger a la sociedad. No se trata de cerrar fronteras. Se trata de aplicar la ley.
Los datos de Alfredo Perdiguero no permiten relativismos. Más de 31.000 delincuentes extranjeros pueden ser regularizados en España. No hablamos de casos aislados. Hablamos de un fenómeno estructural provocado por decisiones políticas conscientes.
El populismo ideológico solo genera inseguridad. Los delincuentes extranjeros regularizados no representan solidaridad. Representan el fracaso de un Gobierno que antepone su agenda ideológica a la seguridad de la nación.
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