Patria o Autonomías | Julio García

La Constitución Española de 1.978 define los principios del Estado de las Autonomías en su Título Preliminar, en los artículos 2 (derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones), 3.2 (donde cita a las CCAA y a sus Estatutos de Autonomía), y 4.2 (donde dice que los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las CCAA).

El Título VIII de la Constitución desarrolla cómo pueden crearse y organizarse las CCAA y sus Estatutos de Autonomía.

Hasta hace muy poco, en el espectro político parlamentario sólo estaban representados los partidarios del Estado Autonómico, o los de su destrucción por ruptura: el PSOE (una mezcla confusa de autonomismo, y de un federalismo que ni ellos mismos han sido capaces de explicar hasta ahora); el PP, los centristas reformadores de Estatutos para incrementar las competencias de las CCAA imitando al maximalismo catalán, o los separatistas (vascos, catalanes y otros), quienes junto con la extrema izquierda (Sumar, UP) suelen apoyar todo aquello que más vaya en contra de España. Entre todos, un 90 % del Parlamento. Lo mismo sucede en todos los Parlamentos autonómicos.

Recordamos que en unas encuestas de hace pocos años que ya no se publican – vamos entendiendo la causa- había hasta un 40% de españoles que preferían recentralizar el Estado: hacer desaparecer las Autonomías, o reducirlas sustancialmente.

Modificar la Constitución requiere procedimientos muy complejos. Para cambiar el título VIII eliminando las Autonomías haría falta una mayoría parlamentaria de 3/5 (ahora 210 diputados); y para modificar el Título Preliminar serían necesarios 2/3 de los parlamentarios del Congreso (233 diputados), y del Senado (177 senadores), convocar elecciones y que en el siguiente Parlamento haya también una mayoría de 2/3 favorable a la modificación. En los Parlamentos autonómicos también se requieren mayorías reforzadas para la modificación de sus Estatutos de autonomía.

Aunque en la izquierda ha aparecido recientemente un grupo de “jacobinos” (ellos se denominan izquierda ilustrada y centralista), defensores de un Estado centralizado, parece difícil que tengan éxito a corto plazo en su misión de convencer o sustituir a las actuales izquierdas parlamentarias para esta reforma constitucional.

A pesar de que no se vea próximo –aunque nunca se sabe- el cambio constitucional o estatutario, existen amplias posibilidades de frenar la actual disgregación de España en varios ámbitos:

Ámbito presupuestario

Con mayorías parlamentarias, se podrían eliminar muchos gastos excesivos originados por el propio sistema autonómico:

Disminución del número de parlamentarios autonómicos. Es difícil de entender para qué hacen falta, por ejemplo 135 Parlamentarios en la Asamblea de Madrid, cuando no existen en la elección de la Asamblea ni comarcas ni municipios a los que representar; un partido podría presentar en Madrid una lista a las elecciones autonómicas con todos los candidatos viviendo en el mismo pueblo, en el mismo barrio, o hasta en la misma calle. En total, hay 1261 parlamentarios autonómicos en toda España.

Reducción de todas las empresas públicas autonómicas, hasta la eliminación, venta o desaparición en su caso. Muchas de ellas son chiringuitos inventados, con un coste total de miles de millones (1.390 empresas, 7.900 Millones en 2017).

Eliminación o privatización de los canales autonómicos de TV, radio, o prensa. En la época de Netflix, Movistar, Amazon, Disney y muchos otros proveedores de contenidos, tener un coste de 1.100 Millones de euros anuales en 45 canales de televisiones autonómicas resulta excesivo.

Eliminación de todas las subvenciones “políticas” realmente existentes de las CCAA: partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de género, de vecinos, consumidores, ecologistas, guerracivilistas, ONGs, o falsamente culturales, prensa privada (campañas aparentemente institucionales, anuncios, suscripciones de cada concejalía o cargo político de cualquier ente público, etc.), ayudas a colectivos inventados, o a otros países, etc.

Reducción de los cargados organigramas políticos de los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en 2025 hay, s.e.u.o., 9 Consejeros, 13 Viceconsejeros, 13 Secretarios Generales, 72 Directores Generales y Gerentes de Área, de los que dependen 249 Subdirecciones Generales, 652 Áreas, 131 Divisiones, 79 Unidades, 110 Servicios, 38 Consejos, 15 Asesores, 18 Asesorías Técnicas, 8 Observatorios, 8 Comités, 26 Comisiones, 6 Jefaturas, 6 Organismos Autónomos, 7 Centros, 2 Mesas, 14 Departamentos, 12 Oficinas, 5 Agencias, 7 Institutos, 9 Juntas, 3 Órganos, 6 Presidentes o Consejeros Delegados de Empresas Públicas, 2 Jefes de Gabinete, 47 Fundaciones, 14 Consorcios, todos ellos con sueldo de políticos (próximos o superando las seis cifras), en ocasiones superiores al salario oficial del Presidente del Gobierno de la Nación (al menos los Directores Generales, Viceconsejeros, Secretarios Generales, Jefes de Gabinete y Consejeros). Y 1.886 vehículos, más 54 vehículos para altos cargos. Si vemos el personal “eventual” de Presidencia y las Consejerías, hay más de 360 contratados, con un coste anual de 17.4 M de euros, así como 533 liberados sindicales. El gasto total previsto de personal de la Comunidad de Madrid para 2.025 es de 10.157 millones de euros (correspondiente a 17.900 funcionarios y 23.800 de personal laboral).

Además, los funcionarios o personal laboral que hayan sido designados para cargos políticos de cualquier tipo y lo hayan desempeñado durante dos años continuados, o tres con interrupción, cuando vuelvan a ser funcionarios percibirán, mientras sigan en servicio activo y hasta la jubilación, un complemento de destino igual al asignado a los Directores Generales en las correspondientes Leyes de Presupuestos, y que es superior al percibido anteriormente como funcionario, con independencia del puesto o nivel que hubiesen tenido anteriormente. Cualquier autonomía que tenga varias provincias multiplica este organigrama y gastos con el desarrollo de cargos provinciales.

El coste total de personal de las autonomías ascendió en 2.024 a 105.000 millones de euros.

Ámbito competencial

En el momento actual, hay muchos temas de las Administraciones Públicas (Turismo, Economía, Hacienda, Empleo, Comercio, Industria, Medio Ambiente, Infraestructuras, Sanidad, Educación, Justicia, Vivienda, Cultura, Deporte, etc.) para los que habitualmente existen hasta cinco Administraciones implicadas en el asunto correspondiente en cada punto del territorio español: Europea (España contribuye con 15.000 millones de euros anuales a la UE), estatal, autonómica, provincial y municipal. A veces, como sucede en el Ayuntamiento de Madrid y en otros muchos (Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, y otras muchas ciudades, más de 70, que afecta a una población total de 21 millones de habitantes), también hay un escalón administrativo más, el de las Juntas Municipales de Distrito, así como Mancomunidades, Comarcas, Áreas Metropolitanas, Consorcios, etc, lo que supondría la existencia de seis escalones.

Hemos elegido como ejemplo la competencia de “Medio Ambiente” y el ámbito de “Guadalajara”. Veamos qué Administraciones tienen competencias sobre el medio ambiente de Guadalajara (aparecen sólo los nombres de cabecera de cada organigrama): – Unión Europea: Dirección Gral. de Medio Ambiente, Agencia Europea de Medio Ambiente. – Estado Español: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Secretaría de Estado de Medio Ambiente; Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto demográfico (todos con varios Comisionados y Direcciones Generales); – Junta de Castilla-La Mancha: Consejería de Desarrollo Sostenible, con varias Direcciones Generales y Delegaciones, y con Delegación Provincial en Guadalajara. – Diputación Provincial de Guadalajara: Área de Desarrollo rural, Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, así como diversas Mancomunidades. – Ayuntamiento de Guadalajara: Sección de Medio Ambiente. También el Ayuntamiento de Guadalajara tiene Juntas Municipales de Distrito, en las que no aparecen competencias específicas de medio ambiente, aunque de hecho existen.

A todos estos organismos hay que añadir otras entidades, observatorios, fundaciones, empresas públicas, de difícil trazabilidad, que también se dedican (con nuestros impuestos) a los temas medioambientales: OSE, IDAE, REDR, CENER, Fundación Biodiversidad, AEP, CIEMAT, etc. (sólo en el ámbito estatal). Incluso existe una Asociación de Empresas Públicas de Medio Ambiente ANEPMA, con 54 empresas asociadas. En Castilla-la Mancha está la empresa pública GEACAM.

Hay que tener en cuenta que, en este caso particular, el Medio Ambiente es un tema transversal no divisible (aquello que nos decían de “piensa globalmente…”).

¿Alguien es capaz de averiguar el coste de todas estas Administraciones? ¿Y la eficacia? ¿Y los resultados para, en este caso, una de las zonas de la “España rural”, pero llena de burocracias costosísimas?

Sólo con eliminar racionalmente las competencias y las burocracias dupli, tripli, cuadrupli, quintupli o sextuplicadas se despejaría la espesa capa de organismos oficiales que asfixia a los españoles. Hemos visto solo un ejemplo, pero animamos a los lectores a que hagan lo mismo con otras competencias o lugares. Se podría hacer hasta un concurso: “a ver quién descubre el metro cuadrado de España con más burocracia redundante”. O un trabajo de investigación: “Coste global de las ineficiencias administrativas actuales en España por sobrecarga de burocracia, entes inventados y confusión competencial”. Los resultados nos dejarían atónitos, no nos cabe duda. Para evaluar el coste real, hay que pensar también que muchos de estos organismos tienen delegaciones en CCAA y provincias; y sumar el gasto asociado de oficinas, secretariados, equipos informáticos, telefonía, colaboradores, vehículos, suscripciones a prensa, etc. Nos consta también que muchos organismos autonómicos de cada región hacen “reuniones de coordinación” periódicas cada vez en un lugar diferente con sus homólogos de otras autonomías (gastos de viajes, dietas, comidas, hoteles, locales…). También existen innumerables “conferencias sectoriales” (hay 43), Consejos, organismos y entes de “coordinación” o cooperación bilaterales (uno por autonomía) o multilaterales entre comunidades autónomas.

Ante semejantes despilfarros, es imprescindible hacer una auditoría funcional seria y muy a fondo de las Administraciones, hasta dejarlas reducidas a su tamaño justo (que puede ser cero) mediante las técnicas adecuadas -que existen-, eliminando radicalmente y sin piedad todos los “inventos” y multiplicidades que han creado durante décadas los políticos del PSOE y del PP (y también PNV y CAT) para colocar a sus amigos. El ahorro permitiría pagar las pensiones hasta el final del siglo XXI.

Ámbito de libertades

Teniendo en cuenta las competencias actuales de las CCAA, hay que ganar para la libertad aquellos aspectos en los que las políticas socialistas han destruido la sociedad española durante décadas de ingeniería social:

Familia: Políticas provida, protección de la maternidad, acceso a la vivienda, tercera edad, jóvenes, infancia, educación, etc.

Sanidad y Enseñanza: Practicar libertad frente al estatismo que trata de ocuparlo todo. Con los servicios públicos se puede establecer la forma más idónea de gestionarlos, pública, privada o mixta, o directamente con servicios privados, con muchas experiencias válidas ya conocidas. Cuanta más libertad se deja a las personas para elegir (sanidad, enseñanza, servicios, etc.), son más eficientes las prestaciones. 

Inmigración ilegal, o con actividad delictiva: Contribuir con todos los medios de que dispone una Administración regional, tales como información en los ámbitos de Sanidad, Enseñanza, ayudas, padrones, juzgados y otros datos, así como policías municipales o autonómicas, etc., a facilitar al máximo los procesos de devolución a sus países de origen de los inmigrantes ilegales o que delincan, de acuerdo con la actual Ley de Extranjería.

Legislación sectaria: Hay que eliminar toda la legislación autonómica que está elaborada contra la libertad, es divisiva, y está llena de prejuicios: Leyes de Memoria, de género, o que favorecen a lobbies ideológicos, etc. 

Economía: Reducción de impuestos autonómicos, trabajar por la unidad de mercado interna, eliminación de trabas, controles y barreras regulatorias a los emprendedores, y simplificación drástica de trámites administrativos. 

Laboral: Introducir como interlocutores válidos a las pequeñas empresas, los autónomos, profesionales, cuadros y al sector primario, de forma independiente a los sindicatos “de clase” y a las patronales globalistas. 

Política urbanística: Agilizar las normativas para modificar los usos del suelo, de forma que sea rápido y sencillo conseguir el estatus de urbanizable, para hacer más asequible la vivienda a amplios sectores de población.

Libertad: Incrementar en todos los ámbitos los espacios de libertad de la sociedad civil y de las personas, para fortalecerlos. Las Administraciones públicas están, como su nombre indica, para administrar el Bien Común, no para dirigir nuestra vida. Hemos visto en el tema COVID hasta dónde han sido capaces de llegar. No permitamos que ninguna Administración (en este caso autonómica), llena de políticos burócratas, maneje nuestras vidas.

Ámbito cultural

Aquí vemos otro de los principales problemas. Buena parte de las estructuras autonómicas o locales anteriormente citadas dedican todo su afán (especialmente en los aspectos educativo y cultural, en los que también hay varios niveles) a un proceso de ingeniería social que unas veces es directamente antiespañola, y otras “sólo” es localista o autonomista, pero que nunca defiende la visión de “la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de los españoles y fundamento de la Constitución” (extraído del artículo 2 de la Constitución Española, Título Preliminar).

Sólo con desactivar la presión institucional localista-autonomista o antiespañola de las burocracias autonómicas y locales, y revertir el proceso hacia la defensa de la Nación Española, sería posible ganar una de las batallas más importantes de la guerra cultural de nuestro tiempo. Más aún teniendo en cuenta que en el nacimiento de las autonomías hubo muchas trampas y engaños de todo tipo: Dejar abierta la puerta a la anexión de Navarra por la CAV, la falsa historicidad de Andalucía, las ficciones de La Rioja o Cantabria, las filigranas hechas con los resultados del referéndum de Andalucía (Jaén y Almería), la aprobación en 2006 del Estatuto de Cataluña con una participación inferior al 50 % del censo (el sí tuvo un 36 % del censo electoral), el invento en el último minuto de la autonomía uniprovincial de Madrid, o el que Segovia casi llega a ser Comunidad Autónoma y fue impedido por el sistema.

Como vemos, aun sin modificar la Constitución (aunque se mantenga como objetivo irrenunciable), y pensando en muchas otras posibles acciones, hay un largo trecho para avanzar hacia un sistema político que defienda realmente a España y a los españoles, y que frene el gasto descomunal que supone la pesadilla autonómica, así como la deriva disgregadora. Incluso teniendo en cuenta que sólo hemos expuesto un programa de mínimos, se trata de un trabajo institucional titánico. Hay una Patria, España, por conquistar.

Julio García | escritor

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