La ofensiva final contra la sociedad civil: El proyecto de ley de Sánchez para disolver asociaciones y universidades

Pedro Sánchez, tras consolidar su poder sobre una mayoría de los medios de comunicación y lograr una preocupante influencia y control sobre los principales  órganos judiciales, da ahora el siguiente paso en su deriva autoritaria: aniquilar la sociedad civil. Este jueves, el Pleno del Congreso debatirá una reforma legal diseñada no para fortalecer la democracia, sino para perseguir a quienes disienten del pensamiento único de la izquierda impuesto por él.

La excusa: la de siempre, la que llaman la “memoria democrática”. El objetivo real: silenciar asociaciones, castigar a catedráticos incómodos y cerrar universidades disidentes. Se trata de una reforma que permitirá al Estado disolver asociaciones por el solo hecho de no alinearse con la interpretación ideológica impuesta por el PSOE y sus socios separatistas y comunistas.

Por si fuera poco, esta reforma legal también liquida la libertad de cátedra, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema educativo verdaderamente libre. Las universidades, bajo esta normativa, quedarán sujetas a un corsé ideológico impuesto desde el poder. Los profesores y catedráticos ya no podrán enseñar según sus criterios académicos, ni fomentar el pensamiento crítico entre sus alumnos. Solo habrá una versión válida: la doctrina oficial del gobierno. Todo aquel que se atreva a disentir, a plantear una visión distinta de la historia o a cuestionar el relato impuesto por la izquierda, podrá ser perseguido, sancionado e incluso expulsado del ámbito académico. Es la ofensiva final contra la educación libre, contra el pensamiento independiente y, en definitiva, contra la sociedad civil que aún resiste.

Esta reforma es mucho más que una modificación legal. Es el principio del fin de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y de cátedra, en definitiva, del derecho de los ciudadanos a expresar sus ideas o a disentir. Es, sin lugar a dudas, el fin de la sociedad civil tal como la conocemos.

En palabras del propio dictamen que se someterá a votación: se incluirá como causa de disolución de asociaciones “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”. Una redacción lo suficientemente ambigua como para servir de herramienta de represión ideológica. No importa que la entidad esté legalmente registrada o que cumpla sus estatutos. Lo único que pesará será si el poder político considera su actividad “inapropiada” bajo sus criterios ideológicos.

¿Y el Partido Popular? Calla. Otorga. No se opone. El PP no rechazó la norma en la Comisión Constitucional, donde se debatió esta ley antes de llegar al Congreso. Se abstuvo. Como siempre hace, blanquea.

La izquierda —PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu— votó unida para que esta norma avance. El silencio del PP, su incapacidad para plantar cara, no solo es decepcionante, es cómplice.

Como siempre, el pretexto es proteger la democracia. Pero la democracia no necesita ser protegida de opiniones distintas. Lo que necesita protección es la libertad frente al totalitarismo de un Estado que ya no tolera voces libres. Y eso es lo que está en juego con esta ley: el futuro de una España donde ya no sea posible disentir sin ser perseguido.

El propósito último de esta maniobra no es otro que consolidar un régimen ideológico donde solo la voz del Gobierno tenga legitimidad. Primero fueron los medios, luego los jueces, ahora las universidades y las asociaciones. No quedará espacio alguno que no esté vigilado o controlado. Estamos asistiendo a una demolición controlada de las libertades cívicas en nombre de una memoria selectiva, ideológica y excluyente.

Este diario, fiel a los principios que defiende —la vida, la familia, la libertad y la unidad de España—, denuncia esta nueva agresión. Lo advertimos con claridad: una vez Sánchez controle completamente la sociedad civil, no quedará ningún dique de contención frente a su ambición autoritaria. Porque si dejamos que esta ley pase sin oposición real, mañana no quedará nadie para defendernos cuando las próximas libertades caigan.