En cuanto al monto de dinero adeudado, ya somos el tercer país de este índice con una deuda pendiente con inversores internacionales de 1.300 millones de dólares
El Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales de 2023 que elabora de manera anual el servicio de estudios de la compañía NL Consulting sube un peldaño más a España en este ‘ránking de la vergüenza’ con respecto a su anterior edición.
España se ha subido a ese «carro» a raíz de sus incumplimientos con las empresas e inversores que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que retiró el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ahora, el equipo de Pedro Sánchez intenta defenderse de los inversores que se quedaron tirados con estos bandazos regulatorios con una estrategia: recurrir los fallos en contra para no pagar.
Las consecuencias de la decisión de ‘no pagar’ estos laudos son el descrédito internacional con este tipo de ránking y amenaza de embargos de activos del Reino de España en el extranjero por parte de los afectados.
Por otro lado, España es el tercer país con más obligaciones ligadas a estas indemnizaciones, con 1.300 millones de dólares pendientes de pago. Rusia lidera este apartado del ránking con 60.100 millones, la mayor parte correspondiente al ‘caso Yukos’, y Venezuela es la segunda de este apartado con 7.100 millones.
España puede ir a más
La evolución de España en este ránking puede ir a más. Tiene 25 casos sin laudo definitivo y se estima que al menos el 80% de estos expedientes se resolverá de forma satisfactoria para las empresas o inversores afectados por los cambios regulatorios, elevando a una horquilla de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares el monto final de las indemnizaciones pendientes de pago a los inversores afectados.
Las compañías que han sufrido estos impagos por parte del gobierno español han iniciado litigios en distintos países, invocando el cumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía y registrando los laudos que ya son definitivos ante los tribunales de Reino Unido, Australia o Estados Unidos.
Alerta por embargo
La justicia británica ha autorizado el embargo cautelar del derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige (cerca de 900 millones de euros), así como de la sede londinense del Instituto Cervantes, la Escuela Internacional Vicente Cañada, una cuenta bancaria del Estado español o una económica de promoción económica del Gobierno de Cataluña. En Australia, la Corte Suprema ha emitido una demoledora sentencia que abre la puerta a procedimientos similares. En este sentido, se esperan novedades a lo largo de 2024 que pueden afectar a bienes como la filial de Navantia en el país oceánico.
En Estados Unidos, los tribunales siguen estudiando los distintos casos abiertos en la Corte del Distrito de Columbia. El Gobierno estadounidense ha emitido un informe alertando de los riesgos que enfrentan las inversiones energéticas en España, mientras que la Cámara de Comercio se ha personado ante la justicia del país para respaldar las demandas de las compañías afectadas y alertar de las devastadoras consecuencias que tienen los impagos para la seguridad jurídica de las inversiones internacionales.
Asimismo, se han intervenido cuatro títulos de deuda pública española valorados en 1.000 millones de euros y se ha activado la cláusula que permite declarar un escenario de default técnico en caso de que el país emisor incurra en escenarios de incumplimiento y morosidad de sus obligaciones de pago. Esta maniobra ha encarecido más de un 15% los costes de financiación del Tesoro, según las primeras estimaciones elaboradas por las empresas involucradas en la operación.
1.257 procesos
El número total de arbitrajes internacionales celebrados a nivel global ha alcanzado ya los 1.257 procesos, de los cuales 890 han llegado a su conclusión (el 70%), mientras que otros 343 expedientes (el 27%) siguen su curso, según el servicio de estudios de la compañía NL Consulting. Se desconoce el estado de otros 24 procedimientos (el 3%). De entre los 890 casos para los que ya se ha emitido un lado, un 37% se han saldado a favor de los gobiernos denunciados, mientras que el 28% han concluido en un victoria de los inversores denunciantes.
El 19% de los expedientes se zanjaron con un acuerdo entre las partes, el 14% de los arbitrajes fueron discontinuados y un 3% de los procesos concluyó en tablas, es decir, con una decisión neutral para ambas partes. Hasta la fecha, un total de 132 países han sido denunciados al menos una vez a través de este tipo de procedimientos. Por lo tanto, los arbitrajes pueden considerarse un elemento plenamente normalizado en las relaciones económicas internacionales.
En total, solamente 60 de los 890 procedimientos que han culminado con un laudo definitivo están en situación de impago (es decir, el 6,7%). La lista de países que han incurrido en escenarios de morosidad se limita a un total de 14 naciones, de la que España es el país con mayor número de laudos pendientes de pago con Venezuela.
(Con información de Voz populi)
