Los españoles de más de 16 años podrán cambiar desde este jueves 2 de marzo su nombre y su sexo en el Registro Civil sin ningún requisito, más que su deseo expreso del solicitante, con la entrada en vigor de la Ley Trans.
El texto de la norma, aprobada por el Congreso hace dos semanas, se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y, según se recoge en la ley esta entrará en vigor al día siguiente de dicha publicación.
Así, desde este jueves bastará con que, quien así lo desee, solicite un cambio registral por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Esta decisión deberá ser ratificada por el solicitante tres meses después, mientras que la Administración tendrá un mes más de plazo. Es decir, el proceso durará unos cuatro meses como máximo.
Esta ley modifica el texto aprobado en 2007 durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que exigía para el cambio registral al menos dos años de hormonación y un diagnóstico médico que acreditara una disforia de género.
Los menores también podrán cambiar de sexo
La entrada en vigor de esta norma también permite cambiar su nombre y su sexo a los menores de entre 14 a 16 años, aunque en su caso deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores para su solicitud. En el caso de que un menor no cuente con el consentimiento de estos, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
Además, los niños de 12 a 14 años pueden modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez; mientras que los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica.
Volver a cambiar de sexo a los 6 meses
Por el contrario, la ley permite que en seis meses una persona trans puede solicitar volver a su sexo original de la misma manera que lo pidió. En el caso de que quisiera modificarlo por tercera vez, entonces tendría que pasar por un juez, quien dirimiría si hay visos de un fraude de ley.
Promoción del colectivo lgtbi
Pero estas no son las únicas medidas que entrarán en vigor, la ley también incluye medidas para promocionar a las personas LGTBI, como la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas.
Además, las mujeres solteras, lesbianas y bisexuales tendrán acceso a la reproducción asistida y se pondrán en marcha medidas de formación en diversidad para asistentes de personas mayores o medidas en relación a la educación y contra la discriminación del colectivo (laboral, social, ocio).
También se reconoce el sexilio, que es el abandono de un pueblo o ciudad por parte de una persona del colectivo debido a la discriminación o LGTBIfobia que sufre en su entorno en dicho lugar, o se prohíben las conocidas como terapias de conversión.
Críticas unánimes
Las críticas que ha recibido el texto han sido unánimes, tanto desde el mundo político, como desde la sociedad civil. Entre estas están las de parte del movimiento feminista. Este sector ha asegurado mantendrán su lucha contra esta ley hasta que sea derogada. Estas feministas consideran que esta norma provoca el «borrado» de las mujeres en las estadísticas o en el deporte. Además, denuncian que desvirtúa la ley de Violencia de Género, planteando la posibilidad de que agresores machistas puedan eludir su condena o cumplirla en una prisión de mujeres si solicitan un cambio de sexo. O el hecho de que las mujeres trans pueden beneficiarse de ayudas que reciben las mujeres.
En este sentido, el texto recoge un artículo por el que se garantiza que un agresor será juzgado y cumplirá su condena según el género en el que estuviera registrado en el momento del suceso. Mientras que en otro artículo se determina que un hombre que haya reclamado el cambio registral de sexo no podrá beneficiarse de las ayudas a mujeres.
Ley mordaza
Muchos sectores de la sociedad civil denuncian las sanciones que se imponen con esta norma, que consideran una ley «mordaza». En concreto, desde este jueves, se impondrán multas administrativas en casos «muy graves» de hasta 10.001 a 150.000 euros, que son aquellos relacionados con el acoso o negar un empleo o un alquiler a alguien por ser LGTBI.
