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La descomposición del núcleo de poder de la Moncloa acelera de forma dramática a medida que los tribunales estrechan el cerco sobre la corrupción institucional. Otra que empieza a «cantar»: La imputada Isabel Pardo de Vera se suma a la ‘doctrina Aldama’ y empieza a largar trapos sucios del PSOE y del Gobierno Sánchez. Poco a poco, la guardia pretoriana de Sánchez le va abandonando. Los peones y altos cargos que antes ejecutaban las órdenes sin rechistar asumen ahora que el Ejecutivo no los salvará de la quema. No quieren «comerse el marrón» solos. Y en la cárcel se está mal y solo. El pánico a la tumba penal activa una reacción en cadena donde la lealtad al líder cotiza a la baja, forzando un desfile de confesiones ante los magistrados y medios de comunicaciones.
Las presiones en la cúpula de la obra pública
La estrategia de supervivencia jurídica dinamita la supuesta cohesión del aparato gubernamental. Isabel Pardo de Vera, imputada en la Audiencia Nacional por el ‘caso Koldo’, ha decidido colaborar con la Justicia al estilo de la “doctrina Aldama”. En una entrevista concedida a Ketty Garat en ‘ABC’, La expresidenta de Adif reveló las presiones que recibió del expresidente de Correos Juanma Serrano y de Koldo García para que Adif contratara a una empresa concreta, y anunció su disposición a desvelar ante el juez los contactos de altos cargos y exministros socialistas para influir en las adjudicaciones de la entidad pública.
La caída en desgracia de los antaño intocables desata acusaciones directas que apuntan al corazón del partido. La exmandataria anuncia además su intención de desvelar ante el juez los contactos de altos cargos y exministros del PSOE para influir en adjudicaciones. Su testimonio podría ampliar el foco sobre la trama que ya salpica a figuras como José Luis Ábalos y su entorno.
El entramado de los contratos sin concurso público
Los detalles sobre la operativa de los presuntos amaños desvelan un sistema de favores cruzados y adjudicaciones a dedo. Según relató Pardo de Vera, Serrano —investigado en las piezas de las ‘cloacas’ del PSOE y la trama Leire que instruye el juez Santiago Pedraz— y Koldo le presionaron para que Adif contratara con Israel Pilar. A este empresario se le adjudicó un contrato por 2,8 millones de euros sin concurso público, y el propio Víctor de Aldama lo señaló en sus declaraciones por el pago de comisiones al PSOE. La reunión que describe la expresidenta de Adif encaja en el patrón de presuntos amaños en la obra pública que investiga la Audiencia Nacional.
La huida hacia adelante de los implicados obedece al incentivo de eludir las penas de prisión mediante la delación premiada. Pardo de Vera, que fue nombrada presidenta de Adif por Pedro Sánchez en 2018 y después secretaria de Estado de Transportes hasta 2023, afirma que tiene
«voluntad de revelar ante la Justicia los movimientos de altos cargos de la Administración y exministros socialistas» que se pusieron en contacto con ella para que Adif contratara a determinadas empresas.
Se suma así a la estrategia de colaboración que inauguró Aldama —quien confesó, aportó información y obtuvo una atenuante cualificada con suspensión de la pena— y que está provocando que otros imputados empiecen a «cantar» para intentar rebajar su responsabilidad penal.
El desembarco de personal afín y el papel de los exministros
La red de influencias no limitaba sus exigencias a la contratación de constructoras, sino que abarcaba la colocación de peones políticos en puestos clave de la administración. Esta entrevista se produjo apenas un día después de otra concedida a ‘El Mundo‘, en la que Pardo de Vera aseguró que cargos del Gobierno, incluido José Luis Ábalos, le propusieron colocar a “gente afín” al PSOE en puestos de la cúpula directiva de Adif (hasta casi 20 currículums) y que se negó porque no reunían las cualificaciones. También señaló que los exministros José Bono y José Blanco la llamaron varias veces para interesarse por determinadas empresas constructoras. En ambos casos se ofreció a trasladar la información al juez si aporta algo a la causa.
El cerco judicial sitúa a la antigua secretaria de Estado en una posición insostenible tras los informes de los investigadores de la UCO. Pardo de Vera está imputada en la Audiencia Nacional por su presunta participación in irregularidades en adjudicaciones de obra pública durante su etapa al frente de Adif y por la contratación de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos, en empresas públicas. La UCO señaló en distintos informes su papel en la operativa, incluyendo la coordinación en contratos de material sanitario y las relaciones con el entorno de Koldo y Ábalos. Ella se defendió asegurando que siempre intentó desmantelar riesgos de corrupción en Adif y que no tuvo competencias en algunas de las decisiones que se le atribuyen.
Un nuevo escenario ante la inminencia electoral
El sálvese quien pueda que impera en los pasillos de los ministerios debilita la posición de un Pedro Sánchez cada vez más acorralado por las revelaciones de sus antiguos subordinados. La ‘doctrina Aldama’ —la etiqueta con la que la prensa designa el incentivo penal a quienes colaboran sustancialmente con la Justicia en tramas de corrupción— está funcionando. Tras el precedente del comisionista, figuras del entorno del Ministerio de Transportes y del PSOE comienzan a señalar nombres y presiones internas. Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, las declaraciones de Pardo de Vera abren un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez y alimentan la percepción de que la caja de los truenos del caso Koldo sigue abierta. El hundimiento del dique de contención gubernamental anticipa un final de ciclo marcado por el goteo incesante de revelaciones en sede judicial.
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