Otra mentira de Sánchez al descubierto: La AIReF desmonta el discurso del Gobierno y concluye que la regularización masiva de inmigrantes no financiará las pensiones. El relato idílico que el Gobierno de Pedro Sánchez ha construido en torno a la política migratoria y la sostenibilidad económica del país se ha venido abajo estrepitosamente.
Durante años, el Ejecutivo central ha utilizado el rodillo de la propaganda para justificar decisiones de enorme calado social, escudándose en una supuesta base técnica que, a la hora de la verdad, resulta inexistente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido un dictamen demoledor, y que recoge La Gaceta, que concluye que la regularización extraordinaria de población extranjera apenas tendrá impacto en la financiación del sistema público de pensiones. Se desmonta así, de manera oficial, uno de los mantras más repetidos por el sanchismo: que la inmigración masiva y descontrolada es el bálsamo mágico que sostendrá el Estado del bienestar frente al inevitable envejecimiento demográfico de la sociedad española.
Un informe independiente que pulveriza el relato oficial de Moncloa
El organismo de control fiscal presentó el pasado viernes su segundo informe de evaluación de la reforma de las pensiones. Si bien es cierto que el documento confirma que, por el momento, se cumple la regla de gasto establecida tras las sucesivas modificaciones impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta circunstancia no se debe a un crecimiento genuino y saludable de la economía o del empleo formal. Al contrario, este respiro temporal que permite descartar nuevas subidas de cotizaciones a corto plazo es solo el resultado de una asfixia fiscal previa y de la ingeniería contable de un Gobierno abonado al parche permanente.
Sin embargo, el verdadero valor del análisis de la AIReF reside en la radiografía detallada que ofrece sobre qué medidas aportarán realmente recursos a la Seguridad Social en las próximas décadas. El informe deja claro que el mayor refuerzo de ingresos no procederá de la idílica reforma laboral ni de los procesos masivos de regularización de extranjeros en los que Sánchez ha volcado su discurso buenista. La cruda realidad del sistema es que su supervivencia se ha fiado al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que no es otra cosa que un impuesto encubierto, una cotización adicional que pagan empresas y trabajadores para alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a costa de mermar la competitividad empresarial y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El MEI y la asfixia fiscal: la verdadera hucha del sistema
Según las estimaciones técnicas del organismo independiente, el MEI aportará cada año alrededor de 0,4 puntos del Producto Interior Bruto (PIB). Esto equivale a una inyección de unos 6.750 millones de euros anuales tomando como referencia el PIB previsto para 2025. Con estas cifras sobre la mesa, queda en evidencia que el Gobierno no está solucionando el problema estructural de las pensiones mediante la creación de riqueza real, sino mediante el aumento de la presión fiscal sobre la masa salarial y el tejido productivo. La viabilidad del sistema recae una vez más sobre las espaldas de los contribuyentes españoles, desmontando la narrativa gubernamental de que el modelo actual es sostenible por sí mismo gracias a una supuesta gestión eficiente.
La segunda fuente de ingresos más relevante identificada por la AIReF sigue la misma senda extractiva. Se trata de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un colectivo sistemáticamente castigado por las políticas económicas del Ejecutivo, junto con el aumento de las bases máximas de cotización y las transferencias directas del Estado a la Seguridad Social. Estas medidas generarán de media 0,3 puntos del PIB anuales hasta el año 2050, lo que se traduce en unos 5.061 millones de euros al año. En lugar de fomentar el emprendimiento y facilitar la actividad del trabajador por cuenta propia, Moncloa prefiere exprimir a los autónomos para cuadrar unas cuentas generales que hacen aguas por todas partes.
Para completar el cuadro de ingresos, la denominada cuota de solidaridad y las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —ejecutadas muchas veces de forma unilateral y con fines electoralistas— aportarán alrededor de 0,1 puntos del PIB cada ejercicio, lo que representa aproximadamente 1.687 millones de euros. De nuevo, la estrategia del sanchismo queda al descubierto: fiar el futuro de los jubilados a base de más cargas para el empresario y de forzar incrementos salariales por real decreto, ignorando las advertencias de los expertos sobre el impacto negativo que estas decisiones tienen a largo plazo en la contratación y en la productividad de las pequeñas y medianas empresas.
El impacto residual de la regularización extraordinaria de extranjeros
Frente a los miles de millones de euros que el Gobierno arranca a trabajadores y empresas mediante el hachazo fiscal del MEI y la presión a los autónomos, el impacto de la regularización masiva de extranjeros resulta sencillamente ridículo. El cálculo de la AIReF fulmina el argumento central de la factoría de ficción de Moncloa: en el mejor de los escenarios imaginables, la medida estrella del sanchismo en materia migratoria apenas podría generar unos ingresos equivalentes a 0,031 puntos del PIB, es decir, unos escasos 523 millones de euros. Una cifra insignificante que demuestra que la propaganda gubernamental ha estado inflando un globo ideológico sin base económica real.
Por si fuera poco, el organismo supervisor introduce una seria advertencia que rebaja aún más las expectativas del Gobierno. Esa estimación de 523 millones de euros representa un máximo teórico y utópico, ya que parte de la hipótesis de que absolutamente todos los extranjeros regularizados pasarían de inmediato a trabajar dentro de la economía formal de manera continua. Además, el cálculo del Ejecutivo comete el gravísimo error de bulto de no descontar a aquellos inmigrantes que ya se encuentran cotizando activamente en el sistema a pesar de arrastrar una situación irregular en sus papeles, lo que distorsiona por completo las matemáticas oficiales y reduce el impacto real neto a niveles prácticamente inapreciables.
La demagogia del Ejecutivo socialista queda especialmente penalizada cuando la AIReF subraya las flagrantes omisiones del relato oficial. El informe advierte de que el cálculo gubernamental únicamente contempla los posibles ingresos adicionales por cotizaciones a corto plazo. Moncloa ha ocultado de forma deliberada el coste futuro derivado de los derechos de jubilación que inevitablemente generarán estos nuevos trabajadores regularizados, así como las prestaciones sociales y servicios públicos esenciales a los que legítimamente podrían acceder. El Ejecutivo vende como un beneficio neto inmediato lo que a medio y largo plazo supondrá una carga añadida de gasto para el Estado, sin incluir tampoco los posibles efectos negativos sobre la recaudación tributaria general si los salarios de este sector se mantienen en los tramos más bajos de la economía.
El fracaso sin paliativos de la reforma laboral de Yolanda Díaz
El informe de la AIReF tampoco encuentra efectos significativos de la vanagloriada reforma laboral aprobada en 2022 sobre los ingresos de la Seguridad Social, asestando un golpe definitivo al núcleo duro de la propaganda socioeconómica del Gobierno de coalición. Aunque el organismo reconoce de forma objetiva que la tasa de temporalidad oficial ha descendido desde niveles superiores al 25% hasta situarse aproximadamente en el 15%, concluye de manera tajante que este cambio estético y estadístico no se ha traducido en una mejora apreciable o cuantificable de las cotizaciones sociales que ingresa el Estado.
El truco de la reforma laboral queda así al descubierto: la reducción de la temporalidad se ha logrado en gran medida mediante la reconversión artificial de contratos temporales en la figura del fijo discontinuo, alterando el nombre de la precariedad pero no su realidad económica. Según la AIReF, cualquier impacto verdaderamente positivo de la reforma laboral sobre los ingresos del sistema de pensiones dependerá exclusivamente de que se produzca un aumento real de la productividad por trabajador, una circunstancia estructural y profunda que el actual marco normativo del Gobierno no solo no ha logrado acreditar, sino que parece penalizar con su hostilidad hacia la inversión privada y la flexibilidad empresarial.
Las conclusiones de este organismo independiente refuerzan la tesis de que el sostenimiento financiero de las pensiones en España bajo la gestión de Pedro Sánchez depende única y exclusivamente del castigo sistemático al contribuyente a través del incremento de las cotizaciones y de transferencias públicas masivas que engordan la deuda del Estado. Las medidas cosméticas e ideológicas, como las regularizaciones masivas de extranjeros, carecen por completo de la capacidad técnica para aliviar por sí solas la inmensa presión que afronta el sistema público debido al envejecimiento demográfico y al goteo incesante de jubilaciones de la generación del baby boom. El discurso oficial del Gobierno vuelve a confirmarse como lo que siempre fue: una descomunal cortina de humo diseñada para tapar la falta de reformas estructurales serias y el recurso sistemático al bolsillo de los ciudadanos.
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