«Las instituciones diplomáticas fueron utilizadas con fines partidistas»- equipo jurídico de George Simion

¿Manipulación electoral en Rumania? Silvia Uscov es una abogada rumana de alto nivel que coordinó el equipo jurídico de la campaña presidencial de George Simion para las elecciones de mayo de 2025 en Rumanía.

El periodista Sergio Velasco la entrevista para La Gaceta. Por su interés reproducimos dicha entrevista

– Usted siempre ha ejercido y ejerce en el sector privado, ¿cuándo y por qué decidió apoyar a George Simion?

Como abogada, siempre he ejercido en el sector privado y desde la fundación de USCOV Attorneys at Law en 2015, he perseguido no tener ningún vínculo de representación o financiero con el Estado para mantener la mayor independencia posible a la hora de abordar proyectos, casos y temas sensibles. Aunque la independencia de los abogados está garantizada por la ley sobre la profesión jurídica y los convenios internacionales, lo veo todo no sólo desde una perspectiva normativa, sino también realista, en la que las presiones sobre los abogados pueden venir de muchas formas.

Al inicio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales, George Simion formó un equipo multidisciplinar de abogados porque, a raíz de lo sucedido en Estados Unidos con el presidente Donald J. Trump, se dio cuenta de que era necesario un apoyo jurídico consolidado para hacer frente a los desafíos, sobre todo porque antes de la campaña electoral se habían aprobado leyes que podrían haber constituido verdaderos instrumentos de censura. También podíamos pensar en muchos otros escenarios, pero lo que ocurrió posteriormente superó incluso nuestras expectativas.

Acepté prestar servicios jurídicos no sólo porque los abogados tienen la libertad de ofrecer consulta y representación legal a cualquier persona sin identificarse con su cliente, según los principios objeto del reciente Convenio Europeo de la Profesión Jurídica (abierto a ratificación), sino también porque soy partidaria de los valores soberanistas conservadores. Al mismo tiempo, es una experiencia única para un abogado. Y doy las gracias a mis colegas abogados que han trabajado muy duro durante este periodo de campaña y que han tenido una conducta profesional.

– ¿Cuál fue el mayor desafío cuando entraste en el equipo?

Hubo múltiples desafíos a lo largo de la campaña electoral. Tuvimos que dar prioridad al trabajo legal porque se cometieron numerosas infracciones que debíamos denunciar ante las autoridades. No sólo nuestro equipo llegó a estar desbordado en un momento dado, sino que lo estuvo incluso una de las autoridades con la actividad más exigente, la Oficina Electoral Central, que recibió la mayoría de las quejas relacionadas con actividades en el entorno digital. Por ello, decidimos establecer estrategias de trabajo y colaborar de forma más intensa con el equipo de comunicación, especialmente porque no tenía sentido que presentáramos denuncias si las autoridades no respondían a tiempo para contrarrestar los efectos de determinadas infracciones.

Por ponerte un ejemplo: en una queja remitida al Consejo Nacional del Audiovisual sobre un artículo de prensa que contenía desinformación, recibimos una respuesta en casi 30 días, cuando todo el periodo electoral duró apenas 45. Teniendo en cuenta que este tipo de desinformación y de manipulación electoral —que excede el ámbito de la propaganda política— se difunde muy rápidamente, en general las autoridades no reaccionaban con rapidez. La única excepción fue la Oficina Electoral Central, pero sólo en ciertos aspectos estrictamente relacionados con el entorno digital, y en ningún caso con los medios de comunicación tradicionales.

Además, era evidente la parcialidad política por parte de algunos miembros del Consejo Nacional del Audiovisual, quienes expresaron abiertamente su desaprobación hacia George Simion y sus ideas durante la campaña, e incluso antes de que esta comenzara.

Al mismo tiempo, sufrí personalmente amenazas públicas por el trabajo que desempeñé, así como todo tipo de presiones, algo que resulta inaceptable en una sociedad democrática. Conservo todas esas pruebas no para tomar acciones legales contra los responsables, sino para recordarme a mí misma por qué nuestra sociedad necesita un cambio de mentalidad.

– Pasemos ahora a hablar de los principales problemas. Antes de la primera vuelta se decidió enviar una carta individual a todos los rumanos, lo que causó varios problemas. ¿Puedes explicar cuáles fueron?

Para responder a esta pregunta, empezaré con una cita del Informe de la OSCE, que supervisó las elecciones presidenciales en Rumanía: «La cobertura de la mayoría de los medios de comunicación privados reflejó sesgos políticos. A3 CNN dedicó el 41% de su cobertura al Sr. Simion, en su mayoría en un tono negativo o neutro, y el 43% al Sr. Dan, en un tono neutro o positivo. Digi24 destinó el 59% de su cobertura al Sr. Simion, en su mayoría en tono negativo, y el 26% al Sr. Dan, en tono neutro. România TV dedicó la mayor parte de su cobertura al Sr. Dan (44%), en tono neutro y positivo, y ofreció al Sr. Simion un 25%, en tono neutro. Este canal también dedicó un tiempo significativo al candidato presidencial de 2024, Călin Georgescu (10%), en su mayoría en tono neutro. Realitatea Plus TV retrató al Sr. Dan (38%) principalmente de forma negativa; el Sr. Simion recibió un 29%, mayoritariamente con una cobertura neutra y positiva; y el Sr. Georgescu un 18%, en tono neutro o positivo. ProTV cubrió a los candidatos únicamente en sus programas informativos. En general, como en la primera vuelta, la falta de una distinción clara entre los formatos de cobertura, la cobertura limitada de la campaña en los informativos y la ausencia de un discurso político significativo afectaron la capacidad de los votantes para tomar una decisión informada.”

Dado que prácticamente todos los medios de comunicación generalistas en Rumanía se mostraron hostiles hacia George Simion, presentándolo falsamente como una figura malintencionada, él decidió, junto con el equipo de comunicación, enviar cartas con sus reflexiones personales, con el fin de que los rumanos pudieran conocerle tal y como es realmente, y no como lo retrataban las tácticas de desinformación. Esta fue la forma en la que pensó que podría sortear la hostilidad mediática y llegar directamente a todos los hogares del país.

Al mismo tiempo, hubo bastantes personas que no pertenecían al electorado de George Simion y que consideraron que el hecho de recibir una carta en la que aparecían su nombre y dirección vulneraba el RGPD, por lo que presentaron denuncias ante la autoridad nacional de control, que abrió una investigación al respecto, aún sin concluir.

Esta estrategia acabó teniendo un doble propósito, ya que nos permitió descubrir que en el censo electoral —que está disponible para todos los partidos— figuraban también personas fallecidas. Quienes recibieron cartas dirigidas a familiares ya fallecidos lo manifestaron en el espacio público, y nosotros trasladamos esta cuestión a las autoridades. Hasta la fecha no sabemos oficialmente cuántas personas fallecidas siguen figurando en el registro electoral, aunque también debe señalarse que no tenemos ninguna prueba de que alguna de esas personas fallecidas haya llegado a votar.

– Vimos que en la primera vuelta los candidatos de la oposición a Simion no respetaron la jornada de reflexión y lo denunciasteis. ¿Actuaron las redes sociales y las autoridades?

Según la legislación rumana, el día anterior y el propio día de las elecciones está prohibida la propaganda electoral, precisamente para dar a los votantes la oportunidad de formarse libremente su decisión de voto. Sin embargo, Nicușor Dan, quien resultó ganador de las elecciones presidenciales, no respetó estas disposiciones y llevó a cabo campaña electoral no sólo durante la primera vuelta, sino también durante la segunda, en esos días en los que expresamente está prohibida.

El principio que guió a George Simion durante toda la campaña fue el respeto a la legalidad, porque quería ganar estas elecciones de forma honesta, respetando las normas y dando a la democracia rumana la oportunidad de consolidarse sobre el Estado de derecho.

Aunque las autoridades emitieron órdenes para la retirada de contenidos ilegales —vídeos y mensajes publicados en redes sociales por Nicușor Dan durante este periodo—, las plataformas no aplicaron dichas órdenes, de modo que los mecanismos legales resultaron ineficaces.

– También se ha mencionado una fuerte censura a los influencers y periodistas conservadores. ¿A cuántas personas estimáis que se censuró y cómo ayudasteis?

En primer lugar, existía un grupo en Facebook formado por numerosos miembros que se dedicaban a denunciar de forma masiva cualquier publicación en redes sociales que considerasen contraria a su línea ideológica. Al tratarse de denuncias masivas, el algoritmo de las plataformas sociales se activaba y, como resultado, esas cuentas eran suspendidas temporalmente o incluso cerradas de forma permanente. Numerosas voces conservadoras se vieron afectadas por esta práctica. De hecho, un miembro de nuestro equipo de comunicación sigue teniendo su cuenta de Facebook suspendida. Aunque recurrimos la decisión, presentamos las conclusiones ofrecidas por la propia plataforma y señalamos la urgencia del asunto para que se resolviera en un plazo razonable, aún hoy no hemos obtenido ninguna solución.

No estamos hablando de actividades que excediesen el derecho a la libertad de expresión o que infringieran la ley, sino simplemente de contenidos y opiniones propias de voces conservadoras en Rumanía. Ya durante la pandemia observamos este fenómeno, cuando las propias plataformas censuraban a los usuarios si debatían o mencionaban cualquier tema que se apartara del discurso oficial del Estado. Como entonces, muchas de las informaciones que fueron etiquetadas como «teorías de la conspiración» han resultado ser, años después, realidades. Pero, ¿a qué precio?

En segundo lugar, la Unión Europea adoptó la Ley de Servicios Digitales y el Reglamento sobre publicidad política (2024/900), este último aún en vigor sólo de forma parcial. En paralelo, Rumanía aprobó una legislación que no es ni clara ni predecible, lo que ha generado el entorno perfecto para que surjan formas de censura. Dicha legislación fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero hasta hoy —incluso habiendo terminado ya la campaña electoral— no se ha dictado ninguna resolución, a pesar de que el asunto debería haber constituido una prioridad para los jueces constitucionales.

Además, META Platforms Limited impugnó ante los tribunales rumanos las decisiones de la Oficina Electoral Central de retirar contenido ilegal de las redes sociales y también solicitó que el asunto fuera remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Conviene señalar que las decisiones de la Oficina Electoral Central se toman con una composición de 5 jueces del Tribunal Supremo, 2 representantes de la Autoridad Electoral Permanente y 10 representantes de los partidos políticos. En estas condiciones, aunque la mayoría de las decisiones adoptadas por este organismo fueron jurídicamente correctas, también podemos identificar muchas otras en las que prevaleció el interés político, en función de cómo evolucionaban las encuestas.

Los recursos contra las decisiones de censura fueron sistemáticamente rechazados por los tribunales, que adoptaron los mismos argumentos jurídicos esgrimidos por las autoridades reguladoras para justificar la censura. Esta deferencia judicial generó un sistema cerrado en el que las decisiones de censura quedaron prácticamente blindadas frente a cualquier impugnación efectiva, a pesar de sus posibles deficiencias desde el punto de vista legal o constitucional.

Mi intención es llevar a cabo un análisis exhaustivo de la actividad censora registrada durante este periodo, para poder disponer de una perspectiva más clara y completa.

– Por último, pasemos a la segunda vuelta, ¿qué irregularidades hubo?

Según las pruebas documentadas, las elecciones presidenciales en Rumanía registraron un nivel sin precedentes de vulneraciones sistemáticas, que comprometieron de forma fundamental el proceso democrático a través de múltiples campañas diseñadas para manipular la opinión pública y los resultados electorales, generando un entorno en el que la competencia electoral justa resultó prácticamente inalcanzable.

Miembros del partido opositor que apoyaban a Nicușor Dan crearon materiales de identidad falsos, haciéndose pasar por líderes juveniles que supuestamente habían retirado su apoyo a George Simion para respaldar al candidato del sistema. Otros produjeron vídeos «deepfake» en los que se mostraba falsamente a líderes religiosos respaldando al candidato oficialista.

Quizás lo más preocupante fue el uso sistemático de la autoridad académica y profesional para dar credibilidad a narrativas de seguridad falsas. Las denuncias penales recogieron cómo ciertas figuras académicas hicieron afirmaciones manifiestamente falsas, asegurando que la justicia había «confirmado oficialmente» vínculos de George Simion con agentes extranjeros. Estas declaraciones explotaron la confianza natural en la autoridad académica en un contexto de alta tensión geopolítica, diseñadas estratégicamente para aprovechar el miedo al intervencionismo extranjero. Las afirmaciones tergiversaban deliberadamente procedimientos judiciales, presentando rechazos procesales como si fuesen confirmaciones sustantivas de graves acusaciones, convirtiendo a un candidato que defendía la soberanía nacional en alguien percibido como una amenaza exterior.

Instituciones diplomáticas también fueron utilizadas con fines partidistas. Se presentaron denuncias penales contra diplomáticos que publicaron materiales falsos y difamatorios, utilizando su autoridad institucional para etiquetar a movimientos opositores y a sus votantes como extremistas y antisemitas. Cuando diplomáticos en activo calificaban públicamente a ciertos candidatos de «amenaza para los valores democráticos», se generaba la percepción de que el propio Estado los consideraba incompatibles con los valores occidentales, activando una ansiedad de estatus entre sectores urbanos y educados, e impulsando una obediencia basada en el miedo, que evitaba un análisis racional de las políticas domésticas.

Desde el punto de vista económico, se detectó una coordinación empresarial sistemática que generó redes de manipulación. Las denuncias penales recogieron operaciones de compra de votos a gran escala, en las que empresas ofrecían incentivos y descuentos ilegales a quienes demostrasen haber votado. Estas prácticas fueron tan extendidas que incluyeron locales de ocio, instituciones culturales y establecimientos comerciales, creando tendencias virales en redes sociales que transformaron la participación electoral en una oportunidad comercial. La interferencia empresarial se extendió también al entorno laboral, donde las autoridades electorales desestimaron denuncias de coacción, argumentando que se trataba de opiniones personales, no de presiones dentro del lugar de trabajo.

La creación de un consenso de élite se apoyó en una movilización sistemática de autoridades intelectuales y culturales para generar presión social. Diversos exfuncionarios, académicos, figuras culturales y profesionales difundieron mensajes que aparentaban consenso experto cuando en realidad eran campañas de apoyo partidista, transformando preferencias personales en valoraciones profesionales que aparentaban tener una autoridad objetiva, haciendo que el apoyo a la oposición se percibiese como intelectualmente inapropiado.

Estas campañas fueron amplificadas por redes de medios que mantenían una apariencia de cobertura periodística independiente, aunque en realidad funcionaban como aparatos de propaganda. El contenido estaba diseñado para viralizarse mediante apelaciones emocionales, optimizado para distintos entornos digitales pero con un mensaje uniforme.

La devaluación de la moneda fue atribuida inmediatamente al éxito electoral de la oposición mediante mensajes mediáticos que establecieron una causalidad directa entre el cambio político y la inestabilidad económica. Las personas con préstamos a tipo variable sintieron temor a sufrir consecuencias personales inmediatas derivadas de sus decisiones políticas, lo que incentivó un comportamiento electoral basado en el riesgo económico y no en la expresión democrática.

Estos aspectos que forman parte del discurso público coinciden con lo que Pavel Durov, fundador de Telegram, ha afirmado públicamente, y son cuestiones que deben ser investigadas, porque resultan inaceptables en un Estado que, según la Constitución, se define como democrático.

Además, varios ciudadanos han denunciado casos que se enmarcarían dentro del llamado «turismo electoral», especialmente desde y hacia Moldavia, lo cual debería ser investigado y podría explicar las anomalías detectadas por nuestros expertos internacionales, como el aumento atípico en la participación electoral y la diferencia de votos a favor de Nicușor Dan en ciertos colegios electorales, cuando estadísticamente la tendencia debería haber sido la contraria.

Por último, me gustaría citar nuevamente el informe de la OSCE: “Se detectaron casos de presencia de personas no autorizadas dentro de los colegios electorales, incluyendo agentes de policía que acudieron sin ser requeridos por el presidente de mesa, y que en ocasiones actuaron como organizadores de la fila o verificaron las acreditaciones de los observadores por iniciativa propia, desafiando las disposiciones legales. En algunas zonas rurales, también se observó la presencia de alcaldes en los centros de votación. Dado que los locales electorales no cambiaron respecto a la primera vuelta, la accesibilidad siguió siendo una cuestión crítica, ya que muchos carecían de acceso autónomo para personas con discapacidad».

De entre todas estas irregularidades —y aquí solo he presentado algunas—, lo más alarmante fue el fracaso sistemático de los recursos legales y regulatorios para proporcionar protección efectiva durante el crítico periodo electoral de 45 días. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se mostraron completamente incapaces de enfrentar operaciones de influencia sofisticadas, coacción económica, desinformación institucional y manipulación, en plazos que permitiesen salvaguardar la integridad del proceso electoral. Este fallo regulatorio permitió que todas estas actividades cumplieran su propósito y persistieran durante todo el proceso, revelando deficiencias estructurales en los mecanismos democráticos de protección frente a técnicas modernas de influencia híbrida dirigidas a los sistemas electorales.

– Mencionas el caso moldavo y el francés, ¿cómo preparasteis el recurso ante el Tribunal Constitucional rumano?

El recurso de anulación de las elecciones fue preparado por los miembros del equipo jurídico, no por mí directamente. Mi participación consistió únicamente en aportar apoyo en relación con ciertas pruebas que obtuve, entre las que se incluían un informe pericial estadístico y un registro de las denuncias presentadas durante el periodo de campaña electoral. Las pruebas presentadas fueron, en su mayoría, extraídas del espacio público, ya que el plazo disponible era muy corto, sobre todo teniendo en cuenta que, en una primera fase, no existía una estrategia definida para impugnar los resultados presidenciales, y las vulneraciones observadas requerían una investigación extensa para que el Tribunal Constitucional pudiera evaluar su impacto en el proceso electoral, y no simplemente constatar su existencia.

Por otro lado, es cierto que previamente, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló ilegalmente todo el proceso electoral, lo que en teoría habría creado la base jurisprudencial necesaria para que se dictase una resolución similar en esta ocasión. Sin embargo, probablemente se cometieron tantas infracciones precisamente porque se confiaba en que resultaría inviable anular nuevamente los comicios, ya que ello hubiese provocado un desastre económico y afectado gravemente la imagen y la estabilidad democrática de Rumanía, que llevaba ya demasiados meses con una dirección interina no elegida por sufragio popular.

En estas condiciones, resultaba casi imposible que las elecciones fueran anuladas de nuevo. Tanto a nivel interno como en las relaciones con los socios internacionales, era imprescindible saber con quién se estaban negociando las futuras decisiones. Así que, al final, un presidente elegido tras tantas irregularidades era visto como preferible a no tener presidente elegido alguno.

– Sobre Francia, quiero mencionarlo como algo importante: ¿habéis estado en contacto con el equipo de Durov?

Después de leer públicamente que Pavel Durov expresó su intención de testificar ante el Tribunal Constitucional de Rumanía en relación con el hecho de que representantes del Estado francés le habrían solicitado, de forma directa o indirecta, censurar a voces conservadoras rumanas en Telegram, además de haber solicitado formalmente al Tribunal Constitucional que se le escuche por videoconferencia en relación con estos hechos, puedo confirmar que establecimos contacto con el equipo de Durov.

– Para finalizar, sabemos que el Tribunal Constitucional de Rumanía ha rechazado el recurso. ¿Cuál es el siguiente paso?

Sin hablar en mi calidad de abogada de George Simion, considero que, antes de avanzar, debemos esclarecer las circunstancias en las que se celebraron las elecciones presidenciales de mayo de 2025, es decir, debe elaborarse un informe independiente sobre la censura y las operaciones de desinformación masiva, así como sobre el impacto que estas tuvieron en el proceso electoral, y dicho informe debe hacerse público.

Es necesario determinar si realmente existieron los problemas que hemos señalado o no y, en caso afirmativo, identificar las mejores formas de prevenirlos en futuras elecciones, no sólo en Rumanía, sino también en otros Estados democráticos, así como encontrar mecanismos óptimos para abordarlos de manera oportuna.

Soy una firme defensora de la libertad de expresión y prefiero fomentar el desarrollo del pensamiento crítico entre la población antes que recurrir a cualquier forma de censura. Sin embargo, considero que sí debe abordarse el fenómeno de las posibles campañas de desinformación y manipulación coordinadas, que apelan a las vulnerabilidades psicológicas de la población objetivo.

Al mismo tiempo, existe un recurso jurídico a nivel internacional previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Rumanía en 1974, que se refiere al derecho a «votar y ser elegido en elecciones auténticas, periódicas, por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores», así como a la competencia de los órganos de la ONU para pronunciarse sobre dichas violaciones, según el Protocolo I de dicho Pacto. Según la Observación General del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, «cualquier interferencia abusiva en el registro o en el voto, así como la intimidación o coacción de los votantes, debe estar prohibida por las leyes penales, y estas deben aplicarse estrictamente. Las campañas de educación y registro electoral son necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en el artículo 25 por parte de una comunidad informada».

Asimismo, se establece que «las elecciones deben celebrarse de forma justa y libre, de manera periódica, en el marco de leyes que garanticen el ejercicio efectivo del derecho al voto. Las personas con derecho a voto deben poder votar libremente por cualquier candidato o propuesta sometida a referéndum o plebiscito, y apoyar u oponerse al gobierno sin sufrir presiones indebidas ni coerción de ningún tipo que distorsione o inhiba la libre expresión de la voluntad del elector. Los votantes deben poder formarse una opinión de manera independiente, sin violencia ni amenaza de violencia, sin coacción, incentivos ni interferencias manipuladoras de ningún tipo».

No obstante, nos encontramos en una situación en la que debemos valorar si continuar por la vía judicial sirve al interés público, o si resulta más adecuado realizar un análisis exhaustivo de esta situación mediante el informe mencionado, examinar también otras cuestiones detectadas y abogar por políticas públicas en el ámbito de la UE que permitan transformar este sistema y reforzar los principios democráticos en las naciones del Mundo Libre.

Por el contrario, no puedo imaginar que se produzca un cambio significativo a nivel nacional en los próximos cuatro años, teniendo en cuenta que el movimiento soberanista —que obtuvo más de 5,3 millones de votos a favor de George Simion— permanece marginado en el Parlamento, a pesar de que AUR es el segundo partido parlamentario en número de votos, y que el establishment ha bloqueado sistemáticamente casi todas sus propuestas legislativas hasta la fecha. Por ello, creo que el avance hacia una democracia real vendrá más probablemente a través de la influencia o las buenas prácticas de otros movimientos conservadores de la Unión Europea y de Estados Unidos. Estos movimientos conservadores siempre encontrarán una actitud abierta por parte de los soberanistas rumanos hacia políticas que respeten la soberanía del Estado, los derechos humanos y los principios democráticos.