Almeida instala 500 cámaras en ZBE no solo para multar pese a ser ilegales, sino también para controlar y vigilar a los ciudadanos

El alcalde del PP de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en marcha una estrategia que, bajo la apariencia de control del tráfico mediante las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid 360, parece esconder un objetivo mucho más ambicioso: el control poblacional. A día de hoy, casi 500 cámaras vigilan los accesos a estas áreas, no solo para imponer multas –que ya han sido declaradas ilegales en varias sentencias judiciales–, sino también como una prueba piloto de un sistema masivo de vigilancia.

Las cámaras de Madrid 360: multas y control ciudadano

Desde septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Madrid ha sancionado a cerca de dos millones de conductores, recaudando más de 370 millones de euros en concepto de multas por acceder a las ZBE sin autorización. Sin embargo, estas sanciones han sido objeto de múltiples recursos y críticas, no solo por parte de los ciudadanos, sino también de organizaciones como AEA (Automovilistas Europeos Asociados), que han logrado importantes victorias judiciales en defensa de los derechos de los conductores, tal como recoge Voz Populi.

En un caso reciente, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid anuló una multa de 200 euros impuesta a un conductor en la M-30. La sentencia señala que “en la fotografía que aporta el consistorio madrileño como única prueba de cargo para acreditar la infracción no consta señal de limitación alguna”, lo que pone en entredicho la legalidad de todas las multas similares emitidas hasta ahora.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, afirmó que “esta sentencia constituye un nuevo e importante precedente judicial en el que, mediante un fundamentado razonamiento jurídico, recuerda […] que la insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”. En otras palabras, las multas carecen de base legal sólida, y los conductores no están obligados a demostrar su inocencia.

Madrid 360: un modelo de vigilancia masiva

Aunque el objetivo declarado de estas cámaras es restringir la circulación de vehículos contaminantes en las ZBE, las implicaciones van mucho más allá. Las 500 cámaras de Madrid 360 no solo registran matrículas, sino que podrían, en el futuro, monitorizar dónde vamos, con quién nos reunimos o incluso nuestras preferencias de consumo, generando un sistema de control poblacional sin precedentes.

La oposición a esta medida no solo se basa en su falta de legalidad, sino también en el impacto que tiene sobre la privacidad y las libertades individuales. La instalación masiva de cámaras, además de utilizar a los madrileños como conejillos de indias para un sistema de vigilancia más amplio, atenta contra a privacidad y la libertad de movimiento.

Un alcalde globalista con doble estrategia

La gestión de José Luis Martínez-Almeida ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por su traición electoral. Por un lado, presenta Madrid 360 como una solución medioambiental innovadora, cuando es mas restrictiva que Madrid Central y que su derogación fue su bandera electoral. Por otro, insiste en implementar un sistema de multas que ya ha sido declarado ilegal por los tribunales. Esto constata que no le mueve los intereses de los madrileños ni medioambientales sino intereses oscuros subyacentes.

Además, las ZBE no han logrado el consenso social que el Ayuntamiento esperaba. Más de un millón de madrileños han visto restringida su movilidad, mientras que los recursos legales y el malestar ciudadano continúan en aumento. Es evidente que el modelo de Madrid 360 no es sostenible ni desde el punto de vista legal ni desde el social.

Un modelo insostenible e ilegal

La insistencia en imponer sanciones ilegales y en instalar más cámaras en las ZBE solo agrava el problema. El globalista del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha convertido a Madrid en un laboratorio de control poblacional, mientras ignora las sentencias judiciales y el clamor ciudadano. Como ha señalado AEA, “ninguno de los casi dos millones de expedientes sancionadores […] cumple con el requisito de que en la foto aparezca alguna señal de limitación”, lo que debería llevar a la anulación de todas las multas.

La batalla por las ZBE no es solo una lucha por la movilidad, sino por la defensa de las libertades individuales. Madrid merece un modelo que respete a sus ciudadanos y cumpla con la legalidad, no un sistema opresivo que pone en riesgo nuestra privacidad y derechos fundamentales.