Los indicadores de Bienestar Social | Eusebio Alonso

El Bienestar Social, según el diccionario panhispánico del español jurídico, es el objetivo que debe asegurar el gobierno de una nación para garantizar la felicidad de sus ciudadanos.

El Bienestar Social es un concepto que tiene muchos aspectos. Muchos de estos aspectos son difíciles de cuantificar y se precisaría recurrir a mecanismos que mediante analogías ayudasen en el proceso de cuantificación. Recordemos, una vez más, la célebre frase de Lord Kelvin afirmando que lo no se puede medir, no se puede mejorar. Por las mismas razones, tampoco se podrían hacer comparaciones precisas sobre la evolución del algo que no se puede medir.  

Un  indicador se define  como la expresión  numérica  directa de  un fenómeno  cuantificable,  cuya  evolución  rinde  cuenta de otro  fenómeno no cuantificable,  que se pretende  valorar de forma numérica. Los  indicadores  de Bienestar Social  permitirían tener una medida del estado de éste y sus cambios a través del tiempo, en sus dimensiones y aspectos principales.

¿Cuáles son los principales aspectos que determinan al Bienestar Social?

La Renta per cápita (PIB per cápita). Se obtiene dividiendo la riqueza producida en un país durante un año entre el número de habitantes de éste. Este cálculo supone una estimación de la riqueza media por individuo. Sin embargo, la renta per cápita no estima la diferencia existente entre ricos y pobres, por lo que no resulta un índice concluyente y algunos podrían argumentar que es engañoso. Se necesitaría una medida de desviación que permitiera conocer si hay mucha dispersión en la distribución de riqueza respecto de la media o no. Desgraciadamente, la obtención de la dispersión plantearía un problema de recopilación minuciosa de datos que no plantea el cálculo de la renta per cápita. En los países de economía liberal la renta per cápita es siempre mucho más elevada que en los países de economía socialista. Muy posiblemente también lo sería la dispersión de la riqueza si ésta se pudiese medir con facilidad. Tal vez sea porque el Socialismo suele igualar a los individuos en la pobreza, con excepción, claro está, de los que pertenecen a su clase dirigente.

Esperanza de Vida. Este indicador determina el número de años que vive por término medio el ciudadano de un país. Mediría también, de forma indirecta, la calidad del sistema sanitario de ese país. Desgraciadamente, este indicador no permite conocer la calidad de vida del individuo que llega a esa edad. Sin embargo, cabe pensar, de forma intuitiva, que ésta será mejor que la de los ciudadanos de aquellos países en los que este la Esperanza de Vida es más bajo.

Tasa de Empleo. Para que el ser humano tenga una vida digna se le debe dar la oportunidad de trabajar. Eso le permite ganarse la vida con su propio esfuerzo en lugar de tener que vivir de la caridad y del esfuerzo de otros. El trabajo crea riqueza en los bolsillos de los ciudadanos y también en los del Estado gracias a los impuestos. Con los impuestos, si éstos son empleados adecuadamente, se mejora la calidad de vida de todos.

La creación de empleo obedece, generalmente, a la iniciativa privada en los países de economía liberal, en los que el Estado se limita a favorecer la creación de empresas. En los países de economía socialista predomina la creación de puestos de trabajo en el sector público que no siempre se ajustan a las necesidades reales del país. De todos es sabido que hay Administraciones que funcionan perfectamente con pocos servidores públicos, mientras que hay otras que no lo hacen disponiendo de muchos más. No siempre es cuestión del número de servidores públicos o de una mayor informatización, sino de la existencia de procedimientos eficientes. De la misma manera, hay países que tienen muchos menos políticos que otros y eso no va en menoscabo del bienestar de sus ciudadanos.

Acceso a la Educación. Este indicador debería tener dos vertientes:

• Por un lado, la universalidad del acceso a las oportunidades educativas a todos los ciudadanos legales del país.
• Por otro lado, la libertad de elección que es la capacidad de poder elegir la educación que desees para tus hijos sin que ello suponga un sobrecoste. Este segundo aspecto se satisfaría con el cheque escolar, con el que el Estado te reembolsaría el dinero que invertiría en una plaza pública para tu hijo si finalmente decides libremente llevarlo a un centro privado. El cheque escolar favorece la competencia, y ésta la calidad del servicio.

Todos sabemos que, por desgracia, hay regiones de España en los que no se garantiza el derecho de los ciudadanos a utilizar el idioma español como lengua vehicular en la enseñanza. Esta agresión a la libertad, por interés estrictamente político, se vería seriamente dificultada si se pudiera usar el cheque escolar. Los partidos independentistas y la izquierda no aceptan el cheque escolar porque la libertad de elección de los ciudadanos les privaría, en buena medida, de ejercer su adoctrinamiento en las aulas.

Salud física, mental y emocional. Este indicador debería ser muy parecido al anterior.

• Tendría que ser universal para los ciudadanos legales del país en la medida de las posibilidades de éste, evitando paradojas, como ocurre en España, de que la atención dental no esté cubierta por el sistema sanitario público pero sí el cambio de sexo. Como resulta imposible que haya unanimidad en establecer las prioridades de lo que sí y lo que no debe estar cubierto por el sistema sanitario, lo mejor sería que los gastos sanitarios en los que no haya consenso ciudadano estén financiados con las aportaciones que cada ciudadano haga en su declaración de la renta marcando unas casillas como actualmente ya las hay para la Iglesia y fines de interés Social, sin que ello le suponga un sobrecoste impositivo. Esta idea podría también aplicarse a muchas más cosas como la financiación de sindicatos, lobbies ideológicos, etc.
• Tendría que existir un cheque sanitario para que cada uno pudiese elegir, sin perjuicio, la sanidad que prefiera. Esto favorecería la competencia, y ésta, a su vez, la calidad del servicio.

Acceso a la Vivienda. Un indicador que podría servir para medir la capacidad de acceso a la vivienda es el número de años de salario medio neto de los miembros de la unidad familiar que requeriría pagar una vivienda, asegurando que ésta tenga una superficie por ocupante digna (no inferior a 20 m2 por ocupante). El acceso al equipamiento básico de la vivienda debería incluirse en este indicativo de Bienestar.

El precio de la vivienda no es igual en todas las regiones de España como resultado inevitable de la oferta y la demanda. Un Estado preocupado por este indicador debería esforzarse en liberalizar, para la construcción, el uso del suelo no protegido, y reducir los impuestos y gravámenes aplicados a la adquisición de viviendas. Con esto se abarataría la oferta de vivienda sensiblemente.

En países como Suiza, el Estado construye viviendas con los fondos de las pensiones y los pone en alquiler. Esta circunstancia permite, por un lado, revalorizar las aportaciones que los ciudadanos hacen a las pensiones, mejorando su capitalización y, por otro, poner al alcance de los ciudadanos viviendas de alquiler a un coste asequible. Estas viviendas propiedad del Estado podrían venderse en función de lo que requiera la necesidad del momento. Una oferta pública razonable supondría, además, una competencia con el mercado inmobiliario privado. Circunstancia que siempre ayudaría a mejorar precios y calidades sin necesidad de legislaciones intrusivas.

Sin ánimo de ir más allá de una de una simple comparación de indicadores, se puede afirmar que el ministerio de la Vivienda creado por Franco ofertaba vivienda pública familiar en los años 50 y 60, tras la aprobación de la ley del suelo (1957), a un precio entre dos y tres salarios medios netos anuales, mientras que en la actualidad este indicativo estaría sensiblemente por encima de los 10 salarios netos anuales. Es obvio que en este aspecto se ha retrocedido mucho el Bienestar Social.

Presión Fiscal. Es la relación que existe entre los ingresos de la Hacienda Pública y el PIB de un país. Este indicativo en España está alrededor del 40% muy por encima del 34% que es el valor medio de los países de la OCDE. Esto solo puede obedecer al sobrecoste político y a la ineficacia y alegría con que se administran los fondos públicos.

Calidad de la democracia. Este indicador debe incluir aspectos como:

• Igualdad ante la ley de los ciudadanos. Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley independientemente de su raza, sexo, procedencia y creencias. España no es un buen referente en este aspecto al tener vigente la llamada ley de violencia de género que aplica diferentes penas por el mismo delito según lo cometa un hombre o una mujer. El régimen impositivo varía también según la comunidad autónoma en la que vivas.
• Independencia de poderes. Montesquieu afirmaba en su obra “El espíritu de las leyes” que no existe una auténtica democracia cuando no hay independencia de poderes. Se refería a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La Prensa sería en la actualidad un cuarto poder, ya que no se limita a informar, sino que crea opinión que puede influir de forma determinante en el resultado electoral. Es obvio que la independencia de poderes es muy discutible en la España actual dado que las mayorías legislativas eligen al poder Ejecutivo, los órganos relevantes de la judicatura son elegidos por los políticos y la prensa está subvencionada descaradamente por el poder político.
• Responsabilidad de gobierno. Un partido en el gobierno de un país debería buscar fórmulas de consenso con los partidos de mayor representación para que las políticas nacionales pudieran tener continuidad, evitando que leyes importantes pudieran ser derogadas en el momento en que llegase otro partido al poder. También debería someterse a auditorias independientes sobre cumplimiento de su programa electoral, instaurándose, por otra parte, el delito electoral que establezca penas de cárcel e inhabilitación para los gobernantes que no respeten sus compromisos.
• Libertad de opinión. La opinión discrepante, mientras se exprese de forma civilizada, debería estar permitida, y favorecerse el debate público sobre los temas de actualidad en los medios de comunicación para que los ciudadanos pudieran informarse con todos los puntos de vista.
• Protección de la propiedad privada. Cualquier democracia que se precie de serlo debe permitir el acceso a la propiedad privada y su legislación debe proteger celosamente este derecho. Por desgracia, nuestro país no cuida demasiado este aspecto. Entre otras razones porque mantiene un impuesto trasnochado como el del patrimonio que exige que se pague todos los años por aquello que ya ha pagado sus impuestos, así como por el hecho de tener una legislación laxa frente al delito de ocupación de vivienda.

Disponer de un sistema objetivo de medida de indicadores de Bienestar Social cuyo cálculo sea fiable y no sujeto a trampas, ayudaría a aprobar la gestión realizada por un partido político en el poder y a evitar las derivas totalitarias encubiertas que partidos de dudosas convicciones democráticas pudieran provocar. La tarea de votar para un ciudadano que no estuviera polarizado por unas siglas resultaría mucho más fácil. El ciudadano decidiría su voto, muy posiblemente, dando más peso a la evolución de los indicativos de Bienestar Social alcanzados en épocas de gobierno de cada partido antes que a las promesas electorales que, como todos sabemos, no suelen cumplirse.