Inmigración en España. Diferenciando entre xenofobia y sentido común | Eusebio Alonso

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El fenómeno de las migraciones humanas ha existido desde que el mundo es mundo. Tras la revolución industrial, y en especial durante el siglo XX hasta la actualidad, las migraciones humanas se han acentuado en dirección hacia países más ricos y más libres. La historia demuestra, a pesar de que muchos se empeñan machaconamente en negarlo, que ambas características, riqueza y libertad, van estrechamente unidas.

Aun reconociendo que la inmigración es un fenómeno complejo que no se debe trivializar, entiendo que tuvo en su origen dos causas fundamentales. Estas son:

  • Búsqueda de mejores condiciones de vida personales y familiares a cambio de trabajo y buena disposición para la integración en el país de acogida.
  • Consecuencia de la persecución hacia individuos o colectivos en el país de procedencia. En este apartado se encontrarían aquellos que han tenido que abandonar su país por motivo de persecución política, religiosa, racial o como consecuencia de leyes que cuestionan abiertamente los derechos humanos. Estos países suelen ser, en su inmensa mayoría, teocracias o dictaduras de izquierdas incompatibles con la libertad. Los que son objeto de este tipo de persecuciones, excluyendo, claro está, a aquellos que huyen de la justicia por delitos comunes, son los únicos que pueden recibir la denominación de refugiados.

Digo que estas fueron las causas “en su origen” porque, como ya veremos más adelante, hoy en día parecen existir otras razones espurias que pervierten, y hasta pueden minimizar, el efecto migratorio que obedece a las causas citadas anteriormente.

VENTAJAS DE LA INMIGRACIÓN

Antes de que el amable lector pueda concluir que pretendo hacer un panegírico en contra de la inmigración, me gustaría mencionar que el fenómeno de la inmigración legal conlleva ciertas ventajas que no se deben menospreciar. Estas son, principalmente:

La inmigración permite asegurar la continuidad de sociedades que, como la nuestra, han decidido llevar a cabo, tal vez de forma inconsciente, un suicidio demográfico. Me refiero a aquellas sociedades cuya natalidad está por debajo de la tasa de reemplazo, situada en 2,1 hijos por mujer, sea como resultado de convicciones ideológicas, pérdida de valores o por mera comodidad. Una prueba evidente de la influencia de la ideología en la caída de la natalidad es el enorme número de abortos, más de 100.000, que se producen cada año en nuestro país. Abortos que parecen haberse convertido en la única opción que ofrece una sociedad como la nuestra, cada vez más indigente en valores humanos, a las diferentes dificultades que se pueden presentar para afrontar la maternidad.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones existente en España se basa en el concepto de solidaridad intergeneracional, muy diferente al de capitalización de aportaciones que no necesita depender de la natalidad. Es decir, en el sistema de solidaridad intergeneracional, la cotización de las generaciones en activo paga las pensiones de los que están en ese momento jubilados, como ya lo hicieron los actuales jubilados con la generación de jubilados que les antecedió. Resulta obvio, que este sistema se cae cuando la base de la pirámide de población no es suficientemente amplia para garantizar que las cotizaciones aseguren las pensiones de los jubilados existentes en ese momento. La alternativa a la natalidad es la inmigración ordenada y coherente. La opción chusca sería compensar el déficit del sistema de pensiones con nuevos impuestos. Esta opción no resolvería el problema a largo plazo, sino que agravaría la situación enormemente y nos metería en una vorágine de catastrófico final. ¡Cuidado con las soluciones fáciles a las que nos tienen acostumbrados los políticos mediocres tan abundantes hoy día!

La llegada de inmigración posibilita el mestizaje racial y cultural. Fenómeno positivo que podríamos denominar como integración, pero que requiere una disposición adecuada, fundamentalmente en el inmigrante que es acogido. Esta integración, desgraciadamente, no siempre es posible, ya que no todas las culturas están abiertas a permitir el citado proceso. La mencionada limitación cultural podría imponerla tanto el país de acogida como los propios inmigrantes que llegan a él.

Ya sabemos que no todas las culturas son fácilmente integrables. Todos conocemos que hay rasgos culturales, entre los que se encuentra fundamentalmente la religión, que pueden limitar gravemente la integración en una sociedad civilizada que defienda la igualdad del hombre y la mujer, la libertad de credo, la prevalencia de las reglas del juego social como es la legislación vigente por encima de las convicciones religiosas y que condene sin rodeos el terrorismo como herramienta para subvertir a la sociedad. El caso del islam es un ejemplo paradigmático de culturas de difícil integración. En los países que profesan mayoritariamente esta religión no se aplica el principio de reciprocidad con los países occidentales que posibilite una auténtica libertad de culto. Muy al contrario, cualquier otra religión se considera fuera de la ley y es perseguida. No es necesario ser vidente para prever que es lo que podría llegar a suceder en una sociedad como la nuestra si algún día el islam llega a ser la religión mayoritaria. Estas dificultades culturales no se suelen superar, ni siquiera con la llegada de las nuevas generaciones, como atestiguan claramente los ejemplos de países como Bélgica, Francia o Alemania. No deberíamos menospreciar las palabras de Bumedian, en 1974 ante la asamblea de la ONU, cuando dijo aquello de “el vientre de nuestras mujeres nos dará la victoria”. Supongo que no es necesario explicar lo que esta cita significa.

Es curioso que países árabes ricos como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar, por poner solo unos ejemplos, no acepten migraciones procedentes de otros países islámicos vecinos. Ni siquiera aquellas provenientes de países en conflicto. Me malicio que tal vez piensen que si éstas se dirigen a países occidentales pueden ser más rentables a largo plazo para la expansión del islam.

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE INTERÉS REFERENTES A LA INMIGRACIÓN

Si hay un criterio genérico que debería prevalecer en la acogida de la inmigración, éste debería ser, como poco, el mantener el EQUILIBRIO previo de indicadores de bienestar social en el país de acogida. La pérdida de este equilibrio puede acarrear consecuencias muy graves. El respeto de este equilibrio yo lo traduciría en lo siguiente:

La inmigración debería estar sometida a una regulación sensata que, además, sea leal, en primer lugar, a los intereses de los ciudadanos del país de acogida. No parecería sensato que un país con una tasa de paro alta y con escasa capacidad de crear empleo, acoja inmigrantes de forma ilimitada. Una actitud tan insensata conllevaría, obviamente, graves problemas, principalmente de escasez de recursos y de orden público a poco tardar.

Solo tiene sentido acoger a inmigrantes cuya presencia “sume” en la sociedad de acogida. Me refiero a aquellos que tengan algo que aportar, como mínimo actitud para trabajar y disposición a pagar impuestos, y que acepten y respeten las reglas del juego del país de acogida: leyes, idioma, cultura, costumbres. Una inmigración bien regulada, que tenga en cuenta las necesidades del país de acogida, daría preferencia a personas cuya formación permita cubrir necesidades sociales y cuya cultura sea integrable, evitando crear un germen potencial de conflictos a futuro.

La acogida de inmigrantes requiere de un redimensionado de las atenciones sociales a las necesidades de los recién llegados. Con ello me refiero a la sanidad, educación, vivienda, servicios sociales y seguridad. Este redimensionado, si el equilibrio inicial se respeta, debería limitarse a aumentarse de forma proporcional a la masa migratoria acogida. Si la proporción estimada no resultase equilibrada, sería debido a que la legislación migratoria no es adecuada, a que ésta no se cumple, o a que la inmigración recibida no es la que el país de acogida precisa. Esto se pondría de manifiesto, por ejemplo, cuando se tiene que hacer un esfuerzo desmedido en seguridad y en dotación carcelaria para atajar un fenómeno extra de delincuencia que no se ajuste a la proporción por habitante existente previamente en el país de acogida.

La inmigración recibida debe asegurar, como mucho a medio plazo, el equilibrio o la mejora económica del país que la recibe. Es decir, que las nuevas cotizaciones e impuestos derivados de la inmigración recibida equilibren, como poco, los gastos extras que requiera hacer la sociedad para atender las necesidades de los recién llegados. Este equilibrio es fundamental para que la acogida de inmigrantes no produzca una progresiva degradación de la calidad de vida de todos los ciudadanos del país de acogida.

La realidad que vivimos en España, como también ocurre en buena parte de Europa, dista mucho de ser la que dicta la sensatez. Los hechos que justifican esta afirmación son los siguientes:

  • España es un país con una de las tasas de paro más altas del mundo civilizado, alrededor del 13%. En consecuencia, no parece ser un país que pueda dar trabajo a demasiados inmigrantes. Ni siquiera lo va a haber para aquellos que vengan con intención sincera de trabajar. ¡Qué obviedad! ¿No? Sí, pero ¿por qué vendrían si resulta tan obvio que esta sociedad no tiene recursos suficientes para acogerlos? ¿Cuáles pueden ser las expectativas futuras de un país como el nuestro si la inmigración sigue creciendo de forma descontrolada? ¿Se está tomando alguna medida sensata para evitar lo peor, o es que la inacción de los gobiernos obedece a alguna consigna recibida de poderes superiores?
  • La inmigración ilegal en España crece, año tras año, de forma exponencial porque los medios disponibles para frenarla, principalmente en nuestra frontera Sur, no son ni suficientes ni adecuados. Por otra parte, las fuerzas de seguridad encargadas de proteger la frontera tienen que limitar su respuesta ante las oleadas violentas que periódicamente sufren las vallas de Ceuta y Melilla porque no se sienten respaldados por los responsables políticos. ¿Cuál es el trato que debería darse a los que violentan nuestras fronteras? Antes de responder a esta pregunta convendría que pensásemos cual sería nuestra previsible actuación frente a alguien que entra violentamente en nuestra casa.
  • Por mar llegan pateras procedentes principalmente de Mauritania, organizadas por mafias de tráfico de personas. Mafias que no son perseguidas eficazmente, muy posiblemente, porque haya poderosos intereses que lo evitan. Seguir la pista del dinero, y actuar de forma coordinada con otros países que sufren los mismos problemas, bastaría para dificultar enormemente el funcionamiento de estas mafias, pero no se hace.
  • Como medida provisional, para evitar el caos más absoluto, la única solución que se aplica para atender a la inmigración ilegal recibida es dar alojamiento y subvenciones a los recién llegados con objeto de limitar el incremento de la delincuencia, así como aumentar la dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la cabida de los establecimientos penitenciarios. Esta pobre respuesta solo puede producir un efecto llamada para que el proceso inmigratorio irregular se acentúe aún más.
  • No se devuelve a los que han entrado ilegalmente porque muchos de ellos han extraviado intencionadamente sus papeles para evitar ser extraditados. Sin embargo, eso no les impide tener acceso a la llamada asistencia humanitaria que se financia con los impuestos de todos. Por otra parte, cuando se trata de niños, el Estado se hace cargo de ellos en los centros de acogida de menores, con un enorme coste, en lugar de devolverlos con sus familias que es donde mejor podrían estar.

En España se ha incrementado el número de delitos, especialmente los de tipo sexual, por aquellos cuya cultura percibe a la mujer de forma desigual al hombre e interpretan determinados comportamientos de ésta como una provocación para su cultura. Estos rasgos vuelven a ponernos en la pista del tipo de inmigración que no es, en absoluto, adecuada para nuestro país. La diferencia cultural no es excusa que suscite, al menos por mi parte, compresión alguna ante un comportamiento delictivo. Me preocuparía que esta afirmación se entendiera como un rasgo de xenofobia en alguna mente adoctrinada incapaz de hacer un mínimo análisis crítico de la situación.

Con datos de 2023, se puede llegar a conclusiones interesantes si consideramos la proporción de españoles y de extranjeros entre la población reclusa.

Tabla 1. Población penitenciaria en España (ver fe de erratas al final del artículo)

Recurriendo a un simple análisis basado en un cálculo elemental de probabilidades en el que se compara el número de españoles y su representación penitenciaria, y el número de extranjeros y la suya, se llega a la conclusión de que la probabilidad de estar en la cárcel, siendo extranjero, resulta 6,94 (ver fe de erratas al final del artículo) veces superior a la de estar encarcelado siendo español. Admitiendo que la judicatura no tenga un sesgo xenófobo en lo que respecta a la aplicación de la ley, cosa que es bastante razonable, parece lógico decir que no pocos extranjeros, mayoritariamente ilegales, están en España con intención de delinquir. Esto no significa que todo inmigrante sea un delincuente. Sería tremendamente injusto meter en el mismo saco a todos. Tan solo que la probabilidad de que lo sea es cerca de 7 veces superior a la debida a la delincuencia de origen español. Culpen si lo desean a la estadística de ello. No a mí.

En mi opinión se pueden sacar dos conclusiones: La primera es que, al día de hoy, en España hay una cierta relación estadística entre inmigración y delincuencia. Muy probablemente debida a la inmigración ilegal. La segunda es que la legislación española es demasiado tolerante con la delincuencia foránea, porque, de no ser así, esos extranjeros que vienen con intención de delinquir, buscarían otro país más cómodo para sus intereses.

Existe un silencio mediático hacia los delitos cometidos por inmigrantes bajo la supuesta excusa de evitar hipotéticos brotes xenófobos en la población, obviando el derecho de la ciudadanía a estar puntualmente informada. Aunque los medios puedan llegar a mencionar el delito, muchos ocultan intencionadamente la nacionalidad de los que los cometen. Circunstancia que recuerda los monólogos del genial Gila cuando decía aquello de «alguien ha matado a alguien». Si no fuera tan patético daría hasta risa. En un asunto tan relevante como es la política migratoria, las autoridades siguen evitando dar explicaciones que pudieran informar a la población sobre los objetivos y la estrategia que se va a seguir para poder alcanzarlos, qué seguimiento se va a hacer y cómo se va a lidiar con los problemas que surjan entre tanto. Sin duda hay que corresponsabilizar de ello tanto al gobierno como a la oposición que permiten, como lo haría don Tancredo, que el problema crezca de forma indefinida sin mover ficha. Aunque escenifiquen esporádicamente algún desacuerdo, parece existir un pacto tácito entre PP y PSOE para que la política de inmigración se excluya de las campañas electorales. Solo cabe pensar que, en materia de inmigración, como en tantas otras cosas, ambos defienden los mismos intereses: aquellos de quien les paga. Y no me estoy refiriendo ahora a los españoles a los que han jurado fidelidad. En breve tenemos una gran oportunidad, en las próximas elecciones europeas, para respaldar, o no, a los políticos que nos han metido en este lío. Sin embargo, algunos países valientes como Italia, conscientes del grave problema al que se enfrentan, ya han empezado a aplicar medidas efectivas de control de la inmigración ilegal como es el cierre de sus puertos a barcos de determinadas organizaciones y a efectuar devoluciones en caliente de ilegales a sus países de origen.

Me cuesta mucho trabajo creer que la causa de la inmigración ilegal que de forma mayoritaria cruza actualmente nuestras fronteras se ajuste a los patrones de búsqueda de mejores condiciones de vida o por razones de persecución en el país de origen como citábamos al comienzo de este artículo.

Lejos de buscar soluciones inteligentes y definitivas, lo único que se le ha ocurrido a la clase política española es habilitar nuevos mecanismos de legalización de inmigrantes irregulares que se salten la legislación vigente.  Como consecuencia de una reciente IPL (iniciativa legislativa popular), de origen bastante cuestionable, este año se quiere legalizar de golpe a más de 500.000 ilegales de los que actualmente existen en nuestro país. A poco sensatos que seamos, podremos entender que la legalización de la situación de una masa migratoria no basta, por sí sola, para resolver el problema que lleva asociado, salvo que estén pensando en nuevos mecanismos de justificación para que éstos vivan a costa de los pocos, cada vez menos, que siguen pagando sus impuestos. Los derechos adquiridos de reunificación familiar podrán aumentar esta cifra inicial por encima del millón de nuevos ciudadanos. Creo sinceramente que este país ya no da más de sí. Cabe preguntarse también cuales son las expectativas de una clase política que lejos de hacer leyes que adapten el flujo migratorio a las necesidades reales (equilibrio), busca la inmediata legalización de todo el que entre aquí. Tal vez solo piensen en un mercado electoral cautivo que recompense a aquel partido que premia al irregular. Posiblemente por eso PP y PSOE coinciden en sus propuestas migratorias a nivel europeo. Los votos se los llevará finalmente el que menos exija a los recién regularizados (PSOE). El otro partido (PP) hará previsiblemente de idiota útil, como tantas otras veces lo ha hecho en situaciones de alguna transcendencia por las que ha atravesado nuestro país. Con la que está cayendo en este país, ¿es posible que se puedan reunir 500.000 firmas, en apoyo de una ILP, de personas que consideren que lo más urgente que tenemos que resolver en España es la legalización de los inmigrantes irregulares, logrando que, además, los políticos se pongan inmediatamente a ello? ¿Acaso el Estado va a resolver el problema de estos inmigrantes que quieren legalizar creando 500.000 plazas innecesarias de empleo público para que todos ellos se puedan ganar la vida? ¿O les van a dejar a su bola para que se busquen la vida como hasta ahora?

Fijémonos ahora en las características de los que atraviesan nuestras fronteras de forma ilegal. Primero y fundamental, es que no se trata de refugiados en su inmensa mayoría. Tampoco tienen una representación paritaria entre hombres y mujeres. Son, casi exclusivamente, hombres fuertes y sanos en un rango de edad que va de los 20 a los 40 años. Muchos de ellos han podido pagar, o alguien ha pagado por ellos, cantidades considerables de dinero a las mafias de tráfico de seres humanos. En buena medida vienen equipados de móviles de última generación. Otra característica interesante es la sorprendente coordinación que existe entre las mafias de tráfico de personas y las ONGs supuestamente “humanitarias”, muchas de ellas financiadas por intereses globalistas como Open Arms y, desgraciadamente, también por el dinero de nuestros impuestos. Estas ONGs recogen en alta mar a los ilegales en puntos de encuentro aparentemente concertados, y que en lugar de llevarlos al primer puerto seguro como dictan las leyes internacionales del mar, los traen a las costas europeas. Hace poco tiempo apareció en prensa la noticia de que algunos supuestos «refugiados», que vivían de las ayudas del estado suizo, volvían de vacaciones a su país de origen. ¿Cómo es posible esto? ¿No estaban perseguidos en su país? Y si ya han dejado de ser refugiados, ¿por qué no han renunciado a su estatus de privilegio? Cabe preguntarse por el interés que tienen algunas ONGs en inundar occidente de falsos refugiados.

Esos “filántropos” globalistas que con su dinero controlan de facto las bolsas de valores y los gobiernos de la mayoría de los países civilizados ¿no podrían hacer algo para compensar esos desequilibrios entre países que sirven de excusa para hacernos creer que son el origen de las migraciones irregulares? Más bien pareciera que lejos de intentar evitarlos financian estos fenómenos migratorios. Demasiadas circunstancias sospechosas para que todo sea fruto de la casualidad. ¿Verdad?

¿Qué motivos puede haber tras estas migraciones? Parece que hay dinero abundante y coordinación a varios niveles; circunstancias que no son fruto del azar sino de un plan intencionado a gran escala. A mi entender, la conexión de intereses globalistas está fuera de toda duda. Es muy posible que exista una intención de crear el caos y conseguir una pérdida progresiva de la identidad nacional, usando nuestro país como su particular laboratorio de experimentación, como paso previo a la llegada futura de la tiranía de las élites. La destrucción de la identidad nacional, debilitaría a la sociedad y la haría más vulnerable a la agresión externa. Esta hipótesis haría buena la creencia de que es más fácil destruir una sociedad y construir otra a la medida deseada, que transformarla, ya que una transformación encontraría escollos debidos a las inercias culturales y de identidad.

Como hemos indicado ya, las migraciones masivas y desreguladas, y éstas lo son, no resuelven problemas, sino que los crean en los países de acogida. Por otra parte, estas migraciones reducen los mejores activos para crear riqueza en los países de origen. ¿Qué se podría hacer para compensar los desequilibrios existentes entre los países ricos y aquellos más pobres si es que esta fuese la principal razón de las migraciones? Tal vez la solución pasaría por realizar una ayuda al desarrollo mejor supervisada, evitando que se enriquezcan con ella unos pocos, e incluso buscar acuerdos de recolonización ética que beneficien a ambas partes situando a los paises pobres en la vía del desarrollo. Resulta paradójico que preocupe tanto al progresismo la España vaciada, y se nos quiera vender un mundo vaciado y carente de toda identidad. Supongo que es una contradicción más en un catálogo bien surtido de ellas. ¿Cuánto tardará la caldera en estallar? Hay tantas preguntas sin respuesta que uno se podría hacer, que ponen de manifiesto, a las claras, la complicidad de los líderes políticos que nos gobiernan en que estos problemas no encuentren una solución adecuada.

Para completar el cuadro, el INE indica que, en 2023, 426.000 españoles, principalmente titulados universitarios, abandonaron España por motivos laborales. Esta circunstancia la notamos especialmente en la atención sanitaria primaria que ya no la reconoce «ni la madre que la parió». Es obvio que, si estos trabajadores deciden irse, es porque nuestro país no les está ofreciendo lo que les ofrecen en otros países, que también les necesitan. No parece que estemos haciendo un gran negocio últimamente entre lo que se nos va y lo que se nos viene. Este es otro indicador que nos evidencia como se sigue rompiendo el equilibrio migratorio en la mala dirección.

No quiero ocultar que España ha sido un país de emigración durante la primera mitad del siglo XX y durante la posguerra civil. Sin embargo, esa emigración tiene poco en común con la inmigración que hoy día recibimos de forma mayoritaria. Se trataba de una emigración perfectamente regulada cuyo objetivo era el de proporcionar mano de obra en el país de acogida, aceptando las reglas del juego.

De los 6.089.620 de extranjeros en situación legal, la Seguridad Social contabiliza como activos 2.736.169 afiliados de origen extranjero, aunque no precisa la situación laboral en la que éstos se encuentran. Recordemos que en España hay 944.541 fijos discontinuos que no contabilizan como parados, pero cuya actividad laboral es muy marginal y no asegura la cobertura económica que les permita vivir de ella. Volviendo al concepto de equilibrio que permita asegurar una situación sostenible entre lo que aporta la inmigración y lo que resta a una sociedad, tengo que decir que estas cifras tampoco resultan demasiado tranquilizadoras.

El concepto de xenofobia se enuncia como el odio, rechazo, persecución u hostilidad irracionales e indiscriminados hacia el extranjero o el inmigrante. Sin embargo, la raza, religión o la procedencia de los individuos no debe proporcionar nunca un escudo protector para quienes cometen delitos o se benefician de privilegios a costa del resto de la sociedad. La prevención, fundada en evidencias contrastables, que afecta de forma mayoritaria a un determinado colectivo no debe considerarse xenofobia porque no sería ni irracional ni injustificada. Por el contrario, se debería considerar, simplemente, como sentido común.

Para que no quede duda alguna sobre mi posición personal, quiero decir que tengo grandes amigos, con muy diferentes grados de cualificación profesional, entre personas que vinieron legalmente a este país a trabajar para hacerlo más grande, a integrarse y a pagar sus impuestos como un ciudadano más. Yo mismo he trabajado varios años en el extranjero aceptando todos y cada uno de los requisitos de inmigración que se me impusieron: sanitarios, profesionales y de seguridad.

Quiero precisar, una vez más, que no tengo nada en absoluto en contra de la inmigración legal que venga a satisfacer las necesidades reales de nuestro país. Es más, como me siento una persona de convicciones liberales, acepto de buen grado que existan espíritus dadivosos entre mis compatriotas, que sin duda los habrá, que deseen apadrinar, en su propio nombre, a tantos ilegales como quieran traer a nuestro país. Claro está, siempre que asuman su coste y la responsabilidad de los actos de sus apadrinados, y no reclamen que soportemos ese coste el resto de los ciudadanos con nuestros impuestos. ¿Les parece a ustedes que la progresía española y la derecha acomplejada aceptarían esta propuesta para afrontar el problema de la inmigración ilegal? Me encantaría escuchar las excusas que pondrían los políticos para evitarlo.

Fe de Erratas.

Con posterioridad a la publicación del presente artículo, se ha detectado un error de interpretación en los datos de la tabla 1, al haberse mezclado datos de población nacional con datos de población penitenciaria de Cataluña. Este error produce  una ratio de propensión penitenciaria de 6,94 a nivel nacional que es errónea.

Adelante España reconoce humildemente su error, y como no es intención de nuestro medio propagar a sabiendas información errónea, en esta fe de erratas presentamos los valores correctos de la citada ratio a nivel nacional y de Cataluña. Damos las gracias a uno de nuestros lectores que nos ha puesto sobre la pista.

La ratio penitenciaria a nivel de toda España con datos del ministerio del interior de enero de 2022 resultaría de 2,47 como se indica a continuación.

La ratio penitenciaria en Cataluña con datos del instituto de estadística de Cataluña de enero de 2023 resultaría de 4,82 como se indica a continuación.

Pedimos sinceras disculpas a nuestros queridos lectores por este error no intencionado que hemos subsanado lo antes posible.

Eusebio Alonso | Licenciado en ciencias físicas. Subdirector del diario online  Adelante España.

 

 

 

 

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2 comentarios en «Inmigración en España. Diferenciando entre xenofobia y sentido común | Eusebio Alonso»

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