Dentro del tsunami legislativo que este gobierno, inspirado por Podemos, está desarrollando para cambiar nuestra libertad, nuestros modelos personales y de sociedad, llega ahora la ley antifamilia (“Ley de familias”).
Fue preparada en la más estricta “intimidad” ideológica, sin publicidad ni mucho menos consultas públicas a ningún tipo de asociación representativa o institución académica española, aprovechando “expertos” de la OCDE. Y no se supo nada de su contenido hasta que llegó al Consejo de Ministros. Algún periódico logró información y pudo adelantar algunos días su terrorífico contenido: 16 “tipos” de familias, negación de derechos a los padres, etc.
Según se ha conocido su contenido las críticas se han multiplicado, y parece que, según informaciones periodísticas, algún retoque se ha logrado que vayan introduciendo. Parece que habrían dado marcha atrás en sus tipos de familias (que serían hasta materia de estudio obligado para nuestros hijos) pasando a considerarlas solo situaciones de familias donde se aplicarían algunas medidas definidas en la ley.
Sin embargo, se mantiene lo que considero lo más grave del proyecto: el artículo 24 (La diversidad familiar como principio del sistema educativo) cuyo apartado 3 establece que “Los progenitores o adultos no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar…” Es decir, que el Estado establece que sus neodogmas sobre ideología de género son obligatorios, hasta el punto de establecer legalmente que el derecho de los padres a “que sus hijos reciban la educación formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Art.27.3 de la Constitución) es papel mojado sobre estos contenidos.
Es más, este derecho está reconocido a nivel internacional en todos los tratados fundamentales, incluso ampliando su alcance (por ejemplo, la Carta de Derechos de la Unión Europea, reconoce ese derecho “conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas” (artículo 14.3), es decir que incluso elegir la forma de enseñar sería un derecho de los padres (educación diferenciada o mixta, concertada o no, lengua vehicular en regiones bilingües, etc.)
Podríamos decir que es lamentable esta ley, que es muy negativa, y toda clase de epítetos que se nos pueda ocurrir y tendríamos razón, pero nos quedaríamos cortos. Aunque de hecho en ciertos casos la realidad se acerque ya a este enfoque, con enseñanzas en los colegios, especialmente los públicos, en total oposición a las creencias de los padres, a la falta de información y permisos familiares para ciertas actividades extraescolares tendenciosas, etc. eran malas prácticas contrarias a las leyes, pero ahora llegamos ya a la expropiación forzosa y general de nuestros hijos en cuanto a su enseñanza moral y filosófica.
Se podrían revisar otros aspectos negativos de esta ley, pero este punto fundamental ya supone en sí, el cambio fundamental para imponer definitivamente la ideología de género y todas las ideologías relacionadas sobre el hombre, la sexualidad y la familia. Además, los dos primeros apartados de ese artículo 24 establecen que “el respeto a la diversidad familiar” (eufemismo para definir todas sus aberraciones ideológicas antipersona y antifamilia) sea un principio del sistema educativo, que debe enseñarse e incluirse y permear todos los libros de texto, actividades socioeducativas y hasta las de ocio. Por supuesto también será obligatorio en la formación de los profesores. Llega hasta detallar que incluso los cuestionarios y formularios para el alumnado deberán redefinirse prohibiendo cualquier “epígrafe no inclusivo”.
Por tanto, no basta con que en la tramitación, algunos de sus barbaridades sean limadas o incluso corregidas, esta ley nace como una norma contra la familia y sus derechos fundamentales y debería ser rechazada, y si se aprueba pedir su derogación.
En otros casos, este gobierno va introduciendo sus delirios con cambios a normas existentes, como la ley del “sí es sí”, etc. pero en este caso, están haciendo una ley “de nueva planta” porque a pesar de los mandatos constitucionales de protección de la familia (artículo 39), y de reconocimiento de sus derechos, ningún gobierno había tenido tiempo de desarrollar en estos 45 años dichas prescripciones legales. Creo que de los derechos reconocidos a nivel constitucional es el único no desarrollado (bueno, el derecho a la huelga tampoco tiene regulación, pero es debido a intereses sindicales). Es muy significativo del abandono de la familia, su olvido de tantos años y que sólo el gobierno, el más radicalmente antifamiliar de la democracia, se haya acordado de ella para sacar esta infumable ley.
Lo razonable sería que si saliera esta ley así se recurriera al Tribunal Constitucional y este al menos corrigiera esos aspectos claramente anticonstitucionales, pero este nuevo Constitucional parece una extensión del gobierno a la hora de aprobar de forma ultrarrápida cualquier decisión ideológicamente favorable al gobierno, sin importar lo que diga la Constitución.
En conclusión, igual que la demasiado sincera declaración de la ministra Celáa sobre que “los hijos no son de los padres” suscitó tanto rechazo e indignación, es necesario que todos conozcamos lo que supone esta ley y que el rechazo y oposición social se extienda hasta lograr su paralización, o al menos, que se establezca el sentir social de repulsa que permita su urgente eliminación/reforma cuando haya un cambio político.
 Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF) |
