Se lava las manos. El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, haciendo dejación de funciones se ha puesto de perfil y ha asegurado que no es a su departamento a quien compete hacer cumplir que se imparta un 25% de horas en español en las aulas de Cataluña.
El Gobierno repite las palabras de Pilar Alegría y dice que son los tribunales los que se encargan de dictar y hacer cumplir las sentencias, mientras el PP critica su «nula autoridad»
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a mirar hacia otro lado ante el incumplimiento, por parte de la Generalitat de Cataluña, de las sentencias judiciales firmes que instan a dar al menos un 25% de clases en español en el sistema educativo público de la autonomía. Si ya en marzo del año pasado la ministra de Educación, Pilar Alegría, advirtió de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez eludiría su tarea hacer efectivo en bilingüismo en las aulas catalanas, este martes ha hecho lo mismo el secretario de Estado del ramo, José Manuel Bar Cendón, según el cual a su departamento no le compete hacer cumplir las sentencias judiciales.
Respuesta del Gobierno
Esa ha sido la respuesta a las críticas formuladas por el PP en el Senado sobre la «nula autoridad» que ha tenido el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la materia.
Durante su intervención este martes en la comisión de Educación y Formación Profesional en el Senado, Bar Cendón ha reiterado, en referencia al 25% del español, que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «que se tiene que cumplir».
«Pero también hay poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, esto es el ‘ABC’ y, por tanto, son los tribunales los que se encargan de dictar y hacer cumplir las sentencias. No le exija al Ministerio algo que no le puede tocar», ha reprochado el secretario de Estado al senador popular Pablo Ruz Villanueva, al que también ha avisado: «Entramos en bucle».
Es un argumento que ya ha ofrecido en varias ocasiones la ministra de Educación, Pilar Alegría, que también es portavoz nacional del PSOE. La titular del ministerio competente ya ha evitado mojarse en varias ocasiones al recalcar que son los tribunales los que tienen que asegurarse de que la Generalitat cumple con la sentencia y no ellos. Una actitud que ha sido criticada por la oposición y por los padres que piden que sus hijos estudien tanto en español como en catalán.
