“Si no puedes cuidar de ti misma, ¿cómo vas a cuidar de otra persona?”, es lo que Rosario Ruiz, de 53 años, había escuchado siempre en casa. Con un 67% de discapacidad intelectual, sus padres no la veían capaz de ser independiente, mucho menos de formar una familia. “Puedes pasarle tu discapacidad al niño en los genes”, le repetían.
Ellos se negaron a aceptarlo y hablaron con su médico de cabecera que sugirió que la esterilizaran.
En España era legal la esterilización forzada de personas con discapacidad hasta hace tan solo dos años. La ley, que permitía esterilizar sin el consentimiento de la persona con discapacidad “siempre que se tratase de supuestos excepcionales”, fue derogada a finales de 2020.
Sin embargo, la práctica sigue siendo legal en gran parte de la Unión Europea. Solo 9 países la criminalizan a pesar de contravenir el Convenio de Estambul y el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Al día siguiente fue cuando vio la cicatriz en su vientre. “Me pregunté: ¿qué han hecho con mi vida? ¿soy una inútil? ¿todos sirven para ser padres menos yo? Desde entonces me encuentro vacía todos los días de mi vida”, señala.
Cuenta que el “poquito cariño” que tenía a sus padres se murió cuando le operaron. “Yo no tengo una conversación como una hija con un padre. Yo no confío más, ni quiero confiar”, añade. Hace tres años, consiguió por vía judicial librarse de la incapacitación que permitía a sus padres decidir sobre absolutamente todos los aspectos de su vida. Sin embargo, aún no es completamente libre. Durante la semana vive con su padre, de 80 años, para poder cuidar de él. La misma persona que no la veía capaz de hacerse cargo de nadie.
Europa acaricia la ilegalización
La ausencia de una legislación común en Europa deja la decisión de ilegalizar la práctica en manos de cada uno de los Estados miembros. Tan solo Suecia, Irlanda, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Eslovenia, Polonia y España la criminalizan, siendo este el último país europeo en hacerlo.
Malta está a punto de sumarse a la lista al anunciar el Gobierno un plan para modificar la actual ley que permite la esterilización forzada.
La llave para acabar con ella está en manos de las instituciones europeas. El próximo mes de julio el Parlamento Europeo debatirá su ilegalización de manera vinculante para todos los Estados miembros, una decisión que después tendrá que sopesar el Consejo Europeo. Todo el espectro político está de acuerdo, pero la base legal de la Nueva Directiva Europea sobre la lucha contra la Violencia contra las mujeres genera conflicto.
A esto se le suma la oposición de algunos Estados miembros, como República Checa, Eslovaquia o Hungría, Francia, Bélgica o Portugal.
Los Gobiernos hacen la vista gorda
El número total de esterilizaciones forzadas realizadas en Europa sigue siendo una incógnita, ya que el tema siempre ha sido tabú. No hay cifras oficiales, ni recuentos que puedan arrojar luz.
Portugal es el primer país que, tras pasar el trámite parlamentario, ha decidido realizar un estudio sobre la violencia contra las personas con discapacidad en el que se incluirán las cifras de esterilizaciones forzadas. A pesar de la falta de datos, las organizaciones tienen claro que es un abuso que sufren en su mayoría las mujeres.
“A lo largo de mis veinte años de carrera solo he conocido un caso de esterilización a un hombre con discapacidad intelectual, aunque no estoy seguro de que llegase a realizarse. Sin embargo, me faltan dedos en la mano para contar el número de mujeres esterilizadas”, señala Rubén Parrillo, director del centro de día para personas con discapacidad ATUREM.
Los pocos datos disponibles, no reflejan la realidad, según las organizaciones, ya que hay que sumar todas las que se han hecho al margen de la ley y que son muy difíciles de cuantificar.
“Es muy complicado que las mujeres con discapacidad denuncien”, señala Isabel Caballero, coordinadora de CERMI Mujeres, asociación que defiende los derechos de las personas con discapacidad. “Muchas no son conscientes, o han sido convencidas por su entorno familiar. Cuando ha sido tu propia madre o padre la persona que ha abierto ese proceso de esterilización, es muy difícil volverse en contra”, añade.
A la organización española han llegado casos de mujeres obligadas a abortar a las que, en la misma operación, se les practicaba una ligadura de trompas sin su consentimiento.
El Foro Europeo de Discapacidad también ha tenido conocimiento de esterilizaciones forzadas realizadas mediante engaño. “Es algo histórico, algo eugenésico y el Parlamento Europeo debería aprovechar ahora para prohibirlo”, señala Catherine Naughton, directora de la organización.
