Convierten a los canales de comunicación -como son las Redes Sociales- en censores de la libertad de expresión ya que la legislación aprobada, aduciendo lucha contra la desinformación y la difusión de contenidos ilegales, aumenta la responsabilidad de las grandes plataformas ‘on-line’ sobre los usuarios.
Los negociadores del Parlamento Europeo, de los Veintisiete y de la Comisión Europea han logrado un acuerdo político de enorme transcendencia sobre la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) ya que con la excusa de tomar medidas contra contenidos ilegales difundidos en Internet y poner coto a la desinformación online lo que se hace es dar potestad para que las redes Sociales- canales de comunicación- se conviertan en censores de la libertad de expresión.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) se aplicará a todos los intermediarios on-line que presten servicios en la UE y afecta particularmente a gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Meta (la matriz de Facebook) o Twitter — identificados en el acuerdo como «las grandes plataformas y servicios digitales — que, a partir de ahora, tendrán que llevar a cabo un análisis anual «encaminado a reducir los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o la manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública«, esto es, los convierte en censores. Es como si mañana convierten a Movistar (canal de comunicación) en censores de lo que hablamos por el móvil.
De igual modo la ley introduce el concepto de «responsabilidad algorítmica» por el que «la Comisión Europea, así como los estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de las grandes plataformas on-line», obligadas a partir de ahora a eliminar los «productos, servicios o contenidos ilegales rápidamente después de que se hayan denunciado«.
La DSA prometerá a los usuarios un «mejor control sobre cómo se utilizan sus datos personales», como la prohibición de la publicidad específica según datos confidenciales (por ejemplo, basados en orientación sexual, religión, etnia) y ofrece una mayor protección a las víctimas de la violencia informática, como por ejemplo mujeres afectadas por el intercambio no consentido de imágenes (el conocido como ‘porno de venganza’).
El Consejo y el Parlamento conferirán a la Comisión facultades exclusivas para supervisar a los proveedores a los que compete el acuerdo y serán supervisados a nivel europeo en cooperación con los estados miembros. En caso de incumplimiento, las plataformas en línea y los motores de búsqueda podrían recibir multas de hasta el 6% de su facturación mundial. En el caso de plataformas en línea muy grandes (con más de 45 millones de usuarios), la Comisión de la UE tendrá el poder exclusivo para exigir dicho cumplimiento.
