La ONU arremete contra la libertad de expresión en nombre del clima
La ONU contra la libertad de expresión. Esa es hoy la ecuación más peligrosa para las democracias occidentales. En su último informe The imperative of defossilizing our economies (La urgencia de desfosilizar nuestras economías), presentado en junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU propone medidas alarmantes: prohibir la publicidad de combustibles fósiles y censurar la llamada “desinformación climática” ya que sostiene que la producción y consumo de combustibles fósiles son incompatibles con el respeto a los derechos humanos.
La excusa es el calentamiento global, pero el objetivo es claro: acallar la disidencia, suprimir el debate y consolidar un nuevo totalitarismo ideológico.
El nuevo objetivo: criminalizar el debate científico climático
La Relatora Especial Elisa Morgera ha presentado un informe titulado The imperative of defossilizing our economies, que va más allá de cualquier precedente.
El texto sostiene que la producción y consumo de combustibles fósiles violan los derechos humanos -incluidos los derechos a la vida, la autodeterminación, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, la educación, la información y los medios de vida-. Pero no se queda ahí: acusa a las empresas del sector —y a quienes difunden sus argumentos— de propagar “desinformación climática”.
Es decir: quienes no acepten la narrativa oficial podrían ser considerados enemigos de los derechos humanos. No aceptan el debate científico. Hay que aceptar las tesis climáticas de la ONU como si fueran un dogma de fe, sin cuestionamiento y sin debate científico. La ONU está trazando un camino jurídico y político para legitimar la censura, la represión, y eventualmente la penalización de las opiniones críticas y cientítifo.
Una larga campaña contra la libertad y la verdad
El informe no disimula su desprecio hacia la libertad de expresión. Según Morgera, durante décadas las compañías fósiles y expertos “han contrarrestado la ciencia climática, desacreditado a activistas medioambientales e influido en la opinión pública”.
La conclusión es inquietante: estas estrategias “han retrasado la acción climática con graves impactos sobre los derechos humanos”.
A partir de esta lógica, el informe equipara la libertad de expresión con una amenaza. La publicidad de combustibles fósiles, las campañas contrarias a las políticas climáticas o incluso los debates académicos, pasan a considerarse formas de “daño estructural”. Y por tanto, urge combatirlas.
La ONU insta a los Estados a censurar y reprimir
El documento recomienda a los Estados prohibir la publicidad de combustibles fósiles, vigilar y contrarrestar la desinformación climática y tomar medidas “en todos los ámbitos” para suprimir el mensaje contrario.
El informe abre la puerta a la criminalización del escepticismo climático. Presenta a los disidentes como una amenaza para los derechos humanos que los gobiernos tienen la obligación de neutralizar.
Este lenguaje recuerda a los regímenes dictatoriales comunistas: quien discrepa es un enemigo del pueblo, y por tanto, debe ser silenciado.
Y esto, bajo el sello del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una paradoja perversa: el organismo que debería proteger las libertades, se convierte en su verdugo.
El trasfondo: consolidar una nueva censura global
La tendencia es clara. No es solo el cambio climático. En nombre del “odio”, de la “desinformación” o del “riesgo para la salud pública”, los organismos supranacionales están promoviendo políticas globales de censura coordinada.
La Agenda 2030, que se presenta como un proyecto de sostenibilidad y progreso, en realidad esconde un modelo de control ideológico y social. No se trata de cuidar el planeta, sino de subordinar la libertad al consenso impuesto desde las élites.
El informe de Morgera encaja perfectamente en este esquema. No propone soluciones técnicas ni científicas. Solo ofrece represión y censura.
A pesar de la propaganda: nadie ve el clima como su mayor problema
Frente a la propaganda atronadora de los medios y de los organismos supranacionales como la ONU, los datos reales cuentan otra historia. Según un estudio reciente de Statista Consumer Insights, ninguno de los 21 países encuestados sitúa el cambio climático como el problema más grave que enfrenta su nación.
Ni siquiera en países escandinavos, ni en Alemania, ni en Francia, la supuesta “emergencia climática” es prioridad para la ciudadanía. Y, sin embargo, la ONU insiste en imponer su dogma.
Este dato es revelador. La distancia entre las élites globalistas y la gente real crece a pasos agigantados. Y ante el fracaso de su relato, la respuesta no es la autocrítica, sino la represión.
Lo llaman progreso, pero es represión
ONU y libertad de expresión son hoy términos incompatibles. Lo que debería ser un foro para la paz y la cooperación, se ha convertido en una plataforma para imponer censura ideológica y represión al servicio de las élites globalistas.
El informe presentado forma parte de una ofensiva global contra la libertad. Y debemos denunciarlo con toda claridad.
Decir la verdad no es un delito. Pensar distinto no puede ser castigado. Y el escepticismo y la crítica científica no es odio. Es libertad.
