Pedro Sánchez avanza sin freno en su golpe de Estado institucional con la ley Bolaños que busca amordazar a los jueces y someter la Justicia al control del Gobierno. Tiene que aguantar solo tres meses.
Los próximos tres meses decidirán el futuro de España
Los españoles observan atónitos el plan de Pedro Sánchez: resistir el verano, sobrevivir a la sucesión de escándalos actuales – y los que vengan- y consumar su golpe de Estado institucional.
Las elecciones anticipadas no se producirán. Tampoco prosperará, al menos a corto plazo, una moción de censura. Entonces, ¿qué viene ahora? Una carrera contra reloj entre una UCO (Unidad Central Operativa) con sus informes y judicializando al Ejecutivo, y un Pedro Sánchez que intenta blindarse institucionalmente.
La «Ley Bolaños»: instrumento del asalto judicial
Durante el verano, el Gobierno pretende aprobar la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), conocida tristemente como la “ley Bolaños”, anunciada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Este cambio pretende entregar el poder de instrucción penal a los fiscales, apartando a los jueces. La Justicia dejará de ser un contrapeso y pasará a ser una herramienta del poder ejecutivo.
La instrucción de las causas quedará bajo el control directo del Ministerio Fiscal, cuyos miembros responden jerárquicamente ante el Fiscal General del Estado, actualmente Álvaro García Ortiz, designado por el propio Gobierno.
Con ello, la Policía Judicial pasará a ser dirigida funcionalmente por fiscales que responden a órdenes políticas. La piramidal estructura del Ministerio Fiscal obliga a la obediencia jerárquica. Las pesquisas ya no serán imparciales. ¡Estarán politizadas desde su inicio!
Riesgo real de una Justicia al servicio del poder
Este cambio implica que fiscales bajo control gubernamental dirijan la acción penal, desplazando a jueces independientes. Las fuerzas policiales quedarán también subordinadas. La independencia judicial, piedra angular de cualquier democracia, quedará anulada. Es el paso final para consumar el golpe de Estado institucional.
La preocupación ya se extiende entre magistrados y cuerpos de seguridad. La politización del sistema penal abre la puerta a una persecución judicial contra la oposición y los medios disidentes.
El tiempo juega contra España
Sánchez tiene un calendario claro: sobrevivir tres meses, controlar la instrucción judicial, renovar la cúpula del PSOE, comparecer en el Congreso, y pactar los Presupuestos de 2026. Si lo logra, el golpe de Estado institucional se habrá consumado.
Pero hay un riesgo que no puede controlar: el desarrollo de los casos de corrupción en el PSOE y en el gobierno. Si aparecen nuevos nombres implicados- que aparecerán-, contratos amañados o pruebas de financiación irregular, su estratagema podría venirse abajo. El informe de la UCO y las investigaciones en curso pueden truncar su plan.
Pedro si Pedro Sánchez logra aprobar su reforma judicial, la fiscalía será suya. La Policía Judicial responderá a mandos políticos. Los jueces perderán poder de investigación. El Gobierno dominará todo el proceso penal desde su inicio.
Este plan, si se ejecuta, representará el mayor golpe de Estado institucional en la historia reciente de España. No mediante tanques, sino mediante leyes. No con violencia, sino con decretos.
Cada día que pasa es un día menos que le queda a España para reaccionar.
