La Ley Bolaños, promovida por Félix Bolaños, ministro de Justicia, se vende como una reforma para modernizar la justicia española, pero su verdadero objetivo parece mucho más turbio: proteger al PSOE y al círculo de Pedro Sánchez de las investigaciones por corrupción que los cercan.
Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el Gobierno pretende arrancar a los jueces independientes el control de las investigaciones penales y dárselo a los fiscales, que dependen del fiscal general nombrado por Sánchez. En un momento en que casos como la imputación de Begoña Gómez, el procesamiento de David Sánchez Pérez-Castejón, la trama Koldo e, incluso, al propio Bolaños acorralan al PSOE, -Santos Cerdán ya está en la cárcel- esta maniobra huele a intento desesperado de blindaje.
Quizá los más importante es el duro golpe contra la acusación popular, ese mecanismo que permite a ciudadanos y a entidades civiles, como Manos Limpias o Abogados Cristianos, llevar graves casos ante la justicia. La reforma limitará su participación, exigiendo un “vínculo concreto” con el interés público y relegándola a la fase de juicio oral, fuera de la instrucción. Peor aún, una disposición transitoria aplicaría estas restricciones a casos ya en marcha, lo que podría sepultar investigaciones como las de Begoña Gómez, David Sánchez o Santos Cerdán. Esto no es casualidad: el PSOE sabe que la acusación popular ha sido clave para destapar sus escándalos, y ahora quiere atarle las manos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denunciado que la reforma vulnera la independencia judicial al poner a la Policía Judicial bajo el mando de la Fiscalía, un organismo politizado con Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, al frente. Jueces y fiscales, hartos de este atropello, han convocado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025 y ya llenaron las puertas del Tribunal Supremo con 5.000 personas el 28 de junio. Hasta Europa, con el GRECO a la cabeza, mira con lupa estas reformas que apestan a control político.
La tramitación exprés de la Ley Bolaños, sin justificación clara, solo refuerza las sospechas. En un país donde la percepción de independencia judicial ya está por los suelos —España es el 23º de la UE, según el EU Justice Scorecard—, Sánchez y su equipo parecen dispuestos a sacrificar el último reducto del Estado de Derecho para salvarse y seguir en el poder.
Esta reforma no busca modernizar la justicia; es un salvavidas para un PSOE ahogado en escándalos. Si se aprueba, los casos de corrupción que hoy señalan a los socialistas podrían desvanecerse, dejando a los españoles sin herramientas para exigir justicia.
No es una reforma, es un atraco a la democracia y todos los diputados y partidos que lo aprueben serán cómplices.
Alfonso P. Sanz | Jurista
