En el punto de mira, los tres días de reflexión y la objeción de conciencia.
Tras la Ley Trans y la Ley del «sólo sí es sí», Irene Montero está centrada ahora en la futura reforma de la Ley del Aborto, cuyo objetivo es revocar la reforma del PP que reimplantó la necesidad del permiso paterno para que las menores de 16 y 17 años abortaran.
Sin embargo, la reforma Montero irá más allá: según ha detallado la ministra en un acto en el Instituto de Mujeres, pretende eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de proceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Además, Montero cree «imprescindible» regular la objeción de conciencia de los sanitarios porque «ese derecho no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propio cuerpo». Su objetivo va en línea de la resolución del Parlamento Europeo recientemente aprobada y que pedía eliminar la objeción de conciencia de los médicos.
Según Montero, «España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto«, algo legal en España desde 1985, tres años antes de que ella naciera. Su ministerio, ha dicho, se «va a volcar» en los próximos meses en impulsar la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva.
La ministra ha reconocido el «avance significativo» que supuso la aprobación de la ley de 2010, pero cree que en la actualidad existen «barreras» que impiden el acceso efectivo a este, según sus palabras, derecho. «La ley del aborto necesita ser reformada«, ha aseverado Montero, que ha justificado la futura eliminación de los tres días de reflexión que ahora son obligatorios antes de interrumpir un embarazo. «Es importante que lancemos el mensaje de que las decisiones de las mujeres no necesitan tutela«, ha dicho.
Además, se garantizará que las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y sus entornos sean lugares seguros para las mujeres y los sanitarios que trabajan en ellas, por lo que se penalizará el acoso, «uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres» que necesitan interrumpir su embarazo. «Penalizaremos el acoso, que principalmente procede de grupos de extrema derecha, en estas clínicas», ha dicho.
La futura ley garantizará que cualquier mujer pueda abortar en un hospital público, cercano a su domicilio y elegir el método para llevar a cabo la interrupción y, para garantizar que esto sea así, Montero cree esencial regular la objeción de conciencia de los médicos.
También ha subrayado la importancia de garantizar el derecho a la anticoncepción y que su acceso no solo sea efectivo para las mujeres, sino también para los hombres, por lo que ha indicado que la reforma promocionará la anticoncepción masculina y potenciará el acceso a los métodos anticonceptivos masculinos.
La reforma de la ley del aborto, que Montero confía en tener concluida en esta legislatura, quiere promover la educación afectivo-sexual, «puesta en tela de juicio por parte de la extrema derecha». Su objetivo será «blindarla» porque en su opinión constituye una herramienta para acabar con las violencias contra las mujeres y transformar «la cultura de la violación en la cultura del consentimiento». Como informó este diario, en la reforma se incluirá un apartado sobre la violencia obstétrica y también sobre la «explotación reproductiva», en alusión a la gestación subrogada. «Son fundamentales si queremos consolidar los derechos feministas».
(Libertad Digital)