Histórico. La justicia reacciona: jueces y fiscales irán a huelga del 1 al 3 de julio por la reforma de Bolaños y el golpe institucional

También convocan una concentración el 28 de junio ante la sede del Tribunal Supremo

La independencia judicial frente a la ley Bolaños ya no es una mera preocupación técnica o corporativa. Es un clamor. Las cinco principales asociaciones de jueces y fiscales —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han dado un paso decisivo: convocar una huelga los días 1, 2 y 3 de julio.

La razón es clara y grave. El Gobierno, encabezado por el ministro de Presidencia y Justicia, el filomasón Félix Bolaños, ha lanzado una ofensiva legislativa que pretende modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal y entregar la instrucción penal a la Fiscalía, controlada jerárquicamente. Se trata de un ataque sin precedentes a la independencia judicial frente a la ley Bolaños.

Unidad en la carrera judicial: concentración en el Tribunal Supremo

El próximo 28 de junio, las asociaciones judiciales convocan una concentración institucional simbólica frente al Tribunal Supremo. No se trata de una protesta sindical, sino de una exteriorización del papel fundamental del Poder Judicial como garante de los derechos ciudadanos. Quieren dejar claro que su defensa es estrictamente institucional, no partidista.

“No se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho”, subrayan en el comunicado conjunto.

Este acto simbólico refleja el profundo malestar de los jueces con una ley que, de no frenarse, abrirá la puerta a un control político del Poder Judicial. Por eso, insisten: la independencia judicial frente a la ley Bolaños no se negocia.

El detonante: una reforma a medida del poder

La gota que ha colmado el vaso es la intención del Gobierno de permitir que el 25 % de los nuevos jueces y fiscales accedan por el cuarto turno, es decir, sin superar oposición tradicional, sino por designación política bajo el pretexto de “reconocido prestigio”. A esto se suma la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, que otorga al fiscal general del Estado poder absoluto sobre las investigaciones penales.

La independencia judicial frente a la ley Bolaños se ve así gravemente amenazada. La separación de poderes quedaría en entredicho si la instrucción penal pasa a manos de un fiscal subordinado al Gobierno.

Los jueces no están dispuestos a tolerar este retroceso. La oposición a estas reformas no es nueva. El pasado 11 de junio, un paro de 10 minutos en todas las sedes judiciales fue secundado por la inmensa mayoría del estamento, según datos de las asociaciones convocantes. Ahora, la respuesta se eleva de tono: tres días de huelga y movilización nacional.

Apoyo masivo y respuesta democrática

En una consulta interna, el 87,39 % de los jueces asociados a la APM votó a favor de la huelga. En total, participaron 873 jueces. Las asociaciones han realizado esta consulta conforme a sus estatutos para medir el respaldo real a la movilización. El resultado no deja lugar a dudas: hay una mayoría clara y legítima decidida a defender la independencia judicial frente a la ley Bolaños.

La huelga, subrayan los convocantes, será ejercida “dentro de un calendario claro, transparente, progresivo y plenamente ajustado al marco constitucional y democrático”. La fecha elegida (1–3 julio) deja margen para que el Ejecutivo recapacite. Pero si no hay retirada inmediata de las reformas, la huelga irá adelante.

“De no producirse dicha rectificación, la huelga se llevará a cabo como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho”, señala el comunicado.

Apoyo europeo y advertencia legal

Las asociaciones han trasladado la situación a instituciones europeas. Según recuerdan, la jurisprudencia comunitaria prohíbe que los Estados miembros adopten reformas que deterioren garantías judiciales, aunque formalmente cumplan el Derecho de la Unión.

En ese sentido, las asociaciones han invocado el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, que protege la independencia judicial como principio fundamental. “Hemos instado a las instituciones europeas competentes a ejercer un escrutinio riguroso y preventivo”, añaden.

La independencia judicial frente a la ley Bolaños no es solo una cuestión interna. Europa mira con atención las reformas que pueden desdibujar los contrapesos constitucionales. En un momento en que la justicia española investiga múltiples casos de corrupción vinculados al PSOE, esta reforma suena a blindaje político.

El Gobierno acorrala al Poder Judicial

La ley Bolaños no es un hecho aislado. Llega tras múltiples ataques verbales del Gobierno a jueces implicados en causas sensibles. El mensaje es claro: el Ejecutivo no quiere una justicia independiente. Quiere una justicia domesticada.

Este contexto explica el endurecimiento del tono de las asociaciones judiciales. Han mantenido reuniones con partidos políticos y seguirán haciéndolo, pero dejan claro que el diálogo solo será útil si conlleva la retirada de los proyectos legislativos.

El texto de reforma revela una planificación premeditada para consolidar un Poder Judicial controlado desde Moncloa. Es el mismo patrón de intervención política que ya vimos en Venezuela o Nicaragua. España no puede seguir ese camino.

La independencia judicial frente a la ley Bolaños es el muro de contención frente al totalitarismo. Hoy son los jueces quienes se movilizan. Mañana podría ser tarde.

La sociedad española debe respaldar esta huelga. No se trata de privilegios corporativos. Se trata del derecho de todos los ciudadanos a tener jueces libres, imparciales y no sometidos al Gobierno.