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La degradación institucional que padece España no responde únicamente a la estrategia legislativa del actual presidente del Gobierno. Atribuir la parálisis de las altas instituciones del Estado exclusivamente a las maniobras de la izquierda gobernante constituye un error de diagnóstico grave. El verdadero drama de la nación radica en la preocupante pasividad de quien ostenta el mandato constitucional de defender su unidad y permanencia. Sánchez silencia al Rey, le impide posicionarse por la invasión y pone por escrito que está a sus órdenes. Y el Rey se deja. Es un títere a las órdenes de Sánchez. Esta sumisión debilita los cimientos constitucionales en un instante de máxima vulnerabilidad exterior.
Los acontecimientos recientes en la frontera sur desvelan un mecanismo de sumisión que trasciende la mera cortesía institucional. Presidencia se ampara en tecnicismos jurídicos para evitar que Felipe VI muestre su condena pública ante la invasión de Ceuta, esconde si hubo instrucciones desde el Gobierno a Casa Real e insiste en que manda Sánchez a pesar de que el Rey tiene capacidades autónomas. Puede hacerlo pero no se mueve. La parálisis de la Zarzuela no responde a una falta de herramientas legales, sino a una alarmante carencia de voluntad política para asumir los riesgos inherentes a su cargo en los momentos más oscuros de la historia contemporánea.
El secuestro de la agenda regia y el menosprecio a la transparencia
La relación asimétrica entre el Palacio de la Moncloa y el Palacio de la Zarzuela ha alcanzado niveles de subordinación tolerables. Pedro Sánchez y su Gobierno han puesto en más aprietos al Rey de España que al de Marruecos: a uno, ataques públicos y reproches; al otro, parabienes y coartadas. Y además lo pone por escrito, en un documento al que ha accedido El Debate que refleja la actitud del líder socialista hacia el Jefe del Estado, maniatado por una inquietante deriva del presidente contra la Casa Real. Esta estrategia de desgaste busca anular cualquier contrapeso institucional que ose entorpecer los planes de la Presidencia.
La utilización de la Jefatura del Estado como un escudo humano para camuflar los errores del Ejecutivo define la gestión gubernamental durante esta crisis. Sánchez ha vuelto a colocar al Rey en el disparadero para intentar tapar su nefasta gestión de la, según sus propias palabras, violación de la integridad territorial en Ceuta. El presidente del Gobierno reprochó a Felipe VI que, en sus 12 años de reinado, –Sánchez dijo 20–, no haya visitado la ciudad autónoma, por mucho que la portavoz, Elma Saiz, pretenda defender que solo «constató una reality». Este reproche público constituye una humillación calculada para desviar la atención hacia la inacción de la Corona.
El silencio impuesto sobre la Constitución y el informe policial
La anulación de las prerrogativas regias vulnera de forma flagrante el espíritu de la Carta Magna de 1978. El Gobierno no ha permitido a Felipe VI manifestar públicamente la posición de la Corona, –a pesar de que según dispone el artículo 56 de la Constitución Española «El Rey es el Jefe de Estado» y símbolo de su unidad y permanencia, además de arbitrar y moderar el regular funcionamiento de las instituciones del Estado– sobre la situación provocada por la invasión de la ciudad de Ceuta. De esta forma, Moncloa desprecia de nuevo la transparencia informativa en tan delicado asunto, en un momento en el que España ha respaldado masivamente a la ciudad autónoma y criticado la inacción de Sánchez con manifestaciones por todo el territorio, y todo ello cuando ha trascendido un informe de la Policía Nacional que ha hecho saltar por los aires la estrategia del gobierno de Sánchez y que apunta directamente a Marruecos en la invasión de Ceuta y por tanto, de España.
El ocultamiento de los cauces de comunicación interna entre ambas instituciones evidencia el carácter autoritario de la gestión sanchista. Sánchez esconde igualmente si impartió a la Casa Real instrucciones sobre el posicionamiento que debía formalmente adoptar. En base a un tecnicismo legal, Moncloa se ha encargado de contestar, ‘amordazando’ al Rey y negando cualquier respuesta sobre el asunto, afirmando que tal información no tiene relevancia pública. La Corona acepta este silencio impuesto sin ofrecer resistencia pública, convalidando de facto la censura administrativa que emana desde los ministerios.
La tergiversación del refrendo constitucional y la doctrina jurídica
La Moncloa justifica este aislamiento institucional mediante una interpretación retorcida de los límites de la monarquía parlamentaria. De esta manera, el Gobierno impide al monarca mostrar su opinión, amparándose además en que España es una monarquía parlamentaria en la que todos los actos del Rey, y sus discursos, deben tener el refrendo de Moncloa, tal y como aparece reflejado en la Constitución. En concreto, en el artículo 64 de la Carta Magna, se recoge que: «Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes», y que «de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden». Sin embargo, y a pesar de las manifestaciones de Óscar Puente a este respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el refrendo de los actos jurídicos del Monarca es clara, tal y como recoge la STC 5/1987 de 27 de enero.
Los portavoces del sanchismo extienden de manera deliberada el concepto de refrendo a terrenos que escapan de la estricta producción de normas jurídicas. El asedio conceptual pretende despojar a la Corona de su capacidad de interlocución directa con el pueblo español. Al aceptar esta premisa restrictiva, el monarca renuncia voluntariamente a su papel de árbitro y moderador, transformándose en un mero burócrata subordinado a las necesidades demoscópicas del partido en el poder. Esta retirada estratégica desprotege a los ciudadanos que buscan en la Corona un referente de estabilidad e integridad nacional frente a las concesiones de la Moncloa.
Los tímidos gestos autorizados y la humillación en los palacios
La intervención gubernamental en la agenda regia reduce la presencia de la Corona a testimonios marginales y carentes de un impacto político real. Durante la invasión de Ceuta y hasta la fecha, Moncloa solo ha «permitido» dos gestos públicos de Felipe VI. El primero fue la recepción el pasado 6 de agosto en Marivent (Palma) al presidente de Ceuta, Juan Vivas. Entonces Zarzuela informó de que Felipe VI siguió «con gran preocupación e indignación los graves acontecimientos en Ceuta» y que consideraba «necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España» con vistas a evitar que estos hechos «vuelvan a repetirse».
Esta declaración de intenciones, formulada desde la lejanía estival de Mallorca, evidencia la desconexión provocada por el bloqueo gubernamental. De hecho, fue el propio Vivas quien aseguró que el monarca le había trasladado su deseo de poder visitar la ciudad autónoma, algo de lo que Sánchez ha tratado de huir durante casi un mes con el único motivo de no enfadar a Marruecos y que ahora ha convertido en un ataque al Rey por no haber acudido antes. Para salir del embrollo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno jamás ha vetado un posible viaje del Rey, sino todo lo contrario: «Consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca», ha sentenciado.
El cinismo de la Presidencia alcanza su cota máxima cuando utiliza las prerrogativas regias para forzar puestas en escena que comprometen la soberanía española en el norte de África. Es más, el propio Sánchez, en su declaración en el Congreso de los Diputados, ha pedido a Felipe VI que visite Ceuta y Melilla «en las próximas semanas» para que «transmita el compromiso absoluto del Estado con estas ciudades autónomas». Eso sí, sin aclarar si dicha visita contaría con su presencia, lo que provocaría una estampa que enfadaría a Marruecos, que nunca ha escondido sus intenciones de anexionarse estos territorios. El Ejecutivo diseña la agenda del Rey con el objetivo de traspasar la responsabilidad de la tensión diplomática a la Jefatura del Estado.
El Rey no necesita el ‘permiso’ de Sánchez para viajar a Ceuta
La sumisión de la Zarzuela carece de fundamento cuando se confronta con las opiniones de los juristas de mayor prestigio del país. No obstante, según los expertos juristas consultados, una visita dentro del territorio nacional que no supone un acto institucional ni un viaje diplomático y que no produce actos jurídicos, no requiere ni el refrendo ni el permiso del Gobierno, por mucho que Sánchez pretenda decidir la agenda del Rey. La parálisis real responde, por tanto, a una prudencia excesiva que raya en la dejación de funciones constitucionales básicas.
La exención del control gubernamental sobre los movimientos del monarca dentro de las fronteras nacionales encuentra un respaldo sólido en la propia naturaleza de su magistratura de influencia. De hecho, dado que el fundamento del refrendo constitucionalmente se encuentra en que la figura del Rey is inviolable y no está sujeto a responsabilidad al no producir efectos jurídicos, sería innecesario el refrendo gubernamental, ya que constituye una función inherente a su condición de Jefe de Estado como reconoce el artículo 2 de la Constitución Española al establecer la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Desoír este mandato constitucional para no importunar al presidente del Gobierno degrada la utilidad de la Corona ante los ojos de los ciudadanos españoles.
El segundo gesto público de la Corona que ha contado con el «beneplácito» de Moncloa ha sido este mismo 2 de septiembre, cuando la Casa del Rey ha publicado un mensaje con motivo del Día de Ceuta en el que aseguraba que la Corona está con la ciudad autónoma y defiende la necesidad de la «unidad» y la «convivencia». Un escueto mensaje en las redes sociales de Zarzuela, acompañado por una foto en la que se muestran las banderas de la ciudad autónoma, de España y de la UE. Este lánguido testimonio digital acentúa la sensación de abandono institucional que experimentan los habitantes de Ceuta, quienes asisten al espectáculo de un Jefe de Estado reducido a publicar imágenes en el ciberespacio mientras las fronteras sufren un asedio constante.
La exclusión de los órganos de seguridad y la encerrona de Rabat
El aislamiento del monarca se extiende también a los órganos operativos de la defensa nacional, donde su presencia teórica como capitán general de las Fuerzas Armadas debería resultar indiscutible. A todo esto hay que añadir que el Gobierno no invitó al Rey a presidir el Consejo de Seguridad Nacional que se convocó de forma extraordinaria para tratar la situación, ni tampoco el Consejo de Ministros en el que se declaró la «situación de interés para la seguridad nacional» en Ceuta, por el que se estableció una autoridad funcional, encabezada por el ministro Ángel Víctor Torres y que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, denominó como «mando único». La exclusión física del Rey de estos comités de crisis revela el desprecio absoluto del sanchismo hacia los protocolos tradicionales de Estado.
El colmo de la manipulación institucional se produjo entre bambalinas, cuando miembros del gabinete intentaron utilizar al monarca como un instrumento de sumisión diplomática frente al reino alauita. Sin embargo, nadie se ha atrevido a desmentir la información publicada por El País, en la que se explicaba que un ministro sondeó al monarca para que ‘motu proprio’ llamara Mohamed VI, para «darle las gracias» por la actuación de Marruecos después de la invasión a España, a lo que Zarzuela se negó. Esta maniobra pretendía forzar una humillación dinástica que lavara la imagen de la inacción del Ejecutivo.
La resistencia final de la Casa Real ante esta trampa diplomática demuestra que el entorno del monarca conocía perfectamente los datos reales de la agresión fronteriza. El motivo de esta negativa, a la vista de las últimas informaciones, parece más que obvio: Felipe VI no podía agradecer nada al rey de Marruecos, puesto que todas las pistas apuntaban directamente al país vecino como principal responsable de esta ‘invasión’. El último informe del CENIF de la Policía Nacional ha puesto en solfa la defensa a ultranza de Marruecos que el presidente y sus ministros han venido sosteniendo de manera sistemática en sede parlamentaria.
Conclusión: la urgencia de una Jefatura del Estado firme frente al sanchismo
El drama de la España contemporánea no reside en la ambición ilimitada de un presidente que estira las costuras del Estado de derecho para asegurar su permanencia en el poder. La verdadera tragedia radica en la alarmante debilidad de la Jefatura del Estado, que consiente el desmantelamiento progresivo de su propia autoridad constitucional sin plantear batalla institucional alguna. Al aceptar las mordazas legales, las prohibiciones de viaje y la exclusión de los comités de seguridad, Felipe VI abdica de su papel fundamental como último garante de la integridad territorial de la nación.
La crisis de Ceuta demuestra de manera nítida que la Moncloa utiliza la figura del monarca según sus conveniencias tácticas, transformándolo en un peón de su estrategia exterior. Si el Rey de España no reacciona ante la manipulación de su agenda y continúa asumiendo un papel secundario y temeroso, la Corona perderá la legitimidad moral que le otorga el pueblo español. El problema de fondo no emana de la audacia del sanchismo, sino de la pasividad de un monarca que parece haber olvidado que su principal deber reside en la defensa inquebrantable de la Nación y de su soberanía indiscutible.
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