El Partido Popular la ha vuelto a hacer. Esta vez votó en contra de una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León. La propuesta buscaba la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales, frenar la apertura de centros de acogida y suspender ayudas a ONG que favorecen la inmigración irregular. Con este voto, el PP se alineó con el PSOE y con otras fuerzas de izquierda, confirmando una coalición globalista que ignora la soberanía nacional y los intereses de los ciudadanos.
Una propuesta firme contra la inmigración ilegal
La iniciativa presentada en las Cortes de Castilla y León buscaba medidas concretas y eficaces. Su objetivo principal era garantizar la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales presentes en la comunidad autónoma. Además, instaba a rechazar el reparto obligatorio de inmigrantes impuesto desde el Ejecutivo central y a impedir la instalación de nuevos centros de acogida en Castilla y León.
Estas medidas respondían a una demanda creciente de la sociedad: proteger la seguridad, la identidad cultural y los recursos sociales de la región frente a un fenómeno que desborda las capacidades locales. Sin embargo, la negativa del PP a apoyar esta iniciativa revela que la defensa de la soberanía no forma parte de sus prioridades reales.
Medidas contra ONG y revisión de la cooperación internacional
La proposición también incluía un aspecto clave: frenar la financiación pública a organizaciones no gubernamentales que colaboran con la inmigración ilegal. El texto proponía suspender las ayudas y subvenciones a todas aquellas ONG que promueven o facilitan la llegada y permanencia de inmigrantes irregulares en España.
Además, la iniciativa planteaba condicionar la cooperación internacional. Los fondos destinados a países de origen deberían depender de la colaboración activa de esos gobiernos en la readmisión de inmigrantes en situación irregular. En otras palabras, si los países no colaboran en la devolución de sus nacionales, no deberían recibir dinero de los contribuyentes españoles. Una medida de sentido común que fue rechazada por la alianza PP-PSOE.
La coalición globalista PP-PSOE se consolida
El voto del Partido Popular junto al PSOE en Castilla y León no es un hecho aislado. Confirma la existencia de una coalición globalista en la que ambas formaciones coinciden en asuntos clave como la inmigración, la Agenda 2030 o la cesión de soberanía a Bruselas.
La expulsión inmediata de inmigrantes ilegales debería ser una prioridad de cualquier fuerza política que defienda la legalidad, la seguridad y la unidad nacional. Sin embargo, el PP, lejos de defender esas líneas rojas, se acomoda en el discurso progresista y renuncia a enfrentarse a las imposiciones del Gobierno central y de las élites globalistas.
Consecuencias para Castilla y León
El rechazo a la iniciativa no solo tiene un impacto simbólico. Castilla y León queda ahora expuesta a la imposición de nuevas cuotas de inmigración ilegal dictadas por el Ejecutivo central. Se abre también la puerta a la instalación de centros de acogida en municipios que ya enfrentan problemas de despoblación, inseguridad y falta de recursos.
Mientras tanto, los ciudadanos ven cómo sus impuestos financian a ONG que promueven la inmigración irregular y a países que no colaboran en la devolución de inmigrantes ilegales. Una doble traición: a la soberanía española y a los intereses de las familias de Castilla y León.
Expulsión inmediata de inmigrantes ilegales: un deber inaplazable
La defensa de la frontera y de la legalidad no puede esperar. La expulsión inmediata de inmigrantes ilegales es una exigencia de seguridad, justicia y respeto al Estado de derecho. Sin ella, España se convierte en un territorio sin control, donde las mafias y las ONG actúan impunemente y donde los ciudadanos soportan las consecuencias de políticas irresponsables.
El rechazo del PP y del PSOE a esta propuesta demuestra que ninguno de los dos partidos está dispuesto a asumir ese compromiso. Prefieren plegarse a la corrección política antes que defender a sus propios votantes
La inmigración ilegal no es solo un problema social o económico. Es una amenaza directa contra la soberanía nacional. Aceptar el asentamiento impuesto de inmigrantes ilegales significa aceptar que España ya no decide sobre sus fronteras ni sobre quién entra y quién sale de su territorio.
La decisión de las Cortes de Castilla y León refleja la debilidad de un sistema político que prioriza la obediencia a Bruselas y a las organizaciones internacionales antes que la defensa de los españoles. Frente a esa debilidad, la única respuesta posible es la firmeza: aplicar la ley, garantizar la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales y recuperar el control de nuestras fronteras.
El rechazo del PP y del PSOE a la iniciativa de Castilla y León confirma que el bipartidismo se ha convertido en una coalición globalista al servicio de la Agenda 2030 y de los intereses internacionales.
