España, bajo la sombra de la eutanasia
La eutanasia en España se ha convertido en una realidad escalofriante desde que el Gobierno socialista-comunista la legalizó en 2021. Cinco años después, el balance no puede ser más dramático: con datos de 2023, una persona muere cada 24 horas por eutanasia. No es un dato alarmista ni exagerado, es un hecho proporcionado por el propio Ministerio de Sanidad. En 2023 se llevaron a cabo 334 eutanasias, lo que representa un aumento del 12% respecto a 2022. Las solicitudes crecieron aún más, con 766 registros oficiales, un 25% más que el año anterior.
Este crecimiento descontrolado confirma lo que desde el primer momento advertimos desde medios comprometidos con la vida y la verdad: esta ley no iba a ser la excepción, sino la puerta de entrada a una cultura de la muerte. En nombre de una supuesta “dignidad”, lo que se ha legalizado es el suicidio asistido y se ha normalizado como parte de la “cartera de servicios” sanitarios. El Estado ha decidido que quitarse la vida es una opción más, y lo más grave: lo ha convertido en el más recomendable y en un servicio público financiado por todos.
Cataluña y Vascongadas: epicentros del suicidio asistido
Los datos oficiales no dejan lugar a dudas: Cataluña y Vascongadas son los territorios españoles donde más se aplica la ley de eutanasia. Estas comunidades concentran el 39% del total de casos. En 2023, Cataluña practicó 94 eutanasias, una cifra que representa el 28% del total nacional. Allí, se tramitaron 219 solicitudes, más que en ninguna otra región.
Vascongadas, por su parte, acumula 106 eutanasias desde 2021. Esta cifra resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta su población. Son los territorios donde el separatismo, la ingeniería social y el izquierdismo radical han arraigado más profundamente. No es casualidad. Allí, donde se ha atacado con más virulencia a la familia, a la Iglesia y a la vida, y a España es donde hoy se practica más activamente la eliminación de personas con respaldo legal.
Frente a esta realidad, el Gobierno calla, o peor aún, presume del éxito de la ley. Para ellos, que una persona muera cada día mediante eutanasia es un triunfo legislativo, no una tragedia humana ni moral.
Perfil de los solicitantes: ancianos y enfermos terminales
Según los datos proporcionados por Sanidad, la media de edad de los solicitantes se situó en 68,78 años en 2023. En la mayoría de los casos, los pacientes sufrían enfermedades oncológicas o neurodegenerativas. Estas patologías deberían ser atendidas mediante cuidados paliativos dignos, no con la administración de una inyección letal para terminar con sus vidas.
Desde 2021, los números han ido creciendo de manera sistemática: en el primer año, 38 hombres y 37 mujeres accedieron a la eutanasia. En 2022, las solicitudes ascendieron a 281 hombres y 245 mujeres. En 2023, el 50,7% de los solicitantes fueron varones (389) frente a 377 mujeres. La eutanasia en España no distingue entre sexos, pero sí refleja una profunda desprotección del anciano, del enfermo y del vulnerable.
Esta es la gran hipocresía del Estado: proclama defender los derechos de los más frágiles, mientras legaliza su eliminación. En vez de aliviar el sufrimiento, suprime al que sufre.
Un negocio en expansión: la industria de la muerte
Aunque en España los datos económicos del proceso no son accesibles, en otros países donde la eutanasia lleva más años implantada, el negocio es evidente. En los Países Bajos, clínicas especializadas cobran hasta 3.000 euros por cada eutanasia, coste que asumen las aseguradoras. Es decir, hay empresas que hacen caja a costa de la muerte.
Lo que están construyendo es una nueva industria de la eutanasia, disfrazada de servicio médico. La muerte, convertida en producto sanitario.
La normalización internacional del suicidio asistido
España no está sola en esta deriva. Otros ocho países han legalizado la eutanasia o el suicidio asistido: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. En todos los casos, el crecimiento ha sido imparable. En Bélgica, se ha pasado de 235 eutanasias en 2002 a 2.699 en 2022. En Países Bajos, de 1.815 en 2006 a 7.666 en apenas 15 años. Canadá ya alcanza el 2,5% del total de muertes.
La tendencia es clara: una vez que se legaliza, la pendiente es resbaladiza y no hay vuelta atrás. Se amplían los supuestos, se elimina el consentimiento estricto, se relajan los protocolos y, al final, cualquiera puede ser candidato para morir. Los hechos lo confirman.
¿Qué valores queremos proteger?
En este contexto, cabe hacerse la gran pregunta: ¿Qué clase de sociedad queremos ser? ¿Una que mata a sus ancianos y enfermos? ¿Una que considera la muerte un derecho, pero no garantiza la vida al no nacido? ¿Una que recorta en cuidados paliativos mientras financia la eutanasia?
Urge apostar por una medicina basada en los cuidados paliativos integrales, que alivien el dolor sin eliminar al paciente. Urge también recuperar una visión cristiana y trascendente de la vida, en la que el sufrimiento no se niega, pero tampoco se elimina a quien lo padece. Y sobre todo, es urgente denunciar este modelo que mercantiliza la muerte y convierte el suicidio asistido en una estadística de eficiencia sanitaria.
Restaurar una cultura de la vida
La eutanasia en España es un síntoma de una crisis moral y política profunda. Una sociedad que facilita la muerte y penaliza la vida es una sociedad enferma. Es hora de despertar, de denunciar esta ley injusta, y de exigir su derogación inmediata. Defender la vida no es solo una posición ideológica, es una obligación moral y política.
