De un tiempo a esta parte estamos sufriendo una situación del gobierno que supera cualquier límite de zafiedad que podamos imaginar.
La desfachatez con la que los miembros del gobierno responden a las preguntas y a las acusaciones que les hace la oposición son motivo más que suficiente para que se vayan.
Cuántas veces oímos en los medios que es una vergüenza el espectáculo que están dando los políticos en el Congreso. No hagamos un “totum revolutum”, los responsables de lo que está ocurriendo en la vida política son el gobierno y los que le apoyan. Los que están cubiertos de porquería por todas partes son ellos, y ellos son los causantes de esta situación estrambótica, así que no vale meter a todos en el mismo saco.
Ni que decir tiene que el estado de cosas que estamos viviendo con este gobierno es tremendamente escandaloso y más que suficiente para dimitir y convocar elecciones.
No obstante, tengo que confesar que me llama la atención que, habiendo habido casos mucho más graves, la reacción de la gente ha sido mucho menor que la actual.
Puede ser que el morbo de los ingredientes con los que está aderezada esta situación; prostitución, mordidas y golferías varias, haya despertado el interés de la gente, pero siendo muy grave la situación, en mi opinión, con este gobierno hemos asistido a hechos que revisten mucha mayor gravedad porque han puesto en peligro, y lo siguen poniendo, el estado de derecho. Por eso digo en el título que el esperpento tapa lo importante.
Seguramente, el caso más trascendente sea el asunto de la amnistía. Haber afirmado rotundamente en la campaña electoral que la amnistía no es constitucional y poner en marcha una ley pactada con los delincuentes que quiere amnistiar, no sólo es una falacia y un fraude a sus votantes, sino que atenta directamente contra el estado de derecho, que es lo escandalosamente crítico.
Ha invadido instituciones que, para que funcionen correctamente, tienen que ser independientes, y no estar bajo el poder del gobierno. En este caso están la Abogacía General del Estado, el Tribunal de Cuentas (que debe fiscalizar las cuentas del gobierno), los letrados del Congreso, el Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
Hay otras dos instituciones que nunca han sido independientes porque son nombradas por los políticos, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. De los 20 miembros del CGPJ, antes 12 eran nombrados por los jueces, desde 1985, con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo padre fue Felipe González, todos sus miembros son nombrados por los políticos.
Una tercera institución, La Fiscalía General del Estado, no solo no es independiente, sino que además depende directamente del presidente del gobierno.
Las ansias por controlar el Poder Judicial, que es el único que, hoy por hoy, puede frenar la deriva dictatorial del gobierno, les ha hecho estar atacando continuamente a los jueces y demás funcionarios del estamento judicial. Lo último que quieren es aprobar lo que han dado en llamar “la ley Bolaños” cuyo objetivo es vaciar de contenido las competencias de los jueces y, así, controlar el Poder Judicial.
Todo esto que acabo de comentar, creo que es tremendamente grave por la trascendencia que supone pasar de un estado de derecho a una tiranía. Sin embargo, parece que a la gente le ha escandalizado más los casos de corrupción que asedian al gobierno.
Vuelvo a decir que el gran problema de la democracia es que quien decide, en una proporción importante, no tiene los conocimientos necesarios para saber qué es lo que verdaderamente necesita la nación. Prueba de ello es que nos hemos movido por la corrupción, pero no hemos sido conscientes que, desde hace tiempo, el estado de derecho está agonizante.
Jose Ignacio Echegaray | Colaborador de Enraizados
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