¿Fin del Estado de Derecho?: El Tribunal Constitucional ha abdicado «de su deber como garante del orden constitucional al limitarse a un control externo y formal de la normal”
El Tribunal Constitucional consuma la traición a España. La Ley de Amnistía se han convertido en el epicentro de la mayor subversión institucional desde la Transición. El TC, la corte de garantías ha dejado de ser garante de la Constitución para actuar como testaferro del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta sentencia no solo legitima el golpe separatista del 1-O: consagra el uso del poder judicial como arma al servicio de intereses políticos.
La Ley de Amnistía ha sido declarada constitucional con los seis votos izquierdistas afines a Sánchez frente a cuatro votos de magistrados discrepantes. Con ello, se borra de un plumazo la responsabilidad penal de los autores del golpe secesionista del 1O, al tiempo que se dinamita el principio de igualdad ante la ley.
Sánchez manda y el Constitucional obedece
Según denuncian los magistrados discrepantes, César Tolosa, Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, la resolución no ha sido fruto de una deliberación genuina, sino de un “procedimiento sin cobertura legal” dirigido a satisfacer los pactos políticos de investidura de Pedro Sánchez.
«La Ley de Amnistía ha sido una mera transacción política que ha tenido como única finalidad que un partido político se mantenga en el poder…», sentencia César Tolosa en su voto particular.
En su escrito, Enrique Arnaldo advierte que esta norma es claramente «inconstitucional en su conjunto». Contradice la seguridad jurídica, la separación de poderes, la independencia judicial, la igualdad ante la ley y, en última instancia, «la supremacía de la Constitución».
No estamos, por tanto, ante una interpretación del derecho, sino ante un acto político camuflado como justicia. El Tribunal Constitucional y la Ley de Amnistía a los golpistas catalanes se fusionan así en una peligrosa alianza que pone en jaque el régimen jurídico español.
Un tribunal que abdica de sus funciones
La legitimación de la amnistía representa una traición sin paliativos. La Ley de Amnistía revela el fin del principio de legalidad como pilar del Estado de Derecho. Los magistrados de corte izquierdista –Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano, Laura Díez y María Luisa Balaguer– han avalado una norma que no tiene por objeto el interés general, sino blindar políticamente a quienes rompieron el orden constitucional y dieron un golpe de estado.
El fallo legitima el golpe y blanquea a los golpistas. Pero no es solo eso. Como sostiene el magistrado Ricardo Enríquez: «La Ley de Amnistía supone uno de los mayores desafíos planteados por una ley a nuestro Estado de Derecho en estos cuarenta años de democracia». «Amnistiar no es legislar… Esta Ley no busca el interés general, sino evitar la alternancia política. Esa es la verdadera justificación».
Autoamnistía y ruptura: el precio del poder
La ley de la Amnistía fue aprobada con los votos del PSOE y sus socios separatistas: Junts y ERC. Ellos mismos han sido los principales beneficiarios. Como denuncia el también magistrado César Tolosa, estamos ante una “autoamnistía” arbitraria, ilegal, y carente de toda legitimidad constitucional. «La Ley de Amnistía constituye una autoamnistía articulada como una ley singular, arbitraria y carente de justificación real».
Se trata de un instrumento rupturista disfrazado de reconciliación. Pero no hay reconciliación posible sin justicia. Y la justicia ha sido sepultada por un Tribunal que, como advierte Arnaldo, “ha dejado de ser el garante de la Constitución para convertirse en un actor político más”.
El Constitucional reescribe la Constitución a conveniencia
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional y la Ley de Amnistía inauguran una etapa de inestabilidad institucional. El propio artículo 167 de la Carta Magna exige mayorías cualificadas y procedimiento de reforma para alterar el ordenamiento constitucional. Nada de eso se ha respetado.
«El Tribunal Constitucional se ha erigido en una suerte de poder constituyente que reescribe a su gusto la Constitución»
En definitiva, la ley ha sido impuesta sin seguir el procedimiento exigido por la Constitución. Por tanto, ni es legal ni es legítima. La legalidad exige respeto al procedimiento. La legitimidad exige respeto a la voluntad popular, que nunca respaldó esta traición encubierta.
El fin de la separación de poderes en España
La esencia de la democracia liberal reside en la separación de poderes. Hoy, ese principio ha muerto en España. El Tribunal Constitucional, en lugar de ejercer su papel como poder moderador, se ha alineado con el Ejecutivo en una fusión de poderes que recuerda a los regímenes autoritarios.
Este es el precio de la traición: el uso de la ley para burlar la voluntad popular. Cuando los jueces actúan como comisarios políticos, el Estado de Derecho deja de existir.
El Tribunal Constitucional y la Ley de Amnistía constituyen una afrenta a España y a su pueblo. Esta sentencia representa una claudicación histórica ante el chantaje secesionista y la ambición de un presidente dispuesto a vender la nación por siete votos.
«Cuando una institución traiciona sus funciones, su esencia y a España, sus componentes deben dimitir de inmediato».
La pregunta es clara: ¿Quién defiende ahora España? ¿Quién garantiza la igualdad, la justicia, la soberanía nacional?
Las instituciones no pueden estar secuestradas por el poder político. Y Sánchez lo ha logrado.
5 comentarios en «El Tribunal Constitucional consuma la traición a España y avala la ley de la amnistía a los golpistas»
El voto de los 6 magistrados seudo progresistas era esperado, pues no son juristas, solo son lacayos de Sánchez. Lo que me parece inexplicable es que los otros 4 tenían en sus manos evitar que se pronunciara ese fallo. Simplemente con no presentarse en la sesión en la que se iba a votar la ponencia no se hubiera alcanzado el quórum necesario y esta ley no hubiera sido aprobada.
¿Porque no lo hicieron?
«Poderoso caballero es don…»
Doña Elena Diez me deja perplejo ante la noticia que desconocía, que «con no presentarse en la sesión en que iban a votar la ponencia, esta ley corrosiva no se hubiera aprobado»… si es así, ¿porqué los jueces conservadores se presentaron?
Por otra parte, gracias por tan espléndidos artículos, valientes como pocos, de «Adelante España» que yo divulgo por Facebook y Wassap.
A la pregunta de ¿quién defiende ahora a España?, yo diría que el primer soldado, el jefe del estado, el rey….
No me tiren de la lengua.
Hay que derrocar el sistema por completo.
Pero, ¿es que ustedes no saben nada del Expediente Royuela? Pues lean algo y se enterarán de quién es el Conde ese.
Pero, claro, es más cómodo sorprenderse fariseamente.
Dresgraciadamente en nuestro pais la democracia ha muerto y hemos vuelto a la peor de las dictaduras, la que se ampara simulando que es una democracia. Las leyes no son justas por el mero hecho de ser leyes, sobre todo cuando son impuestas por un autocrata enfermizo de ansias de poder. Los argumentos para aprobarla no serian creibles ni en un parvulario. Decir que todo lo que no está expresamente prohibido en la constitución es constitucional, es como decir que la violación, la pederastia, el abuso y tantas otras barbaridades son admitidas por la constitución. El mero hecho de que la Ley haya sido dictada por quienes se benefician de ella, es motivo mas que sobrado para que no sea posible su aprobación. En la mano de los españoles está que sigamos permitiendo esta absoluta desvergüenza y este gobierno felón.