Un escándalo de prevaricación judicial
Tal y como han publicado El Debate y The Objective, Pedraz y Gómez Bermúdez han sido fotografiados en numerosas ocasiones compartiendo aperitivos en una terraza del centro de Madrid. Estos encuentros, que se producen con frecuencia y de forma ostentosa, han llevado a Manos Limpias a interponer una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según el sindicato, estas reuniones evidencian una relación de proximidad que afecta la imparcialidad judicial: «comparten eventos, tertulias, de manera ostentosa, de forma descarada, flagrante, clamorosa, llamativa y grosera».
El Código Penal establece que incurre en prevaricación cualquier autoridad que, «a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria». En este caso, Manos Limpias sostiene que la cercana relación entre juez y abogado pone en duda la imparcialidad de Pedraz en los casos en los que Gómez Bermúdez ejerce como defensor.
Dos casos en los que coinciden juez y abogado
Al menos dos causas actualmente en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de la Audiencia Nacional cuentan con la participación simultánea del magistrado Pedraz y el abogado Gómez Bermúdez.
- Trama de hidrocarburos y fraude millonario del IVA: En esta investigación está imputada Carmen Pano, quien declaró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz. Esta empresaria es representada por Gómez Bermúdez, quien se reúne con Pedraz asiduamente.
- Caso de Carmelo Ovono Obiang: Se investiga el secuestro y tortura de opositores al régimen de Guinea Ecuatorial. Gómez Bermúdez defiende a Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador Teodoro Obiang, y a otros dos imputados sobre los que pesan órdenes de detención. Lo más escandaloso es que Pedraz, en un giro inexplicable, pasó de ordenar la detención del principal acusado a revocar la orden en tan solo dos semanas.
Un juez que no actúa con independencia
Los hechos denunciados por Manos Limpias reflejan un problema estructural en la justicia española: la falta de independencia de algunos magistrados. Pese a las evidencias de la cercana relación entre juez y abogado, Pedraz ha seguido adelante con los casos sin inhibirse, algo que debería haber hecho por razones éticas y de imparcialidad.
Además, en el caso de Guinea Ecuatorial, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tenido que intervenir en varias ocasiones para corregir decisiones del magistrado, quien intentó apartarse del caso sin éxito. También permitió que el abogado de los imputados participara en actuaciones a pesar de que sus clientes estaban prófugos, algo que también fue corregido por la Sala.
El sindicato Manos Limpias también ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sancione al juez Pedraz por «falta grave». Según su denuncia, «las garantías legales de un juez independiente, de un juez imparcial, son la base para una tutela judicial efectiva y para que un procedimiento penal no se vea contaminado».
La independencia judicial, en crisis
Este caso es una prueba más de que el Estado de derecho en España está gravemente amenazado. La justicia, en lugar de actuar con imparcialidad, se ve envuelta en amistades y relaciones que ponen en duda su transparencia.
La ciudadanía no puede confiar en una justicia donde jueces y abogados defensores comparten mesa y mantel durante horas cada día, especialmente cuando hay causas en común. La imagen de Pedraz y Gómez Bermúdez brindando con vino y cerveza mientras los ciudadanos exigen justicia es una ofensa al sistema judicial y a todos aquellos que creen en la legalidad.
Una vez más, ha sido la sociedad civil, en este caso Manos Limpias, la que ha tomado la iniciativa para denunciar estos abusos y luchar contra la prevaricación judicial. Sin su valiente acción, este escándalo quedaría impune y la corrupción en la justicia seguiría campando a sus anchas.
Por cierto, ¿dónde está la oposición?
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