La deriva económica y política de España ha alcanzado cotas insostenibles bajo el mandato de Pedro Sánchez. Lejos de las promesas de prosperidad y escudo social que el Ejecutivo repite como un mantra propagandístico, la realidad cotidiana de los ciudadanos se traduce en una pérdida sistemática de poder adquisitivo y en una precarización estructural del empleo. España asiste a un empobrecimiento generalizado, capitaneado por un mal gobernante cuya prioridad absoluta parece ser la supervivencia política a cualquier precio, mientras su gestión permanece cercada por graves escándalos de corrupción que asfixian la credibilidad de las instituciones. El reflejo más incontestable de esta nefasta política económica es la mutación de la estructura salarial del país: el porcentaje de trabajadores atrapados en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha triplicado en solo seis años, convirtiendo lo que debería ser una red de seguridad excepcional en el sueldo común de millones de españoles.
La trampa del salario mínimo: de red de seguridad a techo laboral
El peso del salario mínimo interprofesional en el mercado laboral español se ha multiplicado por más de tres en apenas seis años, un dato que certifica la nefasta igualación por abajo que promueve el intervencionismo de Moncloa. El porcentaje de asalariados que perciben un sueldo equivalente al salario mínimo ha pasado de un residual 3,5% en 2018 a un alarmante 12,7% en 2024. Esto significa que 1 de cada 8 trabajadores cobra el SMI. Esta transformación radical demuestra que las subidas artificiales decretadas por el Gobierno no han elevado la riqueza general, sino que han achatado la pirámide salarial, destruyendo la clase media y empujando a una masa ingente de profesionales cualificados hacia el escalón retributivo más bajo.
Un informe de la Fundación Civismo, y recogidos por The Objective, aporta estos datos devastadores y sostiene que esta evolución ha venido acompañada de efectos sumamente adversos sobre el empleo, desmintiendo la propaganda oficial. En concreto, el estudio estima que las sucesivas subidas del SMI desde 2018 han contribuido directamente a la destrucción de hasta 174.000 puestos de trabajo en el tejido productivo. Este impacto se traduce principalmente en una menor creación de empleo genuino y en una parálisis generalizada de las nuevas contrataciones. La asfixia legislativa ha provocado que un 21% de las empresas españolas reconozca abiertamente haber reducido sus incorporaciones de personal tras los últimos incrementos salariales obligatorios, cerrando las puertas del mercado a miles de desempleados.
El severo impacto en los jóvenes y el colapso de las pequeñas empresas
De acuerdo con el estudio de la Fundación Civismo, la incidencia nociva del salario mínimo ya no se limita exclusivamente a los trabajadores con menores ingresos o sin cualificación. La mancha de la precariedad se extiende con rapidez: hasta el 22,8% de los asalariados del país se sitúan ya en niveles salariales extremadamente próximos al 125% del SMI. Esto refleja una penetración asfixiante de esta referencia estatal en el conjunto del mercado laboral, congelando la negociación colectiva y eliminando los incentivos para la promoción interna. Los jóvenes aparecen como uno de los colectivos más severamente castigados por esta falta de dinamismo, puesto que el 19,5% de los trabajadores de entre 16 y 25 años perciben hoy salarios vinculados al mínimo legal, condenándolos a la precariedad cronificada.
El trabajo de investigación también pone el foco en la vulnerabilidad de las pequeñas empresas, que constituyen el verdadero motor económico de la nación y el blanco sistemático de la presión fiscal del sanchismo. Según los cálculos de los expertos, en los negocios con menos de diez empleados la probabilidad de mantener los puestos de trabajo existentes se reduce drásticamente en 5,1 puntos porcentuales tras cada subida del SMI. Las consecuencias de esta política ya son visibles e irreversibles: durante los últimos cinco años han desaparecido más de 23.000 microempresas en toda España. La explicación matemática es sencilla: cada trabajador afectado por el salario mínimo supone para las compañías un coste adicional de 6.791 euros anuales respecto a la situación existente en 2018, una carga inasumible para negocios familiares acosados por la inflación y los impuestos.
El desajuste estructural de la productividad y la pérdida de competitividad
El informe vincula de forma directa estos efectos perniciosos a un problema estructural de productividad que el Gobierno de Sánchez se niega a atajar. Según los datos recopilados, la productividad española se sitúa un alarmante 14% por debajo de la media de la Unión Europea. En contraste absoluto con esta debilidad interna, el salario mínimo español, medido en términos de paridad de poder adquisitivo, supera en más de un 10% la media comunitaria. A juicio de los autores del estudio, este grave desajuste genera tensiones crecientes e insostenibles sobre la competitividad de las empresas y cercena de raíz la capacidad de crecimiento real de la economía española, sustituyendo el valor añadido por el decreto ley.
El estudio advierte igualmente de los efectos inflacionistas derivados de estas políticas de escaparate. En particular, se estima que la subida aplicada en el año 2023 pudo contribuir aproximadamente en un punto porcentual adicional a la inflación general, encareciendo la cesta de la compra de las mismas familias a las que se decía proteger. Asimismo, la rigidez del mercado ha disparado la inestabilidad: se observa un aumento de la rotación laboral en los contratos temporales, cuya tasa ha pasado del 3,84% al 4,32%. Paralelamente, el supuesto éxito de la reforma laboral queda en entredicho al comprobarse que la probabilidad de que un contrato indefinido siga vigente un año después de su firma ha descendido del 52,5% al 48%, evidenciando que el despido simplemente se ha camuflado.
Una espiral destructiva confirmada por los organismos independientes
Los autores concluyen que el fuerte incremento acumulado del SMI, que alcanza un descomunal 66% en términos nominales desde el año 2018, ha modificado profundamente y para mal el funcionamiento del mercado laboral español. Aunque la medida perseguía de cara a la galería mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, el impacto final sobre el empleo, la productividad y la supervivencia de las empresas ha sido netamente negativo. Los expertos independientes exigen una evaluación técnica y crítica urgente antes de acometer nuevos incrementos políticos que terminen por dinamitar los sectores productivos más débiles.
Esta tesis no es exclusiva de las fundaciones privadas; los organismos reguladores del propio Estado confirman el desastre de la gestión sanchista. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que la subida del SMI aplicada en 2024 provocó por sí sola que dejaran de crearse entre 78.000 y 90.000 empleos.
El trabajo de la AIReF considera que el impacto perjudicial de este último año fue superior al registrado tras las grandes subidas de 2019 y 2023, debido precisamente al creciente y desproporcionado número de trabajadores que ya están afectados por el salario mínimo. Agregando los números de los dos últimos ejercicios económicos, la AIReF estima que las subidas del SMI aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han destruido ya alrededor de 150.000 puestos de trabajo, una factura intolerable que pagan los ciudadanos mientras el Gobierno permanece rodeado por la sombra de la corrupción y la ineficacia.
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