La fiscal general, Harmeet Dhillon, lo califica como un “ataque legislativo contra la Iglesia Católica y su sacramento de la confesión”.
El Estado de Washington ha aprobado una ley que obliga a los sacerdotes católicos a romper el secreto de confesión en casos relacionados con abusos sexuales a menores. La ley, que entrará en vigor el 27 de julio, representa una ofensiva directa contra la fe cristiana. La eliminación del secreto de confesión no solo vulnera la libertad religiosa, sino que constituye un paso más en la ofensiva contra la Iglesia Católica en Occidente. Se dirige hacia su esencia, hacia uno de sus sacramentos.
Un paso más en la eliminación del secreto de confesión
El 2 de mayo, el gobernador Bob Ferguson, que paradójicamente se declara católico, firmó una norma que obliga a los sacerdotes a romper el sigilo sacramental para denunciar casos de abusos a menores. ¿La excusa? «Proteger a los niños». Pero en el fondo, esta ley tiene un objetivo más profundo: socavar uno de los pilares esenciales del catolicismo.
Desde el punto de vista jurídico, esta norma choca frontalmente con la libertad religiosa consagrada en la Constitución de Estados Unidos. Desde el punto de vista espiritual, es aún más grave: pretende vaciar de contenido uno de los sacramentos que Cristo mismo instituyó: la confesión.
En caso de que un sacerdote se niegue a delatar lo oído en el confesionario, se expone a hasta 364 días de prisión y multas de hasta 5.000 dólares. Es decir, el Estado de Washington penaliza la fidelidad a la fe y premia la sumisión ideológica.
El verdadero objetivo no es la protección del menor —que debe ser firme y sin ambigüedad—, sino romper la barrera espiritual entre Dios y el alma humana.
Una agresión sistemática contra la Iglesia
Este ataque legal no es un caso aislado. Se enmarca dentro de un proceso sistemático de descristianización impulsado desde las élites izquierdistas que controlan medios, instituciones educativas y ahora también parte del sistema judicial. Primero fue la eliminación de crucifijos en escuelas públicas, después la expulsión de la religión en el espacio público, más tarde la imposición de la ideología de género en los currículos escolares… y ahora la anulación del sacramento de la penitencia.
Es evidente que nos encontramos ante un fenómeno más amplio: la progresiva eliminación del cristianismo de la vida pública. Y como siempre ocurre en estas campañas, la Iglesia Católica es el principal objetivo.
Los obispos alzan la voz: defensa firme del sigilo sacramental
Afortunadamente, la reacción de los pastores americanos ha sido inmediata. Los obispos del Estado de Washington han interpuesto una demanda ante un tribunal federal. Alegan que la norma firmada por Ferguson viola la Primera Enmienda, la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda, y la propia Constitución del estado.
Los obispos recuerdan que otras profesiones, como abogados o psicólogos, mantienen su secreto profesional intacto. Por tanto, esta ley no es neutral: apunta claramente contra los sacerdotes católicos, vulnerando su misión espiritual y su conciencia.
Desde el punto de vista teológico, ningún sacerdote puede —bajo ningún pretexto— romper el secreto de confesión. Hacerlo supondría incurrir en excomunión automática (latae sententiae). Por eso, esta ley no solo es ilegal: es inmoral y pone al sacerdote ante un falso dilema entre su fe y la ley civil.
Una ley abiertamente anticatólica: lo dice el Departamento de Justicia
Incluso desde instancias gubernamentales, han surgido voces de alarma. El 6 de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, inició una investigación sobre la constitucionalidad de esta norma.
La fiscal general adjunta, Harmeet Dhillon, ha sido clara al respecto. Ha calificado la ley como “un ataque legislativo contra la Iglesia Católica y su sacramento de la confesión”, subrayando que “discrimina a los sacerdotes al negarles el secreto profesional que tienen otras profesiones”.
Este pronunciamiento no es menor. Revela que incluso dentro de las instituciones estatales aún queda espacio para defender la libertad religiosa frente al totalitarismo progresista.
Eliminación del secreto de confesión: un ataque a Dios mismo
Lo que está en juego no es solo una cuestión legal. Es una cuestión teológica, espiritual y civilizacional. El sacramento de la confesión no es una mera formalidad: es el lugar sagrado donde el alma se encuentra con Dios. Obligar a romper ese vínculo es romper la confianza entre el fiel y la Iglesia. Es cortar la redención. Es bloquear el perdón.
Por eso, la eliminación del secreto de confesión no es simplemente un error político. Es un ataque al corazón mismo del cristianismo.
Las dictaduras comunistas del siglo XX intentaron lo mismo: prohibir la confesión, infiltrar el clero, suprimir la fe. Lo que estamos viendo ahora en Washington es una versión más sofisticada, más “democrática”, pero igualmente totalitaria.
Si callamos ahora, mañana será demasiado tarde
Si hoy se permite que un estado obligue a los sacerdotes a violar su conciencia, ¿qué será lo siguiente? ¿Prohibir el bautismo? ¿Censurar la Eucaristía? ¿Penalizar la doctrina moral sobre el matrimonio y la familia?
La eliminación del secreto de confesión es solo la primera pieza. El objetivo final es silenciar a la Iglesia Católica, vaciarla de contenido, destruirla y convertirla en un apéndice dócil del nuevo orden global.
