El Tribunal Supremo ha ordenado procesar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía en 2014 en La Laguna (Tenerife). El magistrado del Alto Tribunal Antonio del Moral ha dictado finalmente este lunes un auto por el que ordena proseguir la causa contra el también diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Se le acusa de presunto delito de atentado y falta de lesiones, por los trámites del procedimiento abreviado.
De esta forma, ahora que se da por finalizada la instrucción del caso, se da un plazo de diez días a la Fiscalía para que pida la apertura de juicio oral,. Tendrá, en este punto, que redactar un escrito de acusación, una petición del sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias.
Los hechos analizados en el Tribunal Supremo tuvieron lugar en La Laguna (Tenerife) el 25 de enero de 2014. A raíz de una visita del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral, se convocó una manifestación. Ahí el hoy parlamentario en el Congreso presuntamente propinó una patada a un policía. Como Alberto Rodríguez es aforado la causa se está tramitando en Alto Tribunal en lugar de en un juzgado ordinario.
El pasado 4 de marzo el número 3 de Podemos declaró ante el Tribunal Supremo y negó los hechos investigados. Aseguró que está siendo objeto de investigaciones en su contra en el marco de «la criminalización de la protesta social» por parte de las instituciones del Estado.
«Esos hechos los negué porque nunca ocurrieron», ha señalado Rodríguez, como recoge Europa Press. Tras declarar durante treinta minutos ante el juez instructor, el dirigente morado defendió que se limitó a participar «junto a miles de canarios en una manifestación por la educación pública y contra los recortes». Remarcó que «ni siquiera estaba en ese momento» en el que se produjeron las agresiones a los agentes.
Rodríguez divagó y lanzó sus proclamas. Este caso surge ahora, sostiene, como «parte de una estrategia (…) generalizada de criminalización de la protesta social». «También a lo mejor tiene algo que ver con que sea diputado de Unidas Podemos», dejó caer.
De todas formas, promete segur manifestándose. «No tengo nada de lo que arrepentirme ni nada de lo que avergonzarme, y seguiré participando en movilizaciones toda mi vida, y lo seguiré haciendo con orgullo, por mucha persecución, por mucho montaje policial, por muchos intentos de criminalización de la protesta que haya», apostilló.
Cabe recordar que la causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Rodríguez. No obstante, el mismo quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado, con lo que pasó a ser aforado ante el Tribunal Supremo.
Anotonio del Moral tasladó a Rodríguez la posibilidad de declarar de forma voluntaria. Pero éste no accedió. Declinó la comparecencia, fijada para el 19 de octubre, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juez de La Laguna, por lo que el instructor tuvo que pedir un suplicatorio al Congreso para tomarle declaración.
Rodríguez estaba citado para el pasado 28 de enero, si bien Del Moral aplazó la declaración a petición de la defensa después de que ésta le comunicara que el diputado canario padecía Covid-19. La comparecencia se agendó finalmente dos meses después una vez que su procuradora comunicó al juez el alta médica de su cliente.
Un año de cárcel
El Ministerio Fiscal había presentado un escrito de acusación calificando la conducta de Rodríguez de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicitó la imposición de una condena de un año entre rejas y un mes de multa por la falta.
Conforme a los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y en lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos policías resultaron agredidos.
Alberto Rodríguez se encontraba supuestamente en el grupo de personas que agredió a los agentes de seguridad del Estado. Propinaron golpes con pancartas y puñetazos. Su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Tribunal Supremo tras la apertura de juicio oral.
Respecto a este mismo diputado, el Alto Tribunal abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.
(Fernán González. OK Diario)
