Para los expertos, el nuevo registro turístico de los ciudadanos puede «afectar a la privacidad y datos protegidos»
El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, ha implementado el Real Decreto 933/2021, una normativa que ha sido calificada por muchos como el «Gran Hermano turístico«. Esta medida, obligatoria desde el pasado 2 de diciembre, impone la recopilación exhaustiva de datos de los viajeros en la plataforma Ses.Hospedajes. que tanto el sector turístico como los defensores de la privacidad han mostrado su rechazo ante lo que consideran un ataque a los derechos fundamentales y una amenaza a la competitividad.
Un sistema intrusivo que pone en jaque la privacidad
El nuevo registro exige a empresas y particulares del sector turístico recopilar hasta 42 datos personales y financieros de los viajeros y sus acompañantes. Entre estos, se incluyen información como el nombre, dirección, método de pago, número de tarjeta o IBAN, entre otros datos sensibles. Según el ministro Marlaska, esta normativa busca modernizar las regulaciones de 1959 y 1974 y adaptarse a las nuevas formas de negocio como el turismo digital.
Firmas de rechazo
Sin embargo, voces críticas como la plataforma HazteOir.org señalan que el objetivo del Gobierno va más allá. Desde la organización han iniciado una recogida de firmas, que ya supera las 30.000, para pedir al Comité Europeo de Protección de Datos que revise esta medida. «El plan de Marlaska afecta a la privacidad y datos protegidos de todos», advierten, añadiendo que esta normativa es una forma de «controlar nuestros datos y saber qué hacemos y cómo lo hacemos».
El sistema no solo invade la privacidad de los ciudadanos, sino que también ha demostrado ser ineficaz desde su implementación. Según HazteOir.org, «muchas agencias de viajes han tenido que tomar estos datos ¡a mano!», evidenciando las carencias tecnológicas de un sistema que, tras tres años de preparación, sigue enfrentándose a fallos y colapsos.
La oposición del sector: «Los hoteles no son comisarías»
El sector turístico no ha tardado en alzar la voz contra esta imposición, que consideran una carga burocrática innecesaria. Según recoge The Objective, Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), esta medida convierte a los hoteles en comisarías y a los recepcionistas en «interrogadores formados en los servicios secretos».
«La gente no entiende que tenga que dar tantos datos cuando en sus países no los tiene que dar», explica Marichal, quien también denuncia que el sistema genera una «pérdida de competitividad» y desventajas para un sector compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. «Pedimos más datos de los que te puede pedir un policía si te para en la calle», lamenta.
Falta de proporcionalidad
Además, los datos aportados por el Ministerio evidencian la falta de proporcionalidad de la medida. Desde 2022, el sistema ha permitido localizar a 18.584 personas en busca y captura, apenas un 0,018% del total de viajeros en España, según datos del INE. «Este gap entre la ingente cantidad de datos recopilados y los escasos casos detectados demuestra que la acumulación indiscriminada de información no es efectiva para combatir el crimen», asegura Manuel Huerta, CEO de Lazarus Technology, una empresa de ciberseguridad.
Vulnerabilidad frente a los ciberdelincuentes
El sector turístico también enfrenta otro problema: la custodia de estos datos. Según expertos en ciberseguridad, la información recopilada deberá almacenarse durante tres años, lo que incrementa el riesgo de sufrir ciberataques. Informes recientes muestran que los intentos de hackeo en este sector han aumentado un 70% a nivel global.
«La acumulación masiva de datos no solo es una amenaza para la privacidad, sino una brecha de seguridad esperando ser explotada», advierte Huerta. Este panorama, sumado a las quejas de los turistas, podría llevar a un aumento del mercado paralelo de alojamientos no regulados, un fenómeno que afectaría aún más al sector formal.
Una medida sin precedentes en Europa
La obligatoriedad del registro no solo es polémica en España, sino que además carece de equivalentes en otros países europeos. Esta normativa no existe en ningún país de nuestro entorno.
El impacto económico, la vulneración de derechos fundamentales y las dudas sobre la eficacia de esta medida son suficientes para que el sector y los ciudadanos exijan su revisión. Mientras tanto, la implantación de este «Gran Hermano turístico» sigue generando rechazo y pone en entredicho las prioridades de un Gobierno más centrado en controlar que en proteger.
Esta normativa supone una nueva vuelta de tuerca en el afán del Ejecutivo por vigilar cada aspecto de la vida de los ciudadanos, a costa de la privacidad y la libertad.
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2 comentarios en «El ‘Gran Hermano’ de Marlaska: Un registro que amenaza la privacidad y la competitividad del sector turístico»
Como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, esta medida, como otras, no es más que hacer de España un laboratorio donde probar las «ideas» que la élite mundial pretende imponer. Que no nos engañen
¿Seguro que está bien el número que da el artículo de localización de 18.584 personas localizadas, que estaban en búsqueda y captura? Por que, si es así, la medida podía justificarse. Sin embargo , si con los datos que se recogían antes , consiguieron localizar tantas personas ¿qué puede añadir, numérica o porcentualmente, el rebasar la privacidad y aportar más datos? . Lo que sí es claro que ni ayuda a los viajeros ni a las empresas, y desde luego a pagar en efectivo siempre que sea posible, antes que dar tarjetas y demás.