El rencor y sed de venganza de este gobierno social comunista no tiene límites. Si hace un tiempo fue la exhumación de Franco, ahora el Gobierno busca liquidar la Fundación Nacional Francisco Franco. Otro paso más en intentar reescribir la historia.
El Protectorado de Fundaciones examina cómo aplicar la nueva ley tanto con la Fundación Franco como con otras organizaciones, revela una portavoz gubernamental. No obstante, no precisa el número de organizaciones que pueden verse afectadas. Juan Chicharro, presidente de la entidad, advierte de que acudirán a los tribunales para impedir su extinción.
Los expertos que, para culminar la operación, la oficina dependiente del Ministerio de Cultura deberá presentar una solicitud de ilegalización ante los juzgados, que serán quienes avalen la decisión. El Gobierno no puede proceder a su extinción de manera unilateral porque no tiene potestad para hacerlo.
Aviso a navegantes
Esta ilegalización no sería el final ni mucho menos. Una vez ilegalizada la Fundación Francisco Franco, irán por las asociaciones y partidos políticos denominados franquistas, como por ejemplo Falange Española en sus distintas ramas así como los Carlistas, para terminar en la ilegalización de aquellos partidos políticos y asociaciones que no sigan sus directrices. Este sería el caso de Vox y al final el PP, o asociaciones como HO o las entidades proVida.
Así, el senador Carles Mulet, de Compromís, apunta a que, además de la Fundación Francisco Franco, deberían liquidarse organizaciones como Denaes (próxima a Vox), Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortes, las fundaciones dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, Yagüe, Queipo de Llano, Blas Piñar, Ramiro Ledesma, Serrano Suñer, Abogados Cristianos e incluso FAES, el think tank vinculado al PP.
El objetivo es eliminar de la vida publica a aquellas entidades que ellos puedan considerar una amenaza para la implantación de su hoja de ruta social comunista.
Ilegalización complicada
El trámite administrativo que pone en marcha el proceso aún no se ha producido. La investigación se encuentra en una fase inicial. El objetivo es discernir qué fundaciones son susceptibles a la extinción por realizar apología del franquismo, ensalzar el golpe de Estado y la dictadura, enaltecer a sus dirigentes o humillar a las víctimas, como establece la disposición adicional quinta de la nueva norma. Es decir, ya no se habla solo de la Fundación Francisco Franco sino de otras muchas fundaciones.
La ley de Memoria Democrática aprobada en octubre modifica diversos preceptos del régimen de extinción y liquidación de las fundaciones, por lo que incluye un cambio en la ley de Fundaciones de 2002. La disposición adicional quinta de la nueva norma dispone liquidar entidades que «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo». Entre esas causas incluye la apología del franquismo o el enaltecimiento de sus dirigentes.
La disposición continúa afirmando que corresponde al Protectorado «instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa». El juez puede acordar la suspensión provisional de sus actividades hasta que dicte la sentencia definitiva, según los artículos 721 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil. La disposición final segunda de la nueva norma modifica el artículo 33 de la ley de Fundaciones, ampliando las causas de liquidación de estas.
Mediante estas dos modificaciones se pretende llenar una laguna de la que adolecía la normativa, que hasta ahora no contemplaba expresamente la extinción y liquidación de las fundaciones cuando sus fines dejen de ser considerados de interés general. No obstante, los cambios legales pueden «adolecer de defectos técnicos relevantes», ya que es difícil distinguir si una entidad hace apología del franquismo.
Reacciones en contra
«La ley de Memoria Democrática es inconstitucional, sectaria y totalitaria», asegura Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. En su opinión, la entidad que lidera «no menosprecia ni humilla a víctima alguna ni por supuesto incita al odio y a la violencia, requisitos indispensables que marca la norma». Este general retirado cree necesario definir el significado de «hacer apología del franquismo» y avanza que darán la batalla en los juzgados.
Chicharro cree que su organización trata «con perspectiva histórica» el franquismo, «cuando se produjo la mayor transformación social de nuestra historia». Se queja de que no se ponga el mismo interés en la extinción de fundaciones de carácter marxista cuando «una resolución del Parlamento Europeo recomendó su disolución en 2019.
(Con información de The Objective)
