La pasada semana puso en marcha un Real Decreto que da respaldo legal a la puesta en funcionamiento del pago por uso en función de las emisiones
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a actuar como un auténtico trilero político. Mientras públicamente vende que no habrá peajes en las carreteras españolas, la realidad es bien distinta: la pasada semana aprobó un Real Decreto que da respaldo legal a la implantación del pago por uso en función de las emisiones. En otras palabras, los peajes ya son una realidad en España, aunque el Ejecutivo socialista trate de camuflarlo.
Sigue la agenda 2030
Con esta maniobra, Sánchez ejecuta otra de las imposiciones de la Agenda 2030: restringir la movilidad de los ciudadanos, controlar sus desplazamientos y aumentar la recaudación a costa de los contribuyentes. Cada paso que da el socialismo es un avance más hacia la implantación de un control poblacional, limitando la libertad de movimiento y empujando a las personas a vivir encerradas en los denominados «guetos de los 15 minutos».
La transposición de la Directiva (UE) 2022/362
La transposición de la Directiva (UE) 2022/362 sirve como excusa al Ejecutivo para justificar el cobro en función de la contaminación, bajo el disfraz de la «sostenibilidad». Pero en realidad, el objetivo no es otro que blanquear la puesta en marcha de los peajes. Así lo dejó claro el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, al afirmar: «Tenemos un compromiso con la Unión Europea de poner en marcha un sistema de pago por uso de las infraestructuras viarias».
Sin embargo, de cara a la opinión pública, el Gobierno intenta vender esta normativa como la prueba de que no habrá peajes. Una auténtica tomadura de pelo que oculta la verdadera intención de este Real Decreto: crear la estructura legal para cobrar a todos los españoles por cada kilómetro recorrido.
La medida afecta a transportistas y usuarios de las carreteras
La medida afecta de lleno a transportistas y usuarios de las carreteras, que serán los primeros en sufrir el impacto económico de este nuevo peaje encubierto. Tal y como advirtió Juan José Potti, presidente de la Asociación Española de la Carretera: «Este tipo de peajes va a afectar especialmente a las zonas rurales y a las personas que no tienen alternativa al vehículo privado».
El secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, José María Quijano, lo dejó claro: «Estamos ante una medida que encarecerá el transporte y, por tanto, la vida de todos los españoles».
Además, la nueva normativa contempla variables como la congestión, la hora del día y las emisiones del vehículo para fijar el precio del peaje. Esto significa que, en la práctica, se penalizará aún más a quienes viven en zonas rurales y no tienen otra alternativa que utilizar su vehículo particular.
Chantaje de Bruselas: fondos a cambio de implementación de normas globalistas
Pero lo más grave es que este movimiento no es una imposición directa de Bruselas, sino una decisión voluntaria del propio Gobierno español según El Debate. Fue España quien presentó a Europa un plan de descarbonización donde se incluían los peajes y el aumento de los impuestos al diésel, a cambio de recibir las transferencias de los fondos Next Generation.
Con esta cesión a Bruselas, Pedro Sánchez sigue hipotecando el futuro de los españoles y avanzando en su hoja de ruta globalista. La excusa es siempre la misma: la lucha contra el cambio climático. Pero la realidad es que el sistema de peaje por emisiones es. además del control poblacional, una trampa recaudatoria que recaerá sobre la clase media, autónomos y profesionales del transporte.
España destina solo 21.000 euros por kilómetro de carretera en mantenimiento, muy por debajo de países como Italia, Alemania o el Reino Unido. En lugar de invertir en la seguridad vial, Sánchez prefiere cargar sobre los ciudadanos el coste de su desastrosa gestión y financiar su agenda ideológica.
Es, en definitiva, una estrategia encubierta de control social y recaudación masiva. La implantación de los peajes es una herramienta más de la Agenda 2030 para limitar la libertad de movimiento y someter a los españoles al control del Estado.
La creación de ciudades de 15 minutos, el peaje por emisiones y la subida de impuestos no son casualidades. Son eslabones de una misma cadena: la imposición de un modelo de sociedad donde la libertad desaparece y el ciudadano se convierte en un mero número al servicio de los intereses globalistas.
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