Ampliará 60 días el teletrabajo para garantizar un regreso ordenado Se pondrá sobre la mesa un nuevo plan de proveedores.
El Gobierno prepara ya nuevas medidas económicas y laborales en dos escenarios: por un lado, pretende iniciar la desescalada de las medidas de confinamiento y de hibernación económica, y por otro quiere ampliar y flexibilizar algunas de las medidas financieras y laborales aprobadas en decretos anteriores para paliar los efectos negativos que siguen golpeando al tejido empresarial. Para ello, decidirá en el Consejo de Ministros de hoy si amplía los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) en sectores considerados esenciales y que no hayan podido volver a su actividad ordinaria por culpa de las restricciones del estado de alarma; extender durante 60 días, con «carácter preferente», el teletrabajo tras levantarse la orden de confinamiento; flexibilizar el acceso a la financiación a través de los créditos ICO; aprobar nuevas moratorias fiscales para pymes y autónomos; y permitir que los suscriptores de planes de pensiones afectados por ERTE o en situación de desempleo puedan rescatar parte del capital acumulado.
Estas nuevas normas habían sido reclamadas insistentemente por empresarios y autónomos, como la posibilidad de ampliar los ERTE de fuerza mayor para algunas empresas que se han visto obligadas a mantener su actividad, pero cuyos ingresos y facturación se hayan visto mermadas seriamente. Esta ha sido una de las peticiones más importantes realizadas por las asociaciones de trabajadores por cuenta propia y que trasladaron al ministro Escrivá en su último encuentro del pasado domingo. Como adelantó LA RAZÓN, también se tratará la posibilidad de rebajar la minoración de ingresos del 75% al 50% para pedir la prestación por cese de actividad y que se amplíe la moratoria del pago de alquileres e hipotecas a los locales profesionales, aunque fuentes del Gobierno manifestaron que estas siguen en estudio.
Respecto al teletrabajo, el Ejecutivo decretó el pasado 17 de marzo el «carácter prioritario del trabajo a distancia» en todos los sectores económicos que pudiesen desarrollar su actividad por medios telemáticos, con el objetivo de «limitar los movimientos y contener la propagación» del Covid-19. El Consejo de hoy decidirá si esta medida se amplía por espacio de dos meses una vez que se haya levantado el estado de alarma. La intención del Ejecutivo es garantizar una desescalada ordenada y progresiva que evite una vuelta a la cotidianeidad laboral de forma abrupta, por lo que hasta el próximo julio no se recuperará la normalidad, ya que la última prórroga de confinamiento quedó fijada hasta el día 10 de mayo.
En cuanto al escenario laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pondrá sobre la mesa otra batería de medidas que irían destinadas a la protección del empleo más vulnerable. En este sentido, planteará que los empleados con hijos o personas dependientes a su cargo puedan seguir flexibilizando la jornada laboral o reducirla lo que sea necesario para el cuidado de sus allegados. También se ampliaría la protección para los empleados que estuvieran en periodo de prueba y su contrato se hubiera cancelado y para los fijos discontinuos –un colectivo especialmente golpeado en sectores como el turismo o el campo–, para que puedan acceder a la prestación de desempleo sin cumplir requisitos exigibles. También se prepara un nuevo plan de proveedores para aportar liquidez a las empresas con el pago de facturas pendientes de la Administración, algo que se negoció ayer con la Federación de Municipios para que se puedan desbloquear los más de 30.000 millones de superávit que tienen.
(Javier de Antonio. Diario La Razón)
