El informe de Santos Yusta se hizo además sin exploración alguna como habría sido razonable y exigible, razón por la que la AVT le denunció ante la Comisión de Deontología del colegio de Médicos de Madrid.
Sin embargo, el actual ministro de Interior, Fernando Grande–Marlaska, entonces juez de la Audiencia Nacional, desestimó varios informes emitidos por la forense Carmen Baena, que constató que Bolinaga tenía un tumor en un riñón pero no estaba, ni mucho menos, en estado terminal.
Pese a que le habían dado siete meses de esperanza de vida, no falleció hasta dos años y medio después, en enero de 2015, tras pasearse por pueblos y plazas del País Vasco como un héroe de los terroristas y de la izquierda proetarra.

Por su parte, Baena recibió una diana del diario GARA, pero Bolinaga fue excarcelado por Marlaska, entonces magistrado de la Audiencia Nacional…

Premio

Santos es el director del Instituto de Medicina Legal de Órganos de Jurisdicción Estatal (IMLCF-OJE) que da servicio al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En 2012 emitió un informe, elaborado junto a la forense Leonor Ladrón de Guevara, que sirvió para poner en libertad al asesino y secuestrador Bolinaga.

Como premio a su fidelidad socialista Zapatero nombra a Santos Yusta director del Instituto de Medicina Legal de Órganos de Jurisdicción Estatal (IMLCF-OJE) que da servicio al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, es decir, los órganos que interesan al gobierno.

Y así es como Santos Yusta fue el responsable de los presos del 1 de octubre catalán y de la exhumación de Franco.

Ahora, forense de las exhumaciones del Valle de los Caído

Lo curioso es que ahora esté vinculado también a las exhumaciones del Valle de los Caídos porque el pasado mes de enero fue nombrado director del Instituto de Medicina Legal de Baleares, su lugar de procedencia donde no dejó muy buen recuerdo de su primera etapa profesional. Entonces, el 80% de sus subordinados le denunciaron por «trato vejatorio» y «conducta dictatorial».

También le acusaron de que la mayoría de los contratos de embalsamiento iban destinados a la misma empresa…

En definitiva: sospecha de corrupción y presunto abuso laboral, pero fidelidad socialista probada.

(Con información de Actuall)