El régimen dictatorial de Sánchez que de forma progresiva devora la calidad democrática de España ha cruzado una línea roja de dimensiones históricas. En una resolución sin precedentes que atenta de forma directa contra el pluralismo informativo y el derecho a la información, la Mesa del Congreso de los Diputados, con mayoría del PSOE y Sumar- ha suspendido de manera cautelar e indefinida las acreditaciones de prensa de los periodistas de medios Vito Quiles y Bertrand Ndongo.
Una medida censora y represiva, camuflada bajo la pulcra retórica formal de la burocracia parlamentaria, no representa un simple trámite administrativo o disciplinario por el uso de los espacios comunes. Estamos, lisa y llanamente, ante un golpe de Estado institucional contra la prensa libre, diseñado para purgar las voces incómodas y críticas de la sede de la soberanía nacional y para blindar a la casta política de las preguntas molestas. Es la tiranía de la prensa donde solo tiene cabida las «voces oficiales».
Complicidad de los grandes medios de comunicación
Lo más alarmante y dantesco de este atropello no es la previsible voracidad censora de la Mesa de la Cámara Baja, dominada por los intereses del sanchismo y sus socios comunistas y separatistas. Lo verdaderamente escalofriante es el silencio atronador y la complicidad corporativa de los grandes medios de comunicación tradicionales. La prensa subvencionada, las grandes televisiones y las cabeceras que presumen de ser el «cuarto poder» asisten a esta purga con una mezcla de indiferencia calculada y, sobre todo, de aplauso soterrado. En lugar de cerrar filas ante un ataque frontal a la profesión periodística, los oligopolios de la comunicación callan y otorgan, demostrando que sus códigos éticos están supeditados al cobro de la publicidad institucional y al servilismo gubernamental. Han decidido mirar hacia otro lado porque la eliminación de la competencia incómoda beneficia su cómoda monopolización del relato oficial.
El uso de la excusa perfecta y la máxima comunista del terror
Los nombres de Vito Quiles y Bertrand Ndongo son la mera excusa que el poder político necesitaba para edificar un precedente jurídico temible. La Mesa del Congreso justifica esta expulsión amparándose en el supuesto «deterioro de la situación en las salas de prensa» y en la apertura de expedientes por «grabar imágenes sin autorización». Esta argumentación resulta de un cinismo insoportable en una cámara donde los portavoces gubernamentales insultan diariamente a los profesionales de la información y rehúsen responder a las preguntas de aquellos medios que no están alineados con la doctrina de la Moncloa. Al señalar, perseguir y apartar a estos dos comunicadores, el aparato estatal está aplicando con precisión de cirujano la vieja máxima de los regímenes comunistas: «Asesinar a uno para educar a miles».
El objetivo real de esta sanción nunca ha sido mantener el orden o el decoro en los pasillos de las Cortes Generales. La verdadera finalidad de este castigo ejemplarizante es inyectar el veneno del miedo en las redacciones de todo el país. Al demostrar que el Congreso tiene la capacidad legal y la impunidad política de arrebatar una credencial de forma indefinida y fulminante a un periodista molesto, el poder emite una advertencia transparente al resto de la profesión. El mensaje de la Mesa del Congreso es nítido: el profesional de la información que ose salirse del guion oficial, que investigue donde no debe o que plantee preguntas que saquen de sus casillas a los miembros del Ejecutivo, correrá exactamente la misma suerte de exclusión y muerte civil.
El camino directo hacia la autocensura generalizada
Las consecuencias de este ataque institucional a la libertad de expresión son inmediatas y devastadoras para la nación. Con esta resolución draconiana, la prensa y los medios de comunicación medianamente críticos se deslizarán de forma inevitable hacia la pendiente de la autocensura. Los directores de informativos, los jefes de sección y los reporteros a pie de calle comenzarán a medir cada una de sus palabras, a suavizar sus titulares y a moderar sus preguntas, no por un criterio de rigor profesional, sino por puro instinto de supervivencia laboral y empresarial. Cuando el ejercicio del periodismo se convierte en una actividad de alto riesgo donde el Estado castiga la icrítica con la expulsión, la verdad deja de ser el objetivo prioritario para dar paso a la sumisión defensiva.
El engranaje burocrático utilizado para esta purga confirma el carácter asimétrico de la persecución. Abrir expedientes basados en conceptos ambiguos como el «incumplimiento del reglamento» permite a la administración parlamentaria actuar de forma discrecional. La Mesa del Congreso se arroga de este modo la potestad de decidir quién es periodista y quién no, qué preguntas son admisibles dentro del decoro parlamentario y qué comportamientos merecen el destierro mediático. Es una mutación dictatorial del parlamentarismo: la institución que debiera ser el templo de la palabra y el debate sin censura se transforma en un club privado con derecho de admisión gestionado por los propios políticos que deben someterse al control de los ciudadanos.
Un precedente irreversible para la libertad de expresión
Asistir a la primera sanción de esta naturaleza en la historia del Congreso de los Diputados de España marca el nacimiento de una era de oscurantismo informativo. La devaluación de las garantías democráticas avanza de forma vertical ante una sociedad anestesiada por la propaganda y una profesión periodística fragmentada y cobarde. Los grandes medios de comunicación que hoy celebran o silencian la expulsión de Quiles y Ndongo cometen un error de cálculo histórico. Al validar con su silencio el principio de que el poder político puede retirar acreditaciones de prensa de forma arbitraria, están entregando las llaves de su propia libertad futura. Una vez que el rodillo de la censura estatal se pone en marcha y tritura las primeras líneas de defensa, nadie queda a salvo de su voracidad destructora.
La defensa de la libertad de prensa y de expresión no puede depender de la simpatía ideológica que despierten las víctimas de la purga; es una trinchera absoluta que se defiende siempre, o se pierde para siempre. La capitulación moral de la profesión periodística española ante el Congreso de los Diputados anticipa un escenario donde el periodismo de investigación y la fiscalización del poder serán sustituidos de forma definitiva por un boletín oficial de adhesión inquebrantable al régimen. España se asoma al abismo de la uniformidad informativa obligatoria y del pensamiento único, un paisaje desolador donde las preguntas incómodas habrán sido desterradas por completo de las salas de prensa y donde la verdad será solo aquella que la Mesa del Congreso decida autorizar.
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