El Ayuntamiento de Barcelona bajo sospecha por contratos a dedo. El consistorio se dejó 22 millones en adjudicaciones menores.
El Ayuntamiento de Barcelona bajo sospecha por contratos a dedo. Otorgó en 2024 el 83% de sus contratos de forma directa, sin concurrencia pública. Así se desprende de los datos del Portal de Contratación del mismo consistorio. Desde que el socialista Jaume Collboni se hizo con la alcaldía tras las elecciones municipales de 2023, el nuevo equipo local ha mantenido esta dinámica que lleva años denunciando la oposición. El anterior gobierno de coalición entre Comunes y el PSC, que presidía Ada Colau, también abusó de estos contratos a dedo.
Un Ayuntamiento dirigido sin transparencia: el 83% de los contratos fueron adjudicados a dedo
La contratación directa Ayuntamiento de Barcelona ha alcanzado cifras alarmantes. En 2023, el consistorio barcelonés, bajo el mando del socialista Jaume Collboni, adjudicó 5.831 contratos sin concurso público, representando el 83,04% del total. Esta tendencia no responde a situaciones excepcionales, sino a una gestión ya convertida en norma.
Se han formalizado 2.063 contratos menores (29,38%) y 3.768 mediante autorizaciones genéricas (53,66%). En total, 24.995.807,29 euros fueron repartidos sin publicidad ni concurrencia, con 22 millones de euros destinados únicamente a contratos menores. Un sistema legal, quizás, pero absolutamente carente de ética pública.
Contratación directa y falta de control público
Este abuso de la contratación directa Ayuntamiento de Barcelona no es una práctica nueva. En la legislatura anterior ya se evidenció un patrón similar. El Tribunal de Cuentas, en su informe de 2021, señaló que el consistorio lideraba el «ranking de fraccionamiento de contratos». Aquella advertencia no solo no generó cambios, sino que, al parecer, afianzó y consolidó una manera opaca de gobernar.
Fraccionamientos contractuales
El informe deja claro que existen «posibles fraccionamientos contractuales». Es decir, dividir un gasto en múltiples contratos menores adjudicados a la misma empresa, con importes inferiores a los 15.000 euros + IVA. Así, se evita el control, la publicidad y la libre concurrencia. No es una sospecha, es una trampa legal deliberada.
La contratación directa Ayuntamiento de Barcelona ya no es un accidente administrativo. Es un modelo de gobierno basado en el clientelismo encubierto y en la fragmentación de gastos para eludir la fiscalización.
Collboni y el socialismo municipal: más de lo mismo
El mantenimiento de esta actuación por parte del PSC ante estos hechos elocuente. En política, callar también comunica. Y lo que el socialismo catalán comunica con esta forma de actuar es que no piensa corregir este modelo corrupto de gestión.
Jaume Collboni, heredero directo del legado de la izquierda barcelonesa más sectaria, no ha mostrado ni la más mínima voluntad de aplicar criterios de transparencia o meritocracia en su gestión. Para el PSC, repartir contratos a dedo es simplemente una forma de gobernar. No importa si es legal. Es inmoral.
Además, estos contratos no responden a necesidades urgentes. Son el reflejo de una política institucionalizada que esquiva los principios básicos de una democracia sana: control, fiscalización, participación y transparencia.
Una cifra que escandaliza: 25 millones sin control
Casi 25 millones de euros adjudicados de forma directa deberían provocar una ola de indignación ciudadana. Pero no. En una sociedad anestesiada por la propaganda y la inacción de las instituciones de control, el abuso se normaliza.
La contratación directa Ayuntamiento de Barcelona supera cualquier umbral razonable de legalidad práctica. No se trata solo del número de contratos, sino de su uso como método general de gestión. Una ciudad gobernada con criterios opacos está condenada a convertirse en el feudo de unos pocos privilegiados, mientras la mayoría paga con sus impuestos una red de favores.
Barcelona merece instituciones limpias
La política de Jaume Collboni se fundamenta en el reparto discrecional de recursos públicos. Esa no es la función de un alcalde, ni de un gobierno municipal. Los fondos públicos deben estar sujetos a la máxima exigencia de transparencia y a procesos competitivos.
Como señala el informe de la Comisión Europea sobre España, la falta de confianza en las instituciones públicas se basa precisamente en estos abusos. Y la contratación directa Ayuntamiento de Barcelona no hace más que reforzar esa desconfianza.
La recuperación de la credibilidad institucional exige reformas profundas. Primero, eliminar el uso sistemático del contrato menor. Segundo, publicar todos los contratos con detalle accesible y comprensible. Tercero, abrir procesos competitivos incluso para servicios menores. La transparencia no es una opción: es un deber.
La contratación directa Ayuntamiento de Barcelona encarna la decadencia ética de una forma de gobernar que desprecia al ciudadano. No se puede hablar de servicio público cuando se actúa como si el presupuesto fuera patrimonio partidista.
No basta con que algo sea legal. Debe ser también justo, transparente y sometido al escrutinio ciudadano. Por el bien de Barcelona, de sus vecinos y del futuro institucional de España, el sistema de contratación directa debe terminar ya.
