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Pagar dos veces por el mismo servicio para que, además, funcione mal y te perjudique. Este es el resumen de la actual convivencia entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las oficinas de empleo de las Comunidades Autónomas. En muchos municipios de España, ambos organismos comparten el mismo edificio, el mismo pasillo y, a veces, hasta el mismo habitáculo. Sin embargo, para el ciudadano que acude a ellos, representan dos muros burocráticos desconectados entre sí, financiados con los mismos impuestos y diseñados para aplastar cualquier pretensión lógica bajo el peso de la duplicidad administrativa.
Nos han vendido durante décadas que el Estado de las Autonomías servía para acercar la administración al ciudadano. La realidad que experimentan las familias es diametralmente opuesta: el ciudadano se ha convertido en el rehén de un gigante apisonador con dos cabezas que no se hablan entre ellas.
La trampa del sistema: borrar tu antigüedad de un plumazo
El despropósito se hace evidente cuando analizamos el cruce de datos entre el SEPE (que paga las prestaciones) y la Comunidad de Madrid (que gestiona la demanda de empleo).
La ley establece que un trabajador puede cobrar la prestación por desempleo y, al mismo tiempo, compatibilizarla con un contrato a tiempo parcial. Es una medida pensada para fomentar la inserción laboral gradual sin dejar a la familia desprotegida. Sin embargo, cuando esto ocurre, la maquinaria autonómica entra en cortocircuito: al ser contratado —independientemente del tipo de jornada o de que sigas cobrando tu prestación del SEPE de forma legal— la Comunidad de Madrid te da de baja de oficio como demandante de empleo.
Pareciera un simple tecnicismo, pero las consecuencias para el trabajador son nefastas. Al darte de baja de oficio, la Comunidad de Madrid corta en seco tu antigüedad como demandante. Tu historial no coincide con las fechas de tu prestación del SEPE y el contador de tu desempleo se pone a cero.
El castigo al desempleado de larga duración
¿En qué se traduce este error de diseño informático y competencial? En que el sistema te arrebata la condición de «desempleado de larga duración».
Si meses después una empresa quiere contratarte y acogerse a las bonificaciones por contratar a un parado de larga duración, se encontrará con la puerta cerrada. Para el SEPE llevas más de un año en esa situación, pero para la Comunidad Autónoma no, porque te borraron del sistema automáticamente al coger aquel pequeño contrato a tiempo parcial. El trabajador pierde atractivo laboral y el empleador pierde su bonificación. Todos pierden, excepto la maquinaria burocrática, que sigue rodando ajena al daño causado.
«No es un error, el sistema es así»
Lo más indignante de chocar contra esta pared no es el fallo del sistema, sino la respuesta institucional. Cuando reclamas esta situación ante la Administración autonómica, la contestación es de una frialdad gélida: te confirman que no hay ningún error informático, que el sistema está programado para actuar así y que, aunque reconocen el perjuicio evidente para el demandante de empleo, «el funcionamiento es el que es».
Tratan al contribuyente como si fuera estúpido. Te exigen cumplir cada norma al milímetro, te cobran impuestos por partida doble para mantener dos redes de funcionarios haciendo labores redundantes, y cuando su falta de centralización y coordinación te perjudica directamente, se encogen de hombros.
Esta duplicidad no es cercanía al ciudadano, es servidumbre. Las familias y los trabajadores no estamos para financiar los reinos de taifas de la política nacional, ni para pagar las consecuencias de una administración descentralizada que genera problemas que jamás ocurrirían bajo un sistema único, lógico y centralizado. Ya es hora de exigir una poda burocrática real. No necesitamos dos oficinas en el mismo edificio para gestionar un solo problema; necesitamos una administración que funcione y deje de torpedear a quienes intentan sacar a sus familias adelante.
José Manuel y María
Desarrollo personal, liderazgo y familia sin mentiras.
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