Una docena de gobernadores republicanos y más de 200 congresistas del Partido Republicano se están implicando de lleno en una lucha judicial por una ley de Mississippi para restringir el aborto, cuyo resultado podría tener consecuencias para leyes similares en todo el país.
El pasado jueves, los abogados del gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, líder de los esfuerzos de los gobernadores, presentaron un amicus brief (*) al Tribunal Supremo de Estados Unidos en apoyo de Mississippi, que quiere hacer cumplir su ley de 2018 que prohibiría el aborto después de las 15 semanas de embarazo.
La fiscal general republicana de Mississippi presentó la semana anterior un escrito en el que pide al Tribunal Supremo que anule el caso Roe contra Wade, la histórica decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo el país.
La única clínica de aborto de Mississippi está desafiando la legalidad de la ley de 2018, argumentando que restringe inconstitucionalmente el acceso al aborto. El más alto tribunal de la nación norteamericana probablemente escuchará ese caso en el otoño, y tomará una decisión probablemente en 2022.
Argumentando que la cuestión del aborto es mejor dejarla en manos de los estados, en lugar de las instituciones deferales, los abogados de la docena de gobernadores republicanos destacaron que los ciudadanos tienen la capacidad de votar a los legisladores estatales con los que no están de acuerdo sobre las políticas de aborto.
«El Tribunal debería aprovechar esta oportunidad para corregir los errores en su jurisprudencia sobre el aborto y reconocer que el texto y la comprensión original de la Decimocuarta Enmienda no tienen nada que ver con el aborto», escribieron los abogados de McMaster. «En lugar de crear un derecho constitucional federal, el Tribunal debería dejar la regulación del aborto a los Estados, donde el pueblo puede actuar a través del proceso democrático».
Los abogados de McMaster también argumentaron que las decisiones históricas del alto tribunal sobre el aborto «han puesto patas arriba el cuidadoso equilibrio que la Constitución establece entre el Gobierno Federal y los Estados».
Los argumentos son similares a los expuestos por la fiscal general de Mississippi.
También el jueves, otro amicus brief de 184 miembros de la Cámara de Representantes y 44 senadores de Estados Unidos, todos ellos republicanos, argumentó a favor de delegar en los estados la gobernanza de las cuestiones relacionadas con el aborto, calificando de «profundamente necesario que este Tribunal devuelva el poder legislativo a los legisladores».
Alrededor de una docena de otros estados han aprobado prohibiciones del aborto similares o más restrictivas, que podrían entrar en vigor si el Tribunal Supremo de EE.UU. anulara el caso Roe v. Wade.
A principios de este año, McMaster firmó la «Ley de Carolina del Sur sobre el latido del feto y la protección contra el aborto», que obliga a los médicos a realizar ecografías para comprobar si el feto tiene latido, algo que suele detectarse unas seis semanas después de la concepción. Si se encuentra, el aborto sólo puede realizarse si el embarazo fue causado por violación o incesto, o si la vida de la madre está en peligro.
Los abogados de Planned Parenthood presentaron inmediatamente una demanda, y toda la ley fue bloqueada para que no entrara en vigor hasta que se celebre un juicio que está en suspenso a la espera del caso de Mississippi.
En 2019, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó una ley que prohibiría casi todos los abortos, sin excepciones para los casos de violación e incesto. Un juez federal bloqueó la entrada en vigor de esa medida.
«No hay nada malo en devolver esta cuestión a la gente», escribieron los abogados de McMaster, y añadieron que permitir que los estados manejen la cuestión individualmente «debería bajar la proverbial alta temperatura que se da en estos debates», disminuyendo la polémica sobre el aborto en las instancias judiciales y las campañas presidenciales.
Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund, dijo en un comunicado que los republicanos «quieren prohibir el aborto de forma absoluta», algo que calificó de «profundamente alejado de la opinión pública estadounidense, cuyo 80% apoya el acceso al aborto seguro y legal».
También han firmado el escrito de McMaster los gobernadores de Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Oklahoma y Texas.
(*) El amicus curiae (o amicus brief) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
