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La degradación institucional que sufre España bajo el mandato de P.S. ha alcanzado cotas verdaderamente alarmantes, traspasando las fronteras del decoro político para adentrarse en el terreno del asalto directo a la independencia judicial. El último y más flagrante episodio de esta deriva se concreta en la desesperada estrategia diseñada desde Moncloa en torno a la situación procesal de la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Lo que en cualquier democracia occidental se abordaría como un procedimiento de investigación criminal estándar, donde un ciudadano rinde cuentas ante los tribunales con luz y taquígrafos, en la España del sanchismo se ha transformado en una burda operación de propaganda estatal. El objetivo del Ejecutivo es tan nítido como perverso: instrumentalizar la imputación judicial de Gómez para edificar un relato de martirio político artificial, desviando la atención de la gravedad de los indicios de corrupción y tramas de tráfico de influencias que salpican al entorno más íntimo de la Presidencia del Gobierno.
El victimismo de Moncloa para encubrir la corrupción del entorno
La mutación del discurso de la Moncloa, que ha pasado de la inicial y fingida indiferencia a un agresivo despliegue de victimismo militante, responde a un plan fríamente calculado por los asesores de cabecera de Pedro Sánchez tal como señala La Razón. El aparato de poder gubernamental ha decidido que la mejor defensa no es el derecho, sino la agitación social y política. Al situar conscientemente a una ciudadana imputada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias en el epicentro del foco público, el sanchismo pretende transmutar una severa crisis judicial en un tramposo estandarte de resistencia democrática. Cada citación, cada providencia y cada requerimiento del juzgado no se contestan con argumentos jurídicos sólidos o con la aportación de pruebas que demuestren una supuesta pulcritud en los negocios universitarios y empresariales de la esposa del presidente; se responden con comunicados oficiales preñados de retórica bélica. Se busca fabricar de la nada el mito de una mujer perseguida injustamente por los poderes fácticos, una mártir de la causa izquierdista cuyo único pecado real, según el cínico argumentario socialista, sería estar casada con Sánchez.
El feroz y coordinado asalto gubernamental contra el juez Peinado
Para que esta estrategia de martirologio artificial resulte mínimamente creíble ante los ojos de su militancia y de la opinión pública dócil, el Gobierno ha desatado una campaña de acoso, derribo y descalificación sin precedentes contra el magistrado encargado de instruir la causa, el juez Juan Carlos Peinado. Desde la tribuna del Consejo de Ministros, pasando por los pasillos del Congreso de los Diputados y culminando en las tertulias de los medios de comunicación subvencionados por el régimen, se ha lanzado una consigna unánime: destruir la reputación del instructor. Los ataques proferidos contra el juez Peinado no son exabruptos aislados fruto del nerviosismo o la improvisación del momento; constituyen una meticulosa demolición controlada del prestigio del Poder Judicial. Al tildar las decisiones del magistrado de persecución política, prevaricación encubierta o causa general con tintes ideológicos, el sanchismo prepara preventivamente el terreno social para deslegitimar cualquier resolución futura que resulte adversa a los intereses de la familia presidencial, dinamitando la separación de poderes que sustenta el orden constitucional de la nación.
La burda manipulación de los viajes y la agenda de la OTAN
El ejemplo más palmario e hiriente de este uso torticero de las prerrogativas del Estado se ha escenificado con la calculada solicitud de Begoña Gómez para realizar viajes al extranjero, incluyendo su pretendida asistencia junto a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN y a un evento familiar privado en el Reino Unido. Para la maquinaria de propaganda de la Moncloa, esta petición judicial se concibió desde el primer instante como una trampa dialéctica perfecta de la que esperaban extraer rédito político sin importar las consecuencias institucionales. Si el magistrado instructor autorizaba los desplazamientos internacionales, el aparato mediático del PSOE se apresuraría a pregonar que la libertad de movimientos demostraba la absoluta inconsistencia de la causa y la total ausencia de indicios delictivos serios. Por el contrario, ante el escenario del rechazo judicial debido a las medidas cautelares lógicas que pesan sobre una persona formalmente investigada, el argumentario sanchista ya tenía redactada la condena colectiva: denunciar a bombo y platillo una supuesta crueldad judicial y una persecución desproporcionada que interfiere maliciosamente en la agenda diplomática de la Presidencia del Gobierno.
El secuestro del debate jurídico para forzar el choque institucional
La estrategia del sanchismo persigue de manera deliberada trasladar el debate desde el estricto y riguroso terreno del procedimiento criminal hacia un escenario de abierta y descarnada confrontación institucional. El Gobierno ya no pretende defender la inocencia de Begoña Gómez mediante el contraste técnico de informes policiales de la Unidad Central Operativa (UCO) o peritajes contables que descarten el trato de favor a empresas recomendadas. El plano jurídico ha sido abandonado por completo al considerarlo un territorio hostil e incómodo para sus intereses de supervivencia. La consigna actual pasa por forzar un choque de trenes de dimensiones inéditas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, presentando a la judicatura española como un estamento reaccionario y corporativista empeñado en subvertir la voluntad popular expresada en las urnas. De este modo, la investigación sobre las cartas de recomendación firmadas por Gómez o el uso presuntamente irregular de software patentado con fondos públicos queda diluida bajo una densa cortina de humo de polarización partidista y retórica frentista.
El falso blindaje moral de una ciudadana sin cargo público
Dentro de las filas del PSOE y en los cenáculos de la Moncloa existe el convencimiento absoluto de que la defensa corporativa de Begoña Gómez no puede ceñirse a las paredes del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Para sostener el relato de la infamia judicial, la propaganda del régimen insiste de manera machacona en la condición de ciudadana particular de la investigada, resaltando que al no ostentar un cargo público electo ni una responsabilidad orgánica dentro de la administración del Estado, se encuentra en una situación de supuesta indefensión frente al escrutinio público. Este planteamiento constituye una falacia intelectual de proporciones colosales; precisamente el presunto delito de tráfico de influencias penaliza el aprovechamiento indebido de la cercanía íntima y familiar con el poder político para obtener ventajas comerciales o académicas que están vedadas para el común de los mortales. Pretender que la retirada preventiva del pasaporte o la obligación legal de solicitar permiso judicial para abandonar el territorio nacional son torturas administrativas o abusos intolerables es un insulto diario a la inteligencia de los ciudadanos españoles, que asisten estupefactos al espectáculo de ver cómo las leyes que obligan a todos se pretenden suspender cuando afectan a los moradores de la Moncloa.
El incierto futuro judicial frente al muro de la propaganda estatal
El desenlace de esta lamentable deriva institucional dependerá en última instancia de la firmeza y la entereza e independencia que demuestren los tribunales de justicia frente al asedio sistemático del poder político. Mientras el juez instructor prosigue con la práctica de las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de la trama de negocios surgida al calor del palacio presidencial, el Gobierno de Pedro Sánchez se muestra decidido a elevar el tono de sus descalificaciones hasta niveles que comprometen la normalidad democrática. La transformación de una imputada por graves delitos económicos en una falsa heroína de la democracia es la última frontera de un populismo dictatorial que no repara en costes de legitimidad con tal de blindar su impunidad. La historia juzgará con extrema severidad este periodo en el que las estructuras del Estado y el crédito internacional de España se sacrificaron sin pudor en el altar del mesianismo personal de un presidente que prefiere erosionar los cimientos de la justicia antes que permitir que la verdad penal resplandezca sobre las actividades de su entorno.
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