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La entidad se querella contra el responsable de amenazar a los fieles e interrumpir durante meses las misas de una parroquia de Gran Canaria
La libertad religiosa en España atraviesa uno de sus momentos más críticos y alarmantes de la historia reciente. Lo que antaño se manifestaba como episodios aislados de intolerancia marginal ha mutado en una corriente sistemática, asidua y desacomplejada de hostilidad hacia la fe católica y sus practicantes. El amparo mediático, la complacencia política de determinados sectores y la alarmante pasividad institucional han creado un caldo de cultivo idóneo para que los ataques cristófobos se multipliquen a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Acudir a los templos a celebrar los sacramentos, un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española y en los tratados internacionales de derechos humanos, se ha convertido para muchas comunidades en un ejercicio de resistencia frente a la coacción y el miedo. El último y flagrante ejemplo de esta preocupante deriva se ha localizado en el archipiélago canario, donde una comunidad de fieles ha tenido que soportar un calvario de intolerancia violenta durante meses.
El intolerable acoso sistemático contra los fieles de Gran Canaria
Los hechos acontecidos en la localidad de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ilustran a la perfección la gravedad y el descaro con el que operan los agresores de la libertad de culto en España. Durante un periodo continuado de aproximadamente nueve meses, los sacerdotes y la comunidad de fieles de una parroquia local se vieron sometidos al hostigamiento pertinaz de un individuo radical. Este sujeto accedía de forma violenta y reiterada al interior del templo sagrado precisamente en los momentos de mayor recogimiento espiritual, coincidiendo con la celebración de la Santa Misa.
Lejos de manifestar el más mínimo respeto por el espacio y la fe ajena, irrumpía proferiendo gritos, insultos de grueso calibre y graves amenazas dirigidas tanto a los celebrantes como a los feligreses que abarrotaban los bancos. La hostilidad se tornaba extrema cada vez que los responsables de la parroquia o los propios ciudadanos le requerían pacíficamente que abandonara el recinto sagrado. Su respuesta no era el cese de su actitud, sino un enfrentamiento verbal violento que buscaba amedrentar a toda la congregación.
La gravedad y repetición de estos episodios, prolongados intolerablemente en el tiempo, obligaron finalmente a la movilización vecinal a través de sucesivas denuncias, lo que desencadenó una investigación policial que culminó con la detención del sospechoso por parte de los cuerpos de seguridad en Maspalomas.
La contundente respuesta jurídica de Abogados Cristianos
Ante la inaceptable desprotección de los creyentes y la persistencia del acoso, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha decidido tomar cartas en el asunto de manera tajante para frenar la impunidad de la que suelen gozar estos agresores.
La organización civil ha interpuesto formalmente una querella criminal ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana. El equipo jurídico de la fundación fundamenta la querella en la comisión flagrante de varios ilícitos tipificados de forma muy clara en el Código Penal español. En primer lugar, se acusa al detenido del delito de interrupción de culto consagrado en el artículo 523, que castiga expresamente a quien mediante violencia, tumulto o amenaza impidiere, interrumpiere o perturbare los actos o funciones de las confesiones religiosas. Adicionalmente, concurren de manera evidente los delitos de amenazas y coacciones, recogidos en los artículos 171 y 172 respectivamente de la ley penal.
La organización sostiene que la conducta del querellado no solo supuso un desprecio absoluto hacia el orden público y los ritos sagrados, sino que se diseñó de manera premeditada para sembrar la intimidación y un clima de miedo real entre la feligresía, vulnerando de raíz el libre ejercicio de sus derechos civiles y espirituales.
La alarmante normalización de la cristofobia en el territorio español
El calvario vivido por la parroquia canaria no constituye un suceso aislado en la España del siglo XXI; representa la punta del iceberg de una preocupante tendencia alcista de odio antirreligioso. Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha manifestado su rotunda condena ante una situación que califica de absolutamente intolerable en una sociedad que se autodenomina democrática y plural. En sus declaraciones, Castellanos ha hecho especial hincapié en la quiebra de derechos básicos que supone que decenas de ciudadanos hayan tenido que convivir durante casi un año con el miedo cotidiano de asistir a su iglesia parroquial.
Ningún cristiano en España debería verse en la tesitura de acudir a las celebraciones litúrgicas con temor a ser insultado, agredido o coaccionado por su fe. La presidenta de la entidad ha instado formalmente al poder judicial a actuar con la máxima contundencia penal contra estos comportamientos destructivos. La laxitud y la tibieza de la justicia solo sirven de incentivo para que los radicales sigan asaltando parroquias. Es urgente mandar un mensaje nítido e inequívoco a la sociedad: conculcar por la fuerza la libertad de conciencia y el derecho a la adoración religiosa acarrea consecuencias penales inmediatas y severas.
«Durante meses, decenas de fieles han visto vulnerado su derecho a practicar su fe con libertad mientras las amenazas y los insultos se convertían en algo habitual. Es intolerable que una parroquia tenga que convivir con una situación de acoso continuado. La Justicia debe actuar con firmeza y enviar un mensaje claro: impedir por la fuerza el ejercicio de la libertad religiosa tendrá consecuencias penales.»
Precedentes judiciales y el amparo a la impunidad violenta
La trayectoria judicial de Abogados Cristianos demuestra que la movilización legal es el único dique de contención eficaz frente a la pasividad estatal ante el odio anticatólico. La organización recuerda que ya ha obtenido victorias decisivas en los tribunales frente a desafíos similares que buscaban arrinconar la fe en el espacio público. Casos emblemáticos como la condena judicial a activistas de la organización radical FEMEN por el asalto violento y profanador de la Catedral de la Almudena en Madrid demuestran que el amparo penal existe si se ejerce con firmeza.
Asimismo, la persistencia jurídica de la fundación ha logrado la apertura de diligencias judiciales de investigación en numerosas provincias de España, como los recientes y preocupantes asaltos e iconoclasia sufridos en parroquias y ermitas de Málaga, Lérida y Almería. La proliferación de pintadas insultantes, la destrucción de imágenes sagradas y la irrupción en plenos oficios religiosos ya no se circunscriben a una sola región, sino que responden a una preocupante estrategia nacional de hostigamiento cultural y religioso encaminada a erradicar las raíces tradicionales e identitarias de la comunidad nacional.
Urgencia social ante el asedio a los valores cristianos
Este panorama de asedio institucionalizado y social exige una reflexión profunda sobre la deriva ética de las instituciones y la imperiosa necesidad de reforzar la protección penal del hecho religioso. La permisividad de los poderes públicos a menudo degenera en una hostilidad encubierta que desampara a la mayor parte de la población española, que profesa el catolicismo o respeta profundamente su herencia. Tolerar que los templos católicos se conviertan en escenarios francos de la impunidad de activistas ideológicos debilita irremediablemente el pacto de convivencia democrática.
La agresión a una iglesia o a un fiel en mitad de la oración no es una simple manifestación de la libertad de expresión; es una violación directa del derecho constitucional a la libertad religiosa y un delito de odio evidente. El caso de Gran Canaria debe marcar un punto de inflexión. Si el Estado de derecho no es capaz de garantizar la inviolabilidad de los templos y la seguridad física y psicológica de los feligreses frente al vandalismo y la agresión sistemática de los violentos, la democracia española estará claudicando ante el totalitarismo ideológico más sectario.
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