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El centro de Ceuta vivió este sábado un capítulo negro que certifica la quiebra absoluta de la soberanía nacional. El líder del partido Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, acudió a la ciudad autónoma para encabezar una concentración legal, amparada por las leyes y con todos los permisos institucionales en regla. Sin embargo, una multitud hostil compuesta por ilegales de origen marroquí saboteó el acto político mediante amenazas, insultos y un clima de violencia asfixiante. Lejos de garantizar el derecho constitucional de reunión y disolver con firmeza a los alborotadores, el Ministerio del Interior ordenó una retirada humillante. La Policía Nacional escoltó al representante público fuera del recinto para evitar una agresión inminente, consumando una rendición institucional sin precedentes.
Esta intervención policial no representa una operación de seguridad ordinaria, sino una vergonzosa claudicación del Gobierno español ante el chantaje de la calle y de una potencia extranjera en tu propio país. Las fuerzas de seguridad del Estado renunciaron a imponer el orden y prefirieron desalojar a los ciudadanos que ejercían sus libertades fundamentales en su propia nación. Al ordenar la evacuación obligatoria de los organizadores en lugar de disolver la contramanifestación ilegal, los mandos policiales y los responsables políticos premiaron la coacción de las turbas. La Moncloa traslada con esta decisión un mensaje de impotencia alarmante, demostrando que el Estado español ya no controla el espacio público en Ceuta y Melilla
El desalojo forzoso del mitin legal y la cobardía de las autoridades
El despliegue policial en torno al puerto ceutí evidenció el colapso del principio de autoridad que sufre el país. El aparato de Interior justificó la evacuación de Alvise Pérez bajo el pretexto de garantizar la integridad física de los asistentes frente al rechazo de los colectivos ilegales magrebíes. Esta argumentación esconde una hipocresía intolerable por parte de la delegación del Gobierno. La misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estriba en proteger el libre ejercicio de los derechos civiles de los españoles frente a quienes pretenden reventarlos mediante la violencia, no en expulsar a las víctimas de la coacción para ahorrarse problemas de orden público.
La retirada obligada del líder político del recinto asignado confirma que el Ejecutivo prefiere silenciar la disidencia política antes que enfrentarse a la realidad de la inmigración descontrolada. Los agentes escoltaron al eurodiputado hasta el barco de regreso como si fuera el infractor, mientras los grupos que bloqueaban la concentración celebraban la victoria en las calles aledañas. Esta inversión de la ley premia al infractor y castiga al ciudadano que cumple las normas, transformando el derecho de reunión en un privilegio que depende de la aprobación o el veto de colectivos extranjeros que desprecian el ordenamiento constitucional de la nación.
La repetición del patrón con Núcleo Nacional y la impunidad en la frontera
La misma dinámica de sometimiento institucional se repitió pocas horas después con los integrantes de la formación Núcleo Nacional. Una veintena de jóvenes vinculados a este movimiento acudió al mismo enclave ceutí para manifestarse de forma pacífica y legal, encontrando exactamente la misma hostilidad por parte de las organizaciones ilegales marroquíes. Los agentes desplegados en la zona pidieron de forma tibia a los contramanifestantes que se retiraran, pero estos desoyeron las órdenes policiales con total desprecio. Al comprobar la pasividad gubernamental, los saboteadores mantuvieron el bloqueo hasta lograr que las furgonetas policiales evacuasen también a este segundo grupo hacia las instalaciones portuarias.
La salida de los ciudadanos españoles fue despedida con vítores, gritos de triunfo y una ruidosa caravana de motocicletas que hostigó el trayecto de los evacuados pitando con total impunidad. Este espectáculo desolador demuestra que la pasividad de la Policía Nacional ensancha los márgenes de actuación de las organizaciones que desafían la soberanía española en Ceuta. El repliegue forzado de dos colectivos diferentes en una misma jornada evidencia un patrón de conducta estructural dictado desde Madrid: evitar cualquier fricción con los sectores alauíes, aunque eso signifique pisotear los derechos fundamentales de los compatriotas que residen o viajan a la ciudad autónoma.
La pérdida del espacio público y la rendición total ante el control extranjero
Los sucesos ocurridos este sábado marcan un salto cualitativo de extrema gravedad que anticipa la pérdida definitiva de la soberanía sobre el terreno. El examen objetivo de los hechos conduce a una conclusión inapelable y dolorosa para la nación: las organizaciones ilegales extranjeras ya tienen la capacidad real de expulsar a los españoles de una ciudad española. Ceuta funciona hoy como un territorio donde las leyes estatales se suspenden si la población marroquí ilegal decide aplicar el veto de la fuerza. El Gobierno central permite este escenario de abandono porque prefiere la paz social ficticia que otorga la sumisión antes que ejercer la legítima defensa del territorio y del orden democrático.
La impunidad con la que operaron los contramanifestantes marroquíes confirma que el plan de asfixia y control de Marruecos sobre las plazas españolas avanza con la complicidad por omisión de la Moncloa. Si la policía española no puede garantizar la celebración de un acto político legal de un eurodiputado en el centro de Ceuta, significa que el Estado cedió de facto el control de las calles a quienes anhelan la anexión del territorio al reino alauí. El abandono institucional de las plazas africanas no es una hipótesis de futuro; constituye una realidad palpable que sufren los ciudadanos diariamente mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez oculta su debilidad tras una retórica de falsa convivencia que solo camufla una rendición histórica ante el vecino del sur.
P.d.: Según Alvise Pérez, «Ni Pedro Sánchez, ni Feijóo ni Abascal han condenado la violencia marroquí ejercida contra Alvise Pérez y SALF en el día de ayer».
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