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Varapalo judicial al Ayuntamiento de Barcelona por el catalán
La obsesión separatista y la exclusión lingüística del español ya no son patrimonio exclusivo de las formaciones puramente secesionistas en Cataluña. El sectarismo institucional ha calado hondo en el actual equipo de gobierno socialista de la ciudad condal. Los tribunales de justicia acaban de propinar un severo y ejemplarizante varapalo judicial al Ayuntamiento de Barcelona. Este revés convierte a la administración del alcalde Jaume Collboni en el primer consistorio socialista que recibe una condena firme por exigir un nivel de catalán claramente desproporcionado, abusivo e injustificado a sus propios empleados públicos.
El caso retrata a la perfección una deriva institucional preocupante. Como recoge Hispanidad, el consistorio barcelonés exigía un incomprensible nivel C1 de catalán a los auxiliares de laboratorio que aspiraban a una plaza pública. Un juzgado de la ciudad condal ha declarado «nula» la convocatoria de empleo. La resolución frena en seco un nuevo intento de instrumentalizar la lengua autonómica como una barrera ideológica y de acceso al trabajo. Este atropello administrativo ocurre en un contexto alarmante, donde el odio y persecución al español avanza sin frenos en la región. El propio gobierno de Barcelona amaga con perseguir y multar a los comercios locales que no utilicen el catalán en sus carteles o en su atención diaria.
La imposición ideológica y excluyente del catalán
La deriva sectaria del equipo de Jaume Collboni ha chocado de frente contra el muro del Estado de Derecho. El Juzgado de lo Contencioso número 12 de Barcelona sentenció el pasado 9 de septiembre que el Consistorio tendrá que rebajar de forma inmediata el nivel de catalán requerido por la Agencia de Salud Pública de Barcelona a los auxiliares de laboratorio que quieran optar a una plaza en este organismo vinculado al Ayuntamiento. La justicia desarma así la estrategia de arrinconamiento del español que el Partido de los Socialistas de Cataluña aplica ahora con la misma intensidad que sus antiguos socios de gobierno.
En el fallo judicial, el magistrado declara de forma tajante e inapelable como «nula» la convocatoria pública de empleo por solicitar el nivel C1 de la lengua autonómica. El juez ordena además de manera estricta que el nivel de catalán exigible para dicha categoría funcionarial pase a ser el B2, un rango puramente intermedio. El magistrado atiende y estima así en su totalidad el recurso que presentó la entidad Convivencia Cívica Catalana, una asociación que preside el abogado Ángel Escolano. La resolución judicial ratifica sin paliativos que el requisito lingüístico planteado originalmente por el Ayuntamiento de Barcelona era «desproporcionado» y carecía de cualquier lógica laboral o administrativa.
Un varapalo judicial a la arbitrariedad del socialista Jaume Collboni
Los argumentos jurídicos que contiene la resolución exponen las vergüenzas de una política municipal centrada en la ingeniería social en lugar de priorizar la competencia técnica de sus sanitarios. Subraya la sentencia que en la convocatoria para auxiliar de laboratorio «no consta ninguna función específica de atención ciudadana o similar que justifique el conocimiento de la lengua catalana en el nivel C1, resultando a todas luces desproporcionado». Al juez no le tiembla el pulso al evidenciar que un técnico de laboratorio trabaja con probetas, cultivos y microscopios, entornos científicos donde el bilingüismo institucional no puede usarse jamás como un filtro de exclusión ideológica.
Este histórico fallo judicial representa una victoria moral de enorme trascendencia colectiva. La asociación Hablamos Español, que defiende con firmeza los derechos lingüísticos de los ciudadanos frente a los abusos de las administraciones bilingües, celebra abiertamente el sentido de la sentencia. El dictamen judicial demuestra que los tribunales todavía actúan como un refugio de racionalidad frente a la exclusion sistemática del español en las instituciones catalanas. Imponer un nivel de catalán equivalente al de un docente de secundaria a profesionales de la salud pública que no atienden al público constituye un verdadero despropósito. Esta práctica solo busca restringir el acceso a la función pública a miles de ciudadanos perfectamente cualificados por el mero hecho de tener el español como lengua materna. El Ayuntamiento de Barcelona debe acatar esta lección de legalidad y frenar de inmediato su hostilidad lingüística.
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