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Fraude de la ley de nietos en el censo CERA y el caos electoral
El sistema demográfico y electoral de España afronta una de sus mayores amenazas debido a las consecuencias de la llamada Ley de Memoria Democrática. Lo que el Gobierno promocionó como un acto de justicia histórica ha derivado en un coladero descontrolado de nacionalizaciones masivas que altera de forma artificial el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los peores temores sobre las trampas de la ley de nietos encuentran ahora un reflejo nítido en las propias tripas de la administración del Estado. La Oficina del Censo Electoral (OCE) acaba de desatar un escándalo institucional al remitir a la Junta Electoral Central (JEC) un documento que camufla las graves deficiencias en la fiscalización de estos nuevos electores extranjeros.
El nuevo agujero del CERA expone una realidad preocupante: la Oficina del Censo mezcla de manera deliberada los controles de la ley de nietos con los de los españoles emigrados que realmente han nacido o vivido en la península según recoge La Gaceta. La OCE remitió a la JEC un borrador infame sobre los controles aplicados a las inscripciones de españoles residentes en el extranjero. En dicho texto, incluye dentro de una misma explicación dos supuestos totalmente distintos previstos por la normativa electoral: el de quienes han residido previamente en España y el de quienes nunca lo han hecho. El documento llega justo después de que la JEC reclamara aclaraciones urgentes sobre los criterios oscuros utilizados para determinar el municipio electoral de los nacionalizados al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
La manipulación técnica para ocultar el origen del voto
La chapuza administrativa adquiere tintes delictivos cuando se analiza la opacidad del documento enviado por las autoridades estadísticas. El informe remitido por la OCE consiste en un borrador sin firma, sin Código Seguro de Verificación (CSV) y sin registro oficial de entrada. Una muestra flagrante de la impunidad con la que actúan ciertos organismos públicos bajo el actual Ejecutivo. El aspecto central de la controversia se encuentra en la explicación tramposa que ofrece sobre la elección del municipio español al que queda adscrito cada elector del Ceso CERA. Esta maniobra diluye por completo las alarmas sobre el fraude masivo de personas que consiguen el pasaporte español sin tener ningún vínculo real con el país.
La regulación vigente establece una separación expresa que la Oficina del Censo pretende borrar. El artículo 4.1.a) de la Orden EHA/642/2011 dispone que, para quienes hayan residido en España, el municipio electoral será el de su última residencia. Por el contrario, el artículo 4.1.b) establece que para quienes nunca hayan residido en España el destino será «el municipio de mayor arraigo, propio o de alguno de los ascendientes». Existe además un tercer supuesto restrictivo: el apartado 2 del mismo artículo obliga a los electores que quieran inscribirse en un municipio distinto al de su última residencia en España a presentar una declaración explicativa y aportar los documentos que justifiquen su elección. La norma distingue con total claridad entre el ciudadano emigrado y el extranjero absoluto.
El párrafo de la discordia que desata las alarmas
El borrador de la OCE afirma textualmente que el formulario permite escoger como regla general la última residencia en España o solicitar otro municipio acreditando «un mayor arraigo propio, el municipio de mayor arraigo de los ascendientes u otros motivos». Es precisamente ahí donde aparece la discrepancia y el intento burdo de engaño a la Junta Electoral. El texto introduce el concepto de los ascendientes, propio de quienes jamás han pisado España, dentro del apartado reservado en exclusiva para personas que sí cuentan con una última residencia española.
Esta confusión deliberada resulta sumamente relevante para los beneficiarios de la denominada ley de nietos nacidos y residentes fuera de España que nunca han vivido en territorio nacional. Su adscripción arbitraria a determinados municipios puede alterar mayorías políticas locales y provinciales con votos emitidos a miles de kilómetros de distancia por ciudadanos que desconocen la realidad nacional. La formulación de la OCE diluye deliberadamente la diferencia entre ambas categorías y evita explicar separadamente qué controles reales aplica sobre quienes nunca han residido en la nación.
El freno del Tribunal Supremo al descontrol institucional
Ante la pasividad del Gobierno, la Junta Electoral Central ya había exigido con anterioridad el uso de criterios objetivos y homogéneos para frenar la inscripción descontrolada de electores residenciales en el extranjero. El órgano de control reclamó que la adscripción quedara suficientemente motivada cuando el municipio electoral no derivara directamente de la última residencia real en España, buscando garantizar la transparencia elemental en la formación del censo. Sin embargo, la Oficina del Censo Electoral, integrada en el Instituto Nacional de Estadística, ignoró estas advertencias hasta que la justicia penal tomó cartas en el asunto.
La controversia adquirió una dimensión judicial definitiva con los autos del Tribunal Supremo de 10 de septiembre, dictados tras los recursos presentados por formaciones constitucionalistas y la asociación Iustitia Europa. El Alto Tribunal ordenó medidas cautelares contundentes sobre las inscripciones vinculadas a la polémica disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Tras las resoluciones judiciales, la JEC ordenó de forma estricta a la Oficina del Censo efectuar el desglose inmediato de las personas afectadas y requirió a los registros consulares certificaciones exhaustivas para acreditar qué nacionalizados cumplían realmente los supuestos de exilio recogidos en la ley. El descarado borrador de la OCE demuestra que la administración intenta encubrir la falta de control en el censo exterior, reuniendo bajo un mismo párrafo supuestos que la legislación obliga a regular por separado. La trampa ha quedado al descubierto.
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