Denuncian al ministro filomasón Torres por las «adjudicaciones millonarias» de los contratos Covid-19 en Canarias

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Manos Limpias presentará «una querella ante el Tribunal Supremo» en la que acusan al político canario de delitos de «tráfico de influencias y prevaricación»

El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard presentará una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Política Territorial, el filomasón canario Ángel Víctor Torres, por «presunto tráfico de influencias y prevaricación en los contratos millonarios licitados durante la pandemia cuando Torres era presidente del Gobierno de Canarias».

Querella ante el Tribunal Supremo por estar el ministro Torres aforado

Bernard señala que «la apertura de este procedimiento judicial debe solicitarse ante el Tribunal Supremo al gozar de aforamiento el ministro. No hay que olvidar que estos contratos se adjudicaron a empresas ajenas al sector sanitario y con un sobrecoste del material adquirido durante la pandemia».

Bernard explica que debido «a la condición de aforado del ministro Torres, según el reglamento por el que se rige el Congreso de los Diputados habría que realizar un  suplicatorio para que fuera investigado. Este suplicatorio tendría que ser aprobado por la mayoría de los diputados de la Cámara Baja, es decir, que en caso de que se produjeran estas votaciones, los propios políticos del Congreso quedarían ‘retratados’, dando luz verde o no al inicio del procedimiento sobre las contrataciones sanitarias efectuadas por Torres».

El ministro filomasón ya tiene experiencia en no acudir a las citaciones

Manos Limpias recuerda que «en abril de 2023, durante la anterior legislatura, la Mesa del Senado, aprobó por mayoría la comparecencia de Torres, entonces presidente de Canarias, junto al exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, y el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez —imputado en este caso por tráfico de influencias y prevaricación—, para rendir cuentas sobre estas licitaciones millonarias de material sanitario. Y nunca se presentaron ante el Senado ninguno de estos tres cargos públicos».

Añade Bernard: «Apelamos a esta medida aprobada por el Senado para pedir al Congreso para que no obstaculice políticamente ninguna investigación y se respeten todos los procedimientos judiciales que considere necesarios el Tribunal Supremo».

Manos Limpias señala «tráfico de influencias y prevaricación»

Tal como indica Miguel Bernard, «el sindicato ha recabado toda la información basada en documentos públicos emitidos por el Servicio Canario de Salud sobre las citadas contrataciones millonarias de material Covid-19 y resoluciones de la Dirección General de Régimen Económico del SCS, así como acuerdos del Consejo de Gobierno del ya expresidente Ángel Víctor Torres, actas del Comité de Expertos Covid-19 del ejecutivo Canario, acuerdos de la exinterventora de la Comunidad Autónoma de Canarias, Natalia Yáñez, información del Portal de Transparencia y Portal de Contratación del Estado, Registro Mercantil y denuncias sobre estas licitaciones interpuestas por diferentes particulares ante la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Europea, el Tribunal de Cuentas, la UDEF de la Policía Nacional y la Guardia Civil».

Imputación de la fiscalía europea

Este sindicato también ha manifestado que «en relación a la querella contra el ministro Torres cabe destacar la imputación efectuada por parte de la Fiscalía Europea al administrador único —Rayco González— de la empresa de venta de coches, RR7 United SL, por estafa agravada y blanqueo de capitales al no entregar un millón de mascarillas 3M —no homologadas en Europa— tras cobrar 4 millones de euros del Servicio Canario de Salud».

En su denuncia Manos Limpias también se refiere a «la investigación abierta por la Fiscalía Europea tras la denuncia presentada por la empresa 7Academy SL contra Damco y Tanoja como adjudicatarias del SCS y cuyo administrador único, Joel Jammal, está siendo investigado por delito fiscal contra la Hacienda Pública» e indica que hay «testigos que aseguran la presencia de Torres en la lujosa residencia madrileña del empresario investigado Jammal, otro hecho que el ministro Torres debería de explicar».

Bernard también hace hincapié sobre «otra adjudicación millonaria de mascarillas por parte del SCS a la empresa a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, entidad investigada en el caso Koldo [unas licitaciones que fueron reveladas por elcierredigital.com], así como sobre una resolución del SCS relativa a material no apto para hospitales entregado por la empresa Soluciones, pero que no fue cancelado por el gobierno regional de Torres».

El cerco jurídico se cierra sobre este ministro filomáson -son muchos los vínculos de Torres con la masonería, desde sus años al frente del PSOE Canario hasta ahora con su nueva etapa como ministro, siendo , según muchos, el enlace externo del Sanchismo con los masones-. Son numerosos los indicios de irregulares y tráficos de influencia. Si en España funcionase la justicia independiente Torres tendría que dar cuenta de sus actuaciones

Fuente: María Montero | El Cierre Digital

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