«Caza de brujas y purga’ de la fiscal Peramato: premia a afines a García Ortiz y castiga a los que no lo son

Fiscalía en crisis: nombramientos bajo sospecha. La justicia pierde su esencia cuando se premia la afinidad ideológica y se castiga la independencia.

La crisis en la Fiscalía española adquiere un nuevo capítulo que pone en duda la imparcialidad institucional. La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, impulsa una serie de nombramientos en el Tribunal Supremo que favorecen a perfiles cercanos a su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por revelar datos de un particular. Este movimiento genera inquietud y rechazo dentro del propio cuerpo fiscal y constata la percepción de una estrategia dirigida a consolidar poder ideológico en la cúpula judicial.

Desde distintos sectores se denuncia una dinámica preocupante: promoción de fiscales afines y marginación de quienes no comparten esa línea.

Nombramientos en el Supremo: una estrategia cuestionada

La actual dirección de la Fiscalía ha impulsado el nombramiento de 17 fiscales para la cúpula del Tribunal Supremo, una cifra significativa que redefine equilibrios internos. Según informaciones publicadas, muchos de estos perfiles mantienen cercanía con García Ortiz, lo que refuerza la idea de continuidad ideológica sectaria y proSánchez en la institución.

Esta política de designaciones ha dejado fuera a candidatos respaldados por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), lo que incrementa el malestar interno. No se trata solo de nombres, sino de un modelo de Fiscalía que abandona criterios de mérito y capacidad para priorizar afinidades personales o ideológicas.

El impacto de estas decisiones trasciende lo corporativo. La Fiscalía desempeña un papel clave en el Estado de Derecho, y cualquier sombra de parcialidad debilita el sistema jurídico. La crisis en la Fiscalía ya no se percibe como un conflicto interno, sino como un problema estructural.

Promociones polémicas y posibles represalias

Las decisiones recientes no se limitan a los nombramientos iniciales. La estrategia continúa con nuevas promociones que refuerzan el mismo patrón. Entre ellas destaca la propuesta de situar a Pilar Fernández Pérez, esposa de García Ortiz, en la cúpula de la Fiscalía de Galicia.

Este movimiento ha generado críticas por posible conflicto de intereses y por la imagen de nepotismo que proyecta. La situación se agrava al conocerse que Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, podría acceder a la Sala Social del Supremo pese a haber sido investigada en el caso de filtración relacionado con García Ortiz.

Mientras tanto, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, enfrenta un escenario muy distinto. Tras declarar como testigo y afirmar que no tenía dudas sobre la filtración, su continuidad en el cargo parece comprometida. La diferencia de trato resulta evidente y alimenta la sospecha de represalias internas.

Un mensaje claro dentro de la institución

Estas decisiones envían un mensaje directo a los miembros de la Fiscalía: la alineación con la dirección actual puede resultar determinante para la carrera profesional. Esta dinámica erosiona la independencia de criterio y debilita la función esencial del Ministerio Fiscal.

Consecuencias para el Estado de Derecho

La crisis en la Fiscalía no solo afecta a sus miembros, sino al conjunto de la sociedad. La justicia requiere instituciones fuertes, independientes y alejadas de cualquier sospecha de manipulación. Cuando los nombramientos se perciben como instrumentos de control, la credibilidad del sistema se resiente.

Prácticas como las descritas ponen en riesgo principios fundamentales como la separación de poderes y la igualdad ante la ley. La percepción de una Fiscalía alineada con el poder sanchista y con intereses particulares rompe el equilibrio institucional.

El Tribunal Supremo representa la máxima instancia judicial y debe actuar con absoluta neutralidad. La llegada de fiscales bajo sospecha de afinidad política o personal compromete esa neutralidad y genera incertidumbre sobre futuras decisiones judiciales.

Una deriva que exige respuesta

La Fiscalía no puede convertirse en un instrumento al servicio de intereses de Sánchez y sus amigos. Su misión consiste en defender la legalidad, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la igualdad ante la ley. La justicia pierde su esencia cuando se premia la afinidad ideológica y se castiga la independencia.

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