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La sombra de la corrupción de José Bono ha dejado de ser un secreto a voces circunscrito a las fronteras españolas. Durante años, diversos analistas y periodistas independientes en España han señalado el inexplicable crecimiento patrimonial del expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados. Sin embargo, el escenario ha cambiado de forma radical: la alarma ya no proviene únicamente de los medios nacionales, sino que ha estallado con fuerza en el corazón de la República Dominicana. La televisión del país caribeño ha puesto nombres, apellidos y cifras millonarias a una red de negocios opacos que exige, de manera inapelable, que la Fiscalía y los tribunales de justicia tomen cartas en el asunto de forma inmediata ante la acumulación abrumadora de indicios delictivos.
El exministro socialista opera mediante cuatro sociedades en macroproyectos de energía solar valorados en más de 146 millones de dólares. La televisión de la República Dominicana, a través del programa de investigación 55 Minutos con Julissa Céspedes, y que ha recogido Libertad Digital, ha destapado una red de millonarias inversiones energéticas vinculadas al exministro español José Bono y a personas de su entorno en el país caribeño. Tras las sucesivas informaciones sobre su patrimonio empezado hace años por el analista Alvise Pérez, el nombre del político socialista vuelve a la palestra pública, esta vez en territorio dominicano, por sus negocios en sectores estratégicos de la isla, levantando sospechas flagrantes de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El pasaporte de la impunidad y el desembarco empresarial
El origen cronológico de este entramado coincide de manera sospechosa con la obtención de privilegios legales en la isla por parte del exministro, lo que facilitó un desembarco empresarial meteórico y libre de los controles fiscales habituales que sufren los inversores ordinarios.
Bono obtuvo la nacionalidad dominicana en octubre de 2020 mediante un decreto presidencial concedido por Luis Abinader. Desde ese momento, el político socialista inició una serie de movimientos empresariales a través de cuatro sociedades, entre las que destacan Sociedad Veleta y Teivelpir SRL. El entramado societario vincula además a otros ciudadanos españoles como Dimas de Andrés Puyol y el exdiputado de la Asamblea de Madrid Juan Segovia, este último señalado como un amigo cercano de José Bono. Junto al dominicano Williams Jiménez, Segovia pasó a formar parte de dos macroproyectos de energía solar valorados en una inversión inicial estimada de 146,2 millones de dólares: Las Parras Energy, una planta fotovoltaica en el municipio de San Antonio de Guerra, y Pimentel Energy, en la provincia Duarte.
Ambas iniciativas fueron otorgadas a la concesionaria MedCap Energy Caribe, SRL, representada por Dimas de Andrés Puyol, por parte del Estado dominicano mediante resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Energía en enero y agosto de 2024. La rapidez con la que estas empresas de reciente creación y vinculadas al entorno de Bono se hicieron con contratos de tal envergadura estratégica evidencia un trato de favor institucional que la justicia no puede seguir ignorando.
Contratos fantasma y el ocultamiento deliberado de información
La opacidad documental que rodea las adjudicaciones multimillonarias a la red de Bono constituye un indicio de criminalidad de manual, donde las instituciones del Estado parecen haber colaborado activamente en el ocultamiento de las condiciones contractuales.
A pesar de que las resoluciones concesionales son de acceso público, el equipo de investigación del canal dominicano CDN ha denunciado que los contratos específicos de estas adjudicaciones no aparecen publicados ni en el portal de la Comisión Nacional de Energía ni en la página oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas del país, lo que genera serias dudas sobre la transparencia de los acuerdos. «Para esta investigación se solicitó a la Comisión Nacional de Energía los contratos de concesión definitiva de MedCap Energy Caribe, pero la respuesta fue que estos documentos no se encuentran disponibles en su portal web«, señalaron los reporteros del programa durante la emisión del reportaje. Este apagón informativo no es un error informático, sino una maniobra deliberada para esconder el destino y las comisiones de 146 millones de dólares.
Sociedades pantalla y domicilios fiscales fantasma en Santo Domingo
El modus operandi de las empresas controladas por el entorno de José Bono replica las estructuras clásicas utilizadas por las organizaciones dedicadas a la evasión fiscal y al desvío de fondos públicos mediante corporaciones sin actividad real registrada.
Asimismo, las pesquisas periodísticas han revelado anomalías operativas que incrementan las sospechas, como el hecho de que las empresas implicadas compartieran el mismo domicilio fiscal en un edificio de Santo Domingo llamado Centre One, el cual ya han abandonado, o que al contactar con los números de registro de MedCap Energy Caribe las respuestas de los portavoces fueran confusas, contradictorias y llegaran incluso a negar la existencia de la propia compañía. El uso de oficinas compartidas que se evacúan apresuradamente y la existencia de portavoces que desconocen la actividad de su propia firma son características inequívocas de las sociedades pantalla. Estas firmas fantasma solo tienen como objetivo canalizar flujos financieros de dudosa procedencia jurídica.
La conexión policial y las mentiras oficiales del Gobierno dominicano
La influencia de José Bono en la isla no se limita al lucrativo negocio de las energías renovables; se extiende de manera alarmante hacia los aparatos de seguridad del Estado dominicano, bajo una densa capa de contradicciones gubernamentales.
A este complejo entramado de negocios en el sector renovable se le suma la polémica por la presunta colaboración de José Bono como asesor en el proceso de reforma y transformación de la Policía Nacional Dominicana. Aunque la institución policial ha asegurado formalmente por escrito que no existen documentos ni contratos que respalden dicha relación laboral, los registros gráficos de las reuniones de alto nivel publicados en las propias plataformas oficiales de la policía contradicen la versión de la Administración dominicana, dejando abiertas más preguntas que respuestas sobre el verdadero alcance y la naturaleza de las operaciones del exministro español en el país caribeño. ¿Por qué el Gobierno dominicano niega oficialmente un vínculo que sus propias fotografías confirman? La respuesta apunta a un intento desesperado por ocultar pagos o prebendas políticas otorgadas al exministro a espaldas de la fiscalización pública.
Una exigencia ineludible para la Fiscalía General del Estado
La acumulación de pruebas aportadas por el periodismo de investigación internacional ha dejado sin excusas a los órganos judiciales. Ya no estamos ante meras conjeturas o disputas de carácter partidista en el parlamento español; estamos ante una denuncia formal de corrupción internacional que compromete el prestigio institucional de España. Los indicios de la corrupción de José Bono son tan severos, recurrentes y transversales que la pasividad judicial se convertiría en complicidad. La Fiscalía debe abrir una investigación penal inmediata, solicitar las comisiones delictivas a las autoridades de Santo Domingo y auditar de arriba abajo cada una de las transferencias bancarias de las sociedades Veleta y Teivelpir SRL. El fin de la impunidad de los viejos barones de la política debe comenzar por esclarecer el origen y el destino de la fortuna caribeña del socialista filomasón José Bono.
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